Alquileres y 10.000 millones para préstamos: el Gobierno vuelve a aprobar sus decretos de vivienda

El Consejo de Ministros aprobó ayer, martes, dos nuevos reales decretos-ley de vivienda, con 21 medidas, que en palabras del presidente, Pedro Sánchez, «mantienen la esencia» de los que decayeron el pasado viernes en el pleno del Congreso. Para los inquilinos, la clave está en el calendario: una parte llegaría con la publicación en el BOE y otra dependerá de la Diputación Permanente.

G

Agrega

como fuente preferida en Google

Los dos textos sustituyen a los aprobados el 29 de septiembre, que no lograron la convalidación en la Cámara baja. Con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, la convalidación corresponde ahora a la Diputación Permanente, que asume las facultades de las Cámaras disueltas (artículos 78.2 y 86 de la Constitución).

Según el Gobierno, uno de los decretos entraría en vigor con su publicación en el BOE. El otro, el que establece la prórroga automática, lo haría solo después de que la Diputación Permanente lo convalide, si llega a producirse. Sánchez reconoció que hoy no existe mayoría parlamentaria suficiente para convalidar esa segunda norma. Además, ambos decretos siguen sujetos al plazo de treinta días del artículo 86: el que entre con el BOE solo se mantendrá si se convalida.

Los textos aún no se han publicado, así que habrá que comprobar en el BOE cómo queda articulada esa entrada en vigor.

(Imagen: E&J)

Prórroga de contratos y límite de subidas

Uno de los decretos, según la descripción del Consejo de Ministros, prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de los inquilinos que estén al corriente de pago y limita las subidas de la renta. El otro establece la prórroga automática de esos contratos al vencimiento, salvo en determinados supuestos. Si este segundo texto no se convalida, el inquilino no contaría con esa prórroga automática.

El Gobierno habla además de fijar «reglas claras» sobre cuándo se renuevan los contratos, cuándo terminan y en qué casos puede el propietario recuperar la vivienda. Anuncia también la protección de las personas vulnerables sin alternativa habitacional, con garantías adicionales para los pequeños propietarios.

En el plano fiscal, los inquilinos podrían desgravarse en la declaración de la renta parte de lo que pagan de alquiler. El Ejecutivo cifra la deducción en casi 1.000 euros al año para un alquiler de 800 euros mensuales. Los requisitos y los límites no constan en la información oficial y deberán concretarse en el articulado.

Para quienes aspiran a comprar, se crea una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la primera vivienda. Sánchez la justificó porque la entrada de la hipoteca es el mayor obstáculo para la emancipación de los jóvenes.

(Imagen: E&J)

Alquiler de temporada y por habitaciones

Los decretos regulan el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones. La información oficial no detalla en qué consiste esa regulación, por lo que su alcance dependerá del texto del BOE. También obligan a los pisos turísticos «a tributar como lo que son: un negocio».

Para los propietarios

Las medidas tienen otra cara. El Gobierno sostiene que benefician a pequeños propietarios y que solo perjudican a quienes consideran la vivienda un objeto mercantil con el que especular. Entre ellas figuran un incentivo fiscal para quienes alquilen a precios asequibles y la limitación de la compra de vivienda por parte de fondos. Los beneficios fiscales de las Socimi quedan vinculados al alquiler asequible.

Pero el equilibrio depende de detalles que recién se conocerán tras la publicación de las medidas en el BOE: qué precios se consideran asequibles, en qué supuestos podrá recuperar su vivienda el propietario y qué garantías se le ofrecen. Ahí se decidirá si la norma tranquiliza al pequeño arrendador o lo desincentiva.