Lo que Urda hereda de Adamuz: jueces, plazos, promesas e investigaciones inconclusas
El primer accidente de 2026 sigue sin informe final ni responsabilidades determinadas nueve meses después; el nuevo siniestro vuelve a poner a prueba la seguridad ferroviaria
(Imagen: E&J)
Lo que Urda hereda de Adamuz: jueces, plazos, promesas e investigaciones inconclusas
El primer accidente de 2026 sigue sin informe final ni responsabilidades determinadas nueve meses después; el nuevo siniestro vuelve a poner a prueba la seguridad ferroviaria
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El accidente de Urda (Toledo) es el segundo ferroviario de gran magnitud de 2026 y ocurre en la misma línea que el de Adamuz (Córdoba), la Madrid-Sevilla. Entre ambos suman al menos 114 fallecidos. Y el primero, nueve meses después, sigue sin informe final ni responsabilidades determinadas.
Lo que se sabe de Urda
Hacia las 8:53 del miércoles 28 de octubre, un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un Iryo detenido entre Los Yébenes y Urda. Murieron al menos 68 personas, 24 en el AVE y 44 en el Iryo, según la Junta de Castilla-La Mancha, y 107 heridos permanecen hospitalizados en la región. El presidente Pedro Sánchez habló de un «grave accidente». La alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendida.
Todavía no hay informe técnico. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el sistema de seguridad LZB cayó en un tramo y que el centro de control de Atocha asumió el mando. Calificó de «inexplicable» que ese centro decidiera reanudar la marcha. La Cadena SER difundió audios en los que el centro indica al maquinista reiniciar el LZB y continuar con normalidad. Ninguna de las dos versiones está contrastada por la investigación.
La jueza de Orgaz decretó el secreto de las actuaciones, incautó las cajas negras y encargó a la Policía Judicial recabar datos en el centro de control y los protocolos de circulación del Adif.
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Lo que dejó Adamuz
El 18 de enero, un Iryo descarriló en Adamuz y fue embestido por un Alvia: 46 muertos. La investigación sigue abierta en dos frentes: el judicial, a cargo del Juzgado de Montoro, y el técnico, que inició la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que, según el Gobierno, asumió en julio la nueva Autoridad Administrativa Independiente. No hay una causa oficial única, pero las pesquisas apuntan a la rotura de un carril. El Adif sostiene que cumplió la normativa y que los defectos detectados estaban dentro de los límites. La Fiscalía Europea investiga además un posible fraude de fondos comunitarios en el mantenimiento del tramo.
Puente describió el accidente como «raro y difícil de explicar» y afirmó que debía determinarse si la rotura era «la causa o la consecuencia» del descarrilamiento. En enero, el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, dijo en TVE que en un descarrilamiento interviene siempre «la interacción entre la vía y el vehículo».
Las promesas fueron explícitas. El 23 de enero, desde Bruselas, Sánchez dijo: «asumimos todas las responsabilidades, como estamos haciendo desde el primer momento». Una semana después aseguró que el Estado llegaría «hasta el final» en Adamuz y en el accidente de Gelida (Barcelona).
Las lecciones son sobre todo institucionales. Según el análisis del pliego del contrato de auscultación publicado por The Objective, el Adif tenía la responsabilidad última sobre la supervisión de la vía. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) endureció en abril sus pautas de comunicación en emergencias tras los fallos detectados en Adamuz. Y el Ministerio abrió una consulta pública para ampliar las facultades de inspección de esa agencia.

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Lo que sigue pendiente
Primero, los informes. En Adamuz, la CIAF presentó un avance a los cinco días y un nuevo informe provisional a la jueza el 28 de abril, pero el definitivo no ha llegado. En Urda, el primer avance técnico marcará el ritmo, y está por ver si lo dirigirá la nueva Autoridad.
Segundo, la vía judicial: Montoro, con una querella de la asociación Liberum contra directivos del Adif y de la AESF, y Orgaz, con el secreto de las actuaciones.
Tercero, la reparación. Las víctimas de Adamuz reclaman indemnizaciones, y su asociación acudió a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para pedir más supervisión.
Cuarto, lo prometido. Desde Urda, el día del accidente, Sánchez repitió la fórmula: «vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá«. El balance de Adamuz, sin informe final ni responsables, es el listón con el que se medirá.
Urda llega con una diferencia: ya hay una hipótesis oficial sobre la causa antes de cualquier informe. Cuánto resista, y cuánto tarden las respuestas que Adamuz aún no ha dado, dirá si el primer accidente dejó lecciones aprendidas.

