La inteligencia artificial en el despacho: entre la herramienta y la coartada

Pocas veces una herramienta ha llegado a la abogacía con tanta rapidez y con tan poca reflexión. En apenas unos años la inteligencia artificial generativa ha pasado de ser una curiosidad de congreso a ocupar una pestaña permanente en el ordenador de buena parte de los despachos. La profesión, en cambio, ha avanzado más despacio. Seguimos discutiendo si conviene usarla mientras muchos compañeros ya la usan, a menudo sin saber muy bien cómo y casi nunca con un criterio definido. La pregunta ya no es si la abogacía va a trabajar con inteligencia artificial. La pregunta es si va a hacerlo con rigor o con improvisación. Y en nuestro oficio la improvisación suele terminar mal, generalmente en la sala.

El encargo: de la pregunta apresurada al método

Conviene empezar por desmontar dos mitos opuestos que, curiosamente, conducen al mismo error. El primero es el del oráculo. Según esta versión, la máquina lo sabe todo, redacta mejor que nosotros y basta con pedirle el escrito para tenerlo listo. El segundo es el del escéptico de despacho, que prueba la herramienta una tarde, le pide «un recurso contra una sanción», recibe tres folios genéricos y concluye con solemnidad que todo esto está sobrevalorado. Los dos se equivocan por la misma razón: tratan a la inteligencia artificial como si fuera un sustituto del abogado, cuando en realidad es una herramienta al servicio de su criterio. Y una herramienta rinde lo que rinde quien la maneja. Un abogado sin criterio es sinónimo de una máquina sin rumbo.

La experiencia, la mía y la de mis alumnos, enseña que la calidad del resultado depende casi por completo de la calidad del encargo. Nadie le encargaría una demanda a un colaborador recién incorporado sin explicarle antes el asunto, el cliente, el órgano judicial, la estrategia y el plazo. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cuando escribimos una línea apresurada en una ventana de chat y esperamos un escrito de calidad. La inteligencia artificial se parece mucho más a ese colaborador brillante que no conoce el asunto que a un jurista experimentado. Tiene una memoria descomunal, una capacidad de redacción notable y un defecto peligroso: nunca contesta «no lo sé». Cuando le faltan datos, los rellena. Por eso una de las instrucciones más útiles, y menos utilizadas, es también la más sencilla: pedirle expresamente que pregunte lo que no sepa antes de redactar. Con eso deja de inventar y empieza a trabajar como trabajaría un buen pasante.

Hay un segundo error de método, más sutil, que consiste en pedir el resultado final demasiado pronto. El escrito procesal es la última fase de un trabajo intelectual que empieza mucho antes, con el análisis de la resolución, la identificación de sus puntos débiles, la jerarquización de los motivos y la anticipación de lo que alegará la parte contraria. Es en esas fases previas donde la herramienta aporta más valor. Pedirle que examine una resolución administrativa y señale sus vicios de motivación, que ordene los argumentos por su solidez o que adopte el papel del letrado contrario y ataque nuestro propio planteamiento convierte la inteligencia artificial en lo que debería ser: un interlocutor exigente que nos obliga a pensar mejor. Pocos compañeros nos dirán con tanta franqueza dónde flojea un escrito. La máquina lo hará si se le pide, sin susceptibilidades y sin minuta.

El Reglamento de IA impulsa una supervisión ética de la inteligencia artificial. (Imagen: E&J)

La firma: verificación, secreto y responsabilidad

Ahora bien, todo lo anterior carece de valor si no se resuelve antes el problema más grave que plantea el uso de estas herramientas en la práctica forense: la fabricación de fuentes. Los modelos de lenguaje generalistas están diseñados para producir textos verosímiles, no necesariamente verdaderos. De ahí su conocida tendencia a citar sentencias con número, fecha, sala e incluso un fragmento entrecomillado, todo ello con apariencia impecable y sin correspondencia con la realidad. Tribunales de distintos países, también españoles, han tenido ya que enfrentarse a escritos con referencias jurisprudenciales inexistentes generadas de este modo. El fenómeno ha dejado de ser una anécdota y se ha convertido en un riesgo profesional real.

Y aquí no hay matiz técnico que valga, porque la cuestión es estrictamente deontológica. El escrito lo firma el abogado, y con su firma asume la veracidad de lo que afirma ante el órgano judicial y la diligencia que debe a su cliente. Ningún tribunal aceptará como explicación que la cita la proporcionó una máquina, del mismo modo que nunca aceptó que la proporcionó el pasante. La responsabilidad no se delega en el software. Por eso la única regla sensata es también la más incómoda: toda cita jurisprudencial o normativa obtenida mediante inteligencia artificial debe comprobarse en la fuente oficial antes de incorporarse a un escrito. El CENDOJ para la jurisprudencia y el BOE o el diario oficial que corresponda para las normas. No cuando haya tiempo, sino siempre. Y con especial cuidado cuando el plazo vence al día siguiente, que es precisamente cuando la tentación de confiar resulta mayor. Hay además un riesgo más insidioso que la cita inventada: la cita real a la que se atribuye un contenido que no tiene. La primera se detecta al buscarla. La segunda solo se detecta leyéndola.

De lo anterior se deriva una consecuencia práctica que conviene asumir cuanto antes. No todas las herramientas sirven para todo. Los asistentes generalistas son excelentes para estructurar, resumir un expediente voluminoso, revisar la claridad de un texto o preparar un interrogatorio. Para la investigación jurisprudencial, en cambio, deben utilizarse sistemas que trabajen sobre bases documentales jurídicas verificables y que permitan acceder a la resolución de la que procede cada afirmación. Confundir ambos planos es, sencillamente, una negligencia con apariencia de modernidad.

(Imagen: E&J)

No puede olvidarse tampoco el marco en el que todo esto se produce. El deber de secreto profesional que impone el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se suspende porque la herramienta sea novedosa, y la normativa de protección de datos sigue plenamente vigente cuando el documento se introduce en una plataforma ajena. A ello se suma un Reglamento europeo de inteligencia artificial que irá exigiendo, cada vez con más intensidad, transparencia y control humano en los usos de estas tecnologías. El abogado que utiliza inteligencia artificial sin preguntarse dónde van los datos de su cliente no está innovando. Está asumiendo un riesgo que no le corresponde asumir.

Nada de lo dicho debe leerse como una invitación a la desconfianza. Al contrario. Bien utilizada, la inteligencia artificial libera al abogado de una parte considerable del trabajo mecánico: la primera versión, el resumen de doscientos folios, el cuadro de plazos o la revisión formal. Le devuelve así el tiempo para lo que ninguna máquina puede hacer por él: conocer al cliente, interpretar al órgano que va a resolver, intuir cuándo conviene negociar y construir una argumentación que convenza. La herramienta no ejerce el criterio, pero puede proporcionar las condiciones para ejercerlo mejor.

La inteligencia artificial no va a sustituir a los abogados. Lo que sí hará, y más pronto de lo que algunos creen, es separar a los que la utilizan con método de los que la utilizan como coartada. Los primeros ganarán tiempo, calidad y competitividad. Los segundos descubrirán, quizá en una vista, que la firma al pie del escrito sigue siendo suya. Siempre lo fue.