Un notario en la radio: el programa deportivo al que le sacaron la tarjeta roja a los diez minutos

Eran las 19:04 del 23 de febrero de 2022 cuando un periodista deportivo abrió el micrófono de Radio Kanal Barcelona (RKB) para empezar «Sin Concesiones», el programa que presentaba de lunes a viernes. Habló diez minutos. Entró la publicidad y ya no volvió al aire. Según el relato de los demandantes que recoge la sentencia, un compañero de la radio lo había llamado antes para decirle que no fuera, porque no le iban a dejar hacer el programa. Fue de todos modos, acompañado de un notario. La emisora, por su parte, no había advertido con antelación de la cancelación.

Más de cuatro años después, la Audiencia Provincial de Barcelona le ha dado la razón. La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), con José Luis Valdivieso Polaino como ponente, revoca el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4, que había rechazado toda la demanda. Condena a AMG Holding 2007, gestora de la emisora, a pagar 30.356 euros a la productora, Tantimer 21, y 10.000 euros al presentador, con intereses legales desde la demanda y sin costas en ninguna de las dos instancias.

Un contrato sin firma y sin plazo

La relación venía de 2014, cuando Marosmar Spot, la productora de entonces, firmó con la emisora un contrato por escrito que vencía el 15 de julio de 2015. En la práctica siguió hasta 2022. Marosmar se disolvió en 2017 y Tantimer 21, de la que el periodista era administrador y socio único, ocupó su lugar. Pagaba una cantidad mensual a AMG, le permitía incluir seis cuñas en cada programa y recibía las facturas a su nombre. El Juzgado entendió que Tantimer no podía reclamar porque nunca sucedió formalmente a Marosmar. La Audiencia lo rechaza: «los contratos no consisten solo en documentos», y el consentimiento puede darse mediante actos concluyentes.

(Imagen: E&J)

Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER

⚠ Por favor, introduce un correo válido.

AMG sostuvo que se trataba de un arrendamiento de local, con los artículos 1566 y 1581 del Código Civil, de modo que solo cabía reclamar por los cuatro días de emisión que quedaban de febrero. La Sala lo descarta. La emisora prestaba un servicio, que consistía en emitir el programa con sus equipos, y «una emisora es algo complejo, no es un local». Lo califica de arrendamiento de servicios o, como mínimo, de contrato mixto. Sin plazo pactado, podía resolverse en cualquier momento, pero no de forma abusiva.

Facturas, Facebook y seis meses de preaviso

La radio alegó el impago de las facturas de enero y febrero de 2022, de 705 euros más IVA cada una. La Sala lo rechaza: las había enviado el 25 de enero y el 11 de febrero, aunque el contrato de 2014 preveía pagarlas por adelantado el día 1 de cada mes, y no consta queja ni reclamación previa. Además, un comunicado difundido en Facebook en nombre de la Associació d’Amics de la Ràdio del Barcelonés Nord atribuía el final de la relación a las informaciones sobre los vínculos económicos de los demandantes con el FC Barcelona. La Sala examinó las grabaciones y no vio en ellas nada que justificara romper la relación.

Tras más de siete años de colaboración, la buena fe exigía un aviso con antelación. Sin prueba de usos en el sector, la Sala fija seis meses «conforme a su propio criterio» y admite: «Podemos equivocarnos, como es obvio». La indemnización equivale a seis meses de beneficio: la mitad de los 60.711,95 euros anuales que cifraba el perito de los demandantes. Rechaza los cinco años de beneficio, 303.559,70 euros, que reclamaba la productora, porque un contrato indefinido no obliga a pagar el valor de la empresa.

(Imagen: E&J)

El micrófono cortado

Lo más singular está en los 10.000 euros del periodista, que reclamaba 70.000. La Sala distingue entre no dejarle empezar, que habría sido solo falta de preaviso, y cortarle cuando ya hablaba. Lo ocurrido fue «un periodista hablando al que se le impide seguir haciéndolo, cuando se había permitido el inicio de un programa que duraba usualmente unas dos horas». Admite que quizá no hubiera intención de vulnerar derechos, pero desde el punto de vista objetivo se impidió seguir hablando, salvo que en esos diez minutos se hubieran dicho cosas inadmisibles, algo que no se alegó. La cantidad «no debe ser una cantidad meramente simbólica», pero no sube más porque no consta qué trascendencia tendría lo que el periodista quiso decir y no pudo.

No era la primera vez. En 2003, el mismo programa fue retirado de Radio Estel tras unas declaraciones del presentador, y la misma Sección apreció en 2006 una resolución unilateral arbitraria. Entonces había plazo pactado y la indemnización se calculó sobre el 20% de los ingresos brutos de los dos años que faltaban. Ahora no lo había.

La sentencia admite recurso de casación por interés casacional, en el plazo de veinte días.