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El fiscal condenado, Teresa Peramato y las conductas ejemplares

Análisis jurídico y ético sobre las declaraciones de la fiscal general Teresa Peramato en torno a la continuidad del exfiscal Álvaro García Ortiz en la carrera tras su condena penal

Sala del TS

(Imagen: E&J)

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El fiscal condenado, Teresa Peramato y las conductas ejemplares

Análisis jurídico y ético sobre las declaraciones de la fiscal general Teresa Peramato en torno a la continuidad del exfiscal Álvaro García Ortiz en la carrera tras su condena penal

Sala del TS

(Imagen: E&J)

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dedicó parte de su intervención al presentar la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en el acto de apertura del año judicial, al ya sentenciado con condena firme, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Peramato entiende que la condena de su antecesor y amigo García Ortiz no le impide continuar actuando como fiscal en los tribunales.

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La Memoria presentada sostiene que la condena penal del anterior fiscal general no implicaba la pérdida de su condición de fiscal de carrera. La sentencia penal se refería exclusivamente a la inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado. Por ello, entiende la Fiscalía que la inhabilitación no afectaría al ejercicio como fiscal, únicamente si así hubiera sido establecido expresamente por el Tribunal Supremo en la sentencia que condenó a García Ortiz.

La sentencia del Tribunal Supremo impuso dos años de inhabilitación al condenado para ser fiscal general, sin efectuar ninguna referencia a su condición de fiscal de carrera, al ejercicio de funciones fiscales o a otros cargos análogos.

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Sin embargo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la pérdida de la condición profesional por condena por delito doloso. Y Álvaro García Ortiz fue condenado por la comisión de un delito de revelación de datos reservados.

En cualquier caso, y respetando todas las posiciones jurídicas, es necesario no olvidar la importancia de las conductas ejemplares de aquellas personas que ejercen cargos cuyas funciones pueden afectar a derechos esenciales de los ciudadanos, como es incluso el derecho a la libertad.

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