DNI en el móvil y censo electoral: dos nuevos recursos ponen al Supremo contra el reloj del 29N
Iustitia Europa impugna ante el Tribunal Supremo dos acuerdos de la JEC sobre la identificación con MiDNI y el traslado de votantes al censo de residentes.
(Imagen: E&J)
DNI en el móvil y censo electoral: dos nuevos recursos ponen al Supremo contra el reloj del 29N
Iustitia Europa impugna ante el Tribunal Supremo dos acuerdos de la JEC sobre la identificación con MiDNI y el traslado de votantes al censo de residentes.
(Imagen: E&J)
El Tribunal Supremo sigue sin resolver la petición de suspender los efectos electorales de 189.678 inscripciones de nacionalidad del Anexo III de la ley de nietos, una cifra que aporta Iustitia Europa con datos a 31 de julio. A tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el tribunal rechazó a finales de octubre adoptar la medida sin oír antes a las partes y abrió un plazo de alegaciones. Entretanto, la formación abre otros dos frentes: los nacionalizados que han pasado al censo de residentes en España y el uso del DNI digital para identificar a los votantes.
El 27 de octubre, Iustitia Europa solicitó a la Sala Tercera medidas cautelarísimas sobre las inscripciones del Anexo III, que corresponde a los hijos mayores de edad de los nacionalizados. La petición no busca impedir el voto: pide que las papeletas se reciban, permanezcan separadas y bajo custodia, y que no se incorporen al escrutinio hasta identificar a los electores. La propia formación admite que falta determinar cuántos de esos nacionalizados figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del 29N.
El 30 de octubre se conoció que el Supremo rechazó adoptar la medida inaudita parte y dio un plazo de «tres días comunes» para las alegaciones. La Abogacía del Estado se opuso en sus alegaciones, conocidas el 3 de noviembre: sostiene que no existe sentencia firme que acredite irregularidades en las nacionalidades y advierte de que suspender ese voto podría afectar al escrutinio por sufragios «emitidos pero pendientes de computar». Hasta el cierre de esta nota no consta resolución.
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Las cautelares que ya están en vigor
Conviene no confundir los colectivos. Las cautelares vigentes, fijadas en autos del 10 de septiembre, el 12 y el 23 de octubre, afectan a los nacionalizados del Anexo I inscritos en el CERA: 163.020 electores según la Abogacía del Estado, salvo que los consulados certifiquen que cumplieron los requisitos.
El Supremo las adoptó en septiembre con el criterio en contra del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central (JEC), y con un voto particular entre los seis magistrados de la Sección Cuarta. El 12 de octubre desestimó el recurso de reposición de la Abogacía.
Primer frente: del CERA al censo de residentes
Iustitia Europa recurrió el acuerdo de la JEC del 5 de noviembre, que remitió la cuestión a los procedimientos judiciales pendientes sin resolver materialmente las comprobaciones solicitadas, según la formación. Quiere que la suspensión alcance a los nacionalizados que pasaron del CERA al Censo Electoral de Residentes en España (CER) y a determinadas inscripciones derivadas del Anexo III.
El Supremo ya había dejado fuera esas cuestiones del recurso 1013/2026 a finales de octubre, por exceder su objeto. No ha trascendido cuántos nacionalizados sujetos a las medidas han hecho ese cambio de censo.
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Segundo frente: el DNI digital en las mesas
El segundo recurso impugna el acuerdo de la JEC que levantó la suspensión de MiDNI como medio de identificación en las mesas del 29N, tras recibir garantías del Ministerio del Interior sobre la disponibilidad de lectores QR. La aplicación MiDGT sigue suspendida.
Iustitia Europa sostiene que tener lectores no equivale a tener un protocolo y pregunta quién decide en la mesa, y con qué instrucciones, cuando la verificación no se complete. «Pero un lector no es un protocolo electoral», resume su presidente, Luis María Pardo.
Un calendario ajustado
Ambos recursos se presentaron esta semana, con solicitud de cautelarísimas inaudita parte, la misma vía que el Supremo desestimó para el Anexo III. La formación defiende la urgencia con un argumento procesal: una sentencia favorable llegaría tarde si el voto ya se ha celebrado. «Las elecciones se protegen antes de abrir las urnas. Después puede ser demasiado tarde», afirma Pardo.
Queda por ver si la Sala amplía su línea del Anexo I a los hijos de los nacionalizados, al censo de residentes o a la identificación digital, o si la mantiene como está antes de que se abran las urnas.
