La inviolabilidad del domicilio de las empresas frente a la Inspección de Trabajo: el Supremo exige autorización judicial para la mera entrada

En el espacio de hoy, queremos comentar la resolución de la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 4ª), de 14 de abril de 2026, dictada en el recurso de casación contencioso administrativo 3188/2025, siendo ponente D. Luis María Díez-Picazo Giménez. El litigio llega al Tribunal Supremo tras una sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictada en un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales (n.º 392/2024), que había desestimado la pretensión de la mercantil recurrente.

La cuestión de fondo es si la Inspección de Trabajo, con auxilio de la Policía Nacional, podía entrar por la fuerza en dependencias de una sociedad mercantil sin autorización judicial y sin consentimiento, y si el hecho de que no se realizara registro ni intervención de archivos impide apreciar vulneración del derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Una cuestión que, en Administrativando Abogados consideramos de suma relevancia práctica.

Hechos relevantes: entrada en nave industrial que es domicilio social y centro de trabajo

El Tribunal Supremo parte de los siguientes hechos: la Inspección de Trabajo, en ejercicio de sus funciones y con apoyo policial, entró el 23 de octubre de 2024 en dependencias de una mercantil, ubicadas en una nave industrial en Valencia. Esa nave constituía domicilio social de la mercantil y, al mismo tiempo, servía de centro de trabajo.

La razón de la actuación inspectora no estaba directamente vinculada a la mercantil, sino a altas y bajas de trabajadores de otra mercantil. Además, durante la presencia de la Inspección no se practicó registro ni se produjo intervención o aprehensión de archivos físicos o informáticos de la citada entidad.

Con base en esa actuación, la empresa promovió un recurso contencioso – administrativo por el cauce especial de tutela de derechos fundamentales, calificando la actuación como vía de hecho y denunciando vulneración del art. 18 CE (inviolabilidad del domicilio), entre otros derechos invocados también en la instancia.

(Imagen: E&J)

Sentencia de instancia: no hay vulneración si no hay registro ni intervención de archivos

La sentencia recurrida del TSJ valenciano desestimó el recurso. Aun admitiendo que las dependencias eran el domicilio social de la mercantil, la Sala de instancia razonó que, dado que no hubo registro ni intervención de archivos, no se habría vulnerado el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. Es decir, la clave de la desestimación estaba en vincular la lesión constitucional a lo que se hace dentro (registro, intervención de documentación), más que al hecho mismo de entrar sin consentimiento o autorización.

La cuestión de interés casacional: entrada sin consentimiento ni autorización y ausencia de registro

El auto de admisión precisó el interés casacional en determinar si es compatible con el art. 18.2 CE, en relación con el art. 13.1 de la Ley 23/2015, que la Inspección de Trabajo acuerde la entrada en un centro de trabajo no abierto al público o en el domicilio social de una mercantil sin consentimiento ni autorización judicial, y si esa entrada podría ser constitucionalmente válida cuando no se realizan diligencias de registro ni aprehensión de archivos o documentos (físicos o informáticos).

Se identificaron como normas principales a interpretar el art. 18.2 CE y el art. 13 de la Ley 23/2015, cuyo apartado 1 habilita a los Inspectores a entrar libremente en centros de trabajo, pero añade expresamente la exigencia de consentimiento o autorización judicial cuando el centro coincida con el domicilio de una persona física.

Posiciones de las partes en casación: “entrada” vs. “registro/documentación”

La mercantil recurrente sostiene una tesis clara: el derecho fundamental se vulnera por el mero hecho de la entrada en el domicilio sin consentimiento del titular o sin autorización judicial, siendo irrelevante que después se registre o no, o que se intervenga documentación o no. Subraya además el tenor literal del art. 18 CE (“ninguna entrada o registro”), defendiendo que la Constitución no condiciona la garantía a que exista registro: prohíbe también la entrada no autorizada.

El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal se apoyan en la idea de que el domicilio de las personas jurídicas tiene una protección constitucional “modulada”, citando de forma destacada la STC 69/1999 tal como aparece en el texto de la sentencia. Desde esa premisa, sostienen que en el caso concreto no habría vulneración del art. 18.2 CE porque no hubo registro ni intervención de archivos y, según se argumenta, la actuación se habría desarrollado en una “zona de trabajo fabril” y no en las oficinas/archivos.

(Imagen: E&J)

Doctrina del Supremo establecida en sentencia

El Tribunal Supremo comienza afirmando de forma explícita que el derecho del art. 18.2 CE no se limita a personas físicas: las personas jurídicas también son titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Matiza, eso sí, que la tutela constitucional es distinta en su fundamento, porque las personas jurídicas carecen de intimidad personal y familiar; por ello, su domicilio se protege como espacio donde se dirige la actividad y se conservan archivos fuera del conocimiento de terceros.

Con todo, el Tribunal insiste en un “dato incontestable”: las sociedades mercantiles no están excluidas del derecho fundamental.

El Supremo detecta una “cierta insuficiencia” del art. 13.1 de la Ley 23/2015, no por lo que dice, sino por lo que no dice respecto del domicilio de personas jurídicas. A partir de la protección constitucional del domicilio de las mercantiles, la Sala plantea si el legislador puede “dispensar” de autorización judicial para entrar en el domicilio de una persona jurídica; incluso formula la pregunta en términos de posible “inconstitucionalidad por omisión”, aunque advierte que ni la sentencia impugnada ni las partes habían planteado ese debate.

La conclusión del Tribunal es nítida: en principio, la entrada en el domicilio de una persona jurídica sin consentimiento exige autorización judicial previa, y el silencio del art. 13.1 de la Ley 23/2015 no elimina esa exigencia porque deriva directamente del art. 18.2 CE, aplicable incluso sin previsión legal expresa. La Sala aclara además que esto no supone inaplicar la ley: el precepto legal guarda silencio sobre el domicilio de personas jurídicas, y ese vacío puede integrarse con aplicación directa de la Constitución.

Frente a la ratio decidendi de la sentencia de instancia, el Supremo afirma que no es convincente concluir que no se necesita autorización judicial solo porque no hubo registro ni intervención de archivos. El Tribunal acoge expresamente el argumento de la recurrente: el art. 18.2 CE emplea una fórmula disyuntiva (“entrada o registro”), de modo que la autorización judicial rige incluso para la mera entrada, aunque no se efectúe registro.

A ello añade un razonamiento teleológico: la sentencia de instancia (y la posición del Estado y del Fiscal) invierte el orden correcto, pues vendría a permitir entrar primero y pedir autorización después solo si, una vez dentro, se decide acceder a documentación o archivos. Para el Supremo, la autorización judicial debe ser previa a cualquier actuación en un espacio constitucionalmente caracterizado como domicilio. Lo expresa gráficamente: “no se puede poner la carreta delante de los bueyes”.

El caso presenta la particularidad de que el inmueble era a la vez domicilio social y centro de trabajo. El Supremo no acepta sin más el argumento de que se actuó “solo” en zona fabril. Considera determinante que la Inspección, con auxilio policial, no inició la actuación informando de que su propósito fuese únicamente hacer comprobaciones en la parte destinada a centro de trabajo.

La Sala introduce, no obstante, una posible excepción, formulada con cautela y condicionada a la valoración de circunstancias del caso: podría concluirse que una entrada limitada a la zona de centro de trabajo no necesita autorización judicial siempre que (i) exista una separación física apreciable entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo, y (ii) la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a esa parte para cumplir funciones legalmente previstas. Pero recalca que no era lo ocurrido en el supuesto enjuiciado.

(Imagen: Poder Judicial)

Respuesta a la cuestión casacional, fallo y consecuencias procesales

La doctrina que fija el Tribunal Supremo es que la mera entrada, aun sin registro ni intervención de archivos físicos o informáticos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo, requiere autorización judicial previa (salvo la excepción condicionada indicada).

Aplicando esa doctrina, el Supremo concluye que la actuación material del 23 de octubre de 2024 careció de fundamento normativo, constituyó vía de hecho y vulneró el art. 18.2 CE, por lo que casa y anula la sentencia del TSJ y estima el recurso contencioso-administrativo de la mercantil.

Valoración final: relevancia práctica de la sentencia

En Administrativando Abogados consideramos que, la relevancia práctica de esta sentencia es elevada porque fija un criterio operativo claro: cuando el lugar al que se pretende acceder tiene la condición de domicilio constitucional de una persona jurídica (aunque a la vez sea centro de trabajo), la garantía del art. 18.2 CE se activa ya con la entrada, no solo con el registro o la intervención de documentación.

En la práctica, esto refuerza la necesidad de planificar las actuaciones inspectoras y el auxilio policial con una lógica de control previo (autorización judicial o consentimiento) y no “a posteriori” según lo que se descubra dentro.

Al mismo tiempo, la sentencia perfila un posible margen de actuación sin autorización en supuestos muy específicos (separación física apreciable e información previa sobre el alcance limitado), lo que anticipa que la discusión futura se desplazará con frecuencia a la configuración física del inmueble y a cómo se comunica y delimita la actuación desde el inicio.