Una cabalgata de Reyes y unas fiestas terminan en un veto de tres años a una contratista de Barcelona
El TSJC no levanta, de momento, la prohibición de contratar con el Ayuntamiento y la empresa deberá pagar 500 euros en costas
(Imagen: RTVE)
Una cabalgata de Reyes y unas fiestas terminan en un veto de tres años a una contratista de Barcelona
El TSJC no levanta, de momento, la prohibición de contratar con el Ayuntamiento y la empresa deberá pagar 500 euros en costas
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Una fiesta popular, una cabalgata de Reyes y una multitud en la que, según el Ayuntamiento, abundan los menores. Ese es el telón de fondo de la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene, de momento, el veto que el Ayuntamiento de Barcelona impuso a la empresa Stride Services, S.L. para contratar con su sector público durante tres años.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso de apelación de la compañía contra el auto que le negó la suspensión cautelar de esa prohibición de contratar. La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) tiene como ponente a Santiago Alejandro García Navarro.
La prohibición fue declarada por la Gerente Municipal el 23 de septiembre de 2025 y confirmada en alzada, el 23 de enero de 2026, por el Tercer Teniente de Alcalde. Dura tres años desde su inscripción en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras y Clasificadas. La empresa la recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa y pidió suspenderla mientras se tramita el proceso. El Auto 122/2026, de 7 de mayo, del Tribunal de Instancia de Barcelona, rechazó la petición y ahora la Sala lo confirma.
La seguridad de los asistentes
El Ayuntamiento defendió que el interés público en juego era especialmente intenso. Las actividades a las que se refiere eran de control de acceso, auxiliares de tránsito y coordinadores para los correcalles de la Fiesta Mayor del Poblenou, en septiembre de 2024, y para la cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2025. Según la sentencia, la Administración recordó que son actos en los que se congrega una gran cantidad de población, «sobre todo menores de edad», y en los que la seguridad debe estar «totalmente garantizada». Añadió que no importa si llegaron a producirse avalanchas o incidentes con heridos, sino que los incumplimientos del contratista generaron situaciones de riesgo.
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(Imagen: E&J)
La Sala hace suya esa ponderación. Recuerda que el Consistorio ya argumentó en la instancia que hubo dos incumplimientos que pusieron en riesgo la seguridad de las personas y concluye que debe prevalecer el recto cumplimiento en materia de contratación pública, que afecta al interés general, por encima del mero interés económico de la recurrente.
Un perjuicio sin pruebas
El segundo pilar de la decisión es la prueba. Según la doctrina que cita el tribunal, quien pide la suspensión debe acreditar que la ejecución del acto priva al recurso de su finalidad, sin que baste una invocación genérica. Stride Services alegaba perjuicios estructurales, competitivos, reputacionales y laborales, además del riesgo de que se resolvieran contratos vigentes. La Sala los califica de meras hipótesis: no se aportó documento que avale la exclusión de licitaciones, ni resolución administrativa que resuelva un contrato en vigor, ni informe de vida laboral que permita conocer cuántos empleados dependen de esos contratos. La Administración añadió que la empresa no aportó los contratos de trabajo y solo presentó cuadrantes de servicios de 2025, que a su juicio nada acreditan.
En 2025 la empresa facturó 2.283.206,17 euros, IVA incluido, y solo dos contratos, por 322.536,12 euros, correspondían al Ayuntamiento de Barcelona: alrededor del 14% de sus ingresos. Como la prohibición alcanza únicamente al sector público de ese consistorio, nada impide a la compañía seguir contratando con otras administraciones. Los daños económicos, añade la Sala, son reparables y resarcibles: las indemnizaciones por despidos pueden cuantificarse y las inversiones en equipos y sistemas sirven para otros contratos.
(Imagen: E&J)
Una medida «de carácter positivo»
La Sala sostiene además que la suspensión pedida es una medida de carácter positivo. El acto impugnado es negativo, porque prohíbe contratar, pero suspenderlo permitiría a la empresa contratar con el Ayuntamiento, lo que equivaldría a adelantar el posible fallo de la sentencia. Sobre la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), recuerda que se aplica con prudencia y solo en supuestos como actos dictados en aplicación de una disposición general nula, sentencias que anulen la misma actividad o una jurisprudencia reiterada frente a la que la Administración opone resistencia contumaz. Ninguno concurre aquí.
Los argumentos de la empresa sobre la falta de acreditación de los presupuestos legales, la insuficiente motivación y la ausencia de ponderación de la duración y el alcance de la prohibición quedan para el proceso principal: examinarlos ahora, advierte la Sala, supondría prejuzgar el fondo.
Lo que viene
La empresa deberá pagar 500 euros en costas. Cabe recurso de casación, que debe prepararse ante la misma Sección en treinta días, con un depósito de 50 euros. Mientras tanto, el veto sigue en pie y su legalidad se decidirá en el recurso principal.
La sentencia deja una lección práctica para las empresas que contratan con la Administración: para frenar una prohibición de contratar no basta con describir daños posibles; hay que acompañarlos de cuentas, contratos y resoluciones que permitan medirlos.
