La excepción a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en el caso de Palestina
Los funcionarios federales, estatales y locales han abusado de su poder y han hecho caso omiso de las protecciones de la Primera Enmienda con el fin de castigar a quienes se atreven a alzar la voz contra las violaciones de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel
(Imagen: E&J)
La excepción a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en el caso de Palestina
Los funcionarios federales, estatales y locales han abusado de su poder y han hecho caso omiso de las protecciones de la Primera Enmienda con el fin de castigar a quienes se atreven a alzar la voz contra las violaciones de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel
(Imagen: E&J)
En virtud de la Primera Enmienda, los gobiernos de Estados Unidos no pueden incurrir en discriminación por motivos de opinión.[1] Tal y como explicó recientemente el Tribunal Supremo, «[e]l criterio para determinar si existe discriminación por motivos de opinión es si… el gobierno ha señalado a un subconjunto de mensajes para tratarlos de forma desfavorable basándose en las opiniones expresadas».[2] Aunque el sistema no siempre funciona a la perfección, históricamente la Primera Enmienda ha servido como un baluarte eficaz contra los intentos flagrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de suprimir las opiniones que no les agradan. Sin embargo, tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, el lobby israelí en Estados Unidos movilizó una campaña multifacética para acabar con el apoyo a los palestinos —a menudo con éxito—, facilitada por sus aliados en el Gobierno.
Cuando, inmediatamente después del 7 de octubre estallaron en los campus universitarios protestas estudiantiles contra el apoyo de Estados Unidos a las acciones israelíes de represalia en Gaza, congresistas como Elise Stefanik y Virginia Foxx comenzaron a citar a los rectores de prestigiosas universidades a audiencias en el Congreso y a reprenderlos por supuestamente permitir la discriminación antisemita en los campus universitarios. Estos funcionarios del Gobierno estaban utilizando como arma la Ley de Derechos Civiles de 1964 para equiparar el discurso crítico con Israel y el sionismo con la discriminación ilegal y, de este modo, alegar que las universidades tenían la obligación legal de prohibir el apoyo manifiesto a los palestinos en los campus universitarios.
...
CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
