Expropiaciones y justiprecio del suelo rural: cómo combatir una valoración administrativa incorrecta
Para el abogado, la clave se encuentra en traducir la divergencia económica en motivos jurídicos concretos
(Imagen: E&J)
Expropiaciones y justiprecio del suelo rural: cómo combatir una valoración administrativa incorrecta
Para el abogado, la clave se encuentra en traducir la divergencia económica en motivos jurídicos concretos
(Imagen: E&J)
Las impugnaciones del justiprecio correspondiente a terrenos en situación de suelo rural suelen exteriorizarse como una diferencia entre dos cantidades: la ofrecida por la Administración o fijada por el Jurado de Expropiación y la reclamada por el propietario. Sin embargo, la controversia jurídicamente relevante no reside, al menos de forma principal, en la cifra final, sino en la corrección del método empleado para alcanzarla.
El valor resultante depende de una sucesión de decisiones previas: la identificación de la renta real o potencial, la elección del cultivo o aprovechamiento probable, la determinación de los ingresos y gastos de explotación, el tipo de capitalización, la aplicación del factor de localización y, en las expropiaciones parciales, la valoración del perjuicio ocasionado a la finca restante.
Cada uno de esos elementos debe responder a la realidad concreta del terreno y encontrarse debidamente justificado. Cuando el Jurado selecciona un aprovechamiento que no resulta probable, utiliza datos estadísticos generales sin conectarlos con la finca, omite alguna circunstancia objetiva de localización o responde de manera estereotipada a las objeciones formuladas por la propiedad, la discusión deja de ser meramente técnica. Se convierte en una cuestión de legalidad y de suficiencia de la motivación administrativa.
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