Le multaron con 60.001 euros por un piso anunciado en Airbnb, pero fallaron al notificarle: nula la sanción
El TSJ de Cataluña anula la multa de Ciutat Vella por defectos en las notificaciones, sin entrar a decidir si hubo actividad turística
(Imagen: E&J)
Le multaron con 60.001 euros por un piso anunciado en Airbnb, pero fallaron al notificarle: nula la sanción
El TSJ de Cataluña anula la multa de Ciutat Vella por defectos en las notificaciones, sin entrar a decidir si hubo actividad turística
(Imagen: E&J)
Un ciudadano abrió el buzón de su casa a principios de agosto de 2023 y, según relata en su recurso, encontró una providencia de apremio del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona. Le reclamaba más de 66.000 euros: una multa de 60.001 euros más intereses. La sanción, según la resolución que describe la sentencia, castigaba una vivienda de uso turístico sin licencia en Ciutat Vella, anunciada en Airbnb. Él sostiene que nunca supo que existía ese expediente.
Más de tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón en lo esencial. La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, declara la nulidad de pleno derecho de la sanción porque el Ayuntamiento no acreditó haber practicado correctamente ninguna de las notificaciones del expediente.
La resolución sancionadora la dictó el 10 de marzo de 2023 el regidor del distrito. Mientras el expediente avanzaba, el afectado estaba al margen. La incoación, la propuesta de resolución y la propia sanción se intentaron notificar en dos domicilios distintos, con resultados de «desconocido» o «ausente». En los casos de ausencia, constaba marcada con una X la casilla de aviso depositado en el buzón. Después llegaron los edictos. Sin una notificación válida, no pudo presentar alegaciones ni recurrir.
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El silencio y el Juzgado
Tras recibir el apremio, pidió copia del expediente y, el 7 de septiembre de 2023, presentó dos peticiones a la vez: la revisión de oficio de la sanción, por nulidad de pleno derecho, y un recurso extraordinario de revisión. El Ayuntamiento no contestó, aunque, recuerda la Sala, estaba obligado a dictar resolución expresa y motivada según el artículo 21 de la Ley 39/2015, y la inadmisión no procedía porque la petición no carecía manifiestamente de fundamento.
El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona desestimó su recurso el 7 de abril de 2025, con costas. Entendió que mezclaba ambas figuras y examinó solo el recurso extraordinario, que únicamente admite los supuestos que enumera el artículo 125, entre los que no encajaban unos vicios de notificación.
El TSJ corrige. Aprecia incongruencia omisiva: la revisión de oficio y el recurso extraordinario son vías distintas y no incompatibles, y pueden instarse a la vez. Al ignorar la primera, el Juzgado dejó sin respuesta una de las pretensiones.
Qué exige la Sala al aviso del buzón
El Ayuntamiento defendió que las notificaciones las hizo un empleado municipal, que sus justificantes gozan de presunción de veracidad y que en todas se dejó aviso en el buzón. Añadió que las exigencias del reglamento postal se refieren al operador del servicio postal universal, no a un empleado del propio consistorio. La Sala recuerda que, según el Supremo, la notificación en papel por entrega directa de un empleado público queda sujeta al artículo 42 de la Ley 39/2015: debe constar el intento, con día y hora, y repetirse una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes.
Sobre el aviso de llegada, la carga de la prueba corresponde a la Administración. La Sala, apoyándose en doctrina del Supremo sobre notificaciones tributarias, sostiene que no basta con marcar una casilla: debe constar también la dependencia y el plazo de permanencia en lista. Aquí no se propuso prueba alguna sobre esos extremos, se desconoce incluso el modelo de aviso que se dice depositado y los justificantes no identifican al empleado ni llevan sello de oficina. El Supremo considera la notificación edictal una ficción legal, de ahí que deban extremarse las garantías sobre los intentos fallidos previos.
El resultado es indefensión material y, con ella, la causa de nulidad del artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015.
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Lo que la sentencia no resuelve
La Sala no ordena retrotraer el expediente a la vía administrativa para tramitar la revisión: declara directamente la nulidad. Se apoya en una sentencia del Supremo que rechaza una respuesta taxativa y remite a las circunstancias de cada caso.
Con todo, es una estimación parcial. La sentencia no entra en el fondo: no dice si hubo o no actividad turística ilegal. El recurrente sostenía que la única prueba era el anuncio y que había alquilado en ocasiones por estancias superiores a 32 días, pero la Sala resuelve por el vicio de notificación. Tampoco anula la providencia de apremio, que no era objeto del recurso: pedirlo en la demanda fue una desviación procesal. No hay costas en ninguna instancia y cabe recurso de casación en treinta días hábiles.
Para los ayuntamientos, el mensaje es que una X en una casilla no basta cuando la notificación en papel acaba en edictos. Para los ciudadanos, que un apremio en el buzón no cierra la puerta de la revisión de oficio, aunque esta vía es restrictiva y solo prospera si concurre una causa de nulidad plena.
