Condenado a cinco años de prisión un agente inmobiliario que se apropió de más de 53.000 euros
El acusado se quedó con arras de tres compraventas y falsificó un contrato
(Imagen: E&J)
Condenado a cinco años de prisión un agente inmobiliario que se apropió de más de 53.000 euros
El acusado se quedó con arras de tres compraventas y falsificó un contrato
(Imagen: E&J)
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de cinco años de prisión para un agente inmobiliario que se quedó con el dinero que varios compradores de viviendas habían entregado a su agencia en concepto de arras o reserva. La Sala de lo Penal también ha impuesto al condenado la obligación de indemnizar a los afectados con cantidades que van de 3.000 a 20.000 euros.
Tres operaciones con un mismo patrón
Según consta en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), el acusado trabajaba como agente inmobiliario a través de una inmobiliaria de la que era administrador único.
La primera operación en la que se apropió del dinero de sus clientes fue en 2023, cuando tres hermanos vendían una vivienda en Lodosa. Los compradores ingresaron en la cuenta de la inmobiliaria 21.000 euros de arras, sin embargo, el agente entregó a los vendedores otro contrato de arras diferente en el que se fijaba la cantidad en 14.000 euros y que llevaba la firma de los compradores, pese a que estos nunca lo firmaron. La discrepancia afloró al firmar la escritura, cuando los vendedores vieron que figuraban 21.000 euros entregados a cuenta. El agente les dijo que se trataba de un error y les convenció firmando tres documentos de autoliquidación por los que se comprometía a pagar 7.000 euros a cada uno, pero nunca lo hizo.
En la segunda operación, en 2024, consistente en la venta de una vivienda y una bajera en Viana gestionada por una apoderada de los cuatro propietarios, los compradores transfirieron a la agencia 12.360 euros. El día de la escritura, el agente entregó a cada vendedor un documento de liquidación de deuda por 3.090 euros para asegurar la firma, sin intención alguna de pagar.
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Por último, la tercera operación afectó a un hombre que necesitaba una casa donde vivir. La víctima firmó en junio una reserva sobre una vivienda en Lodosa y pagó 20.000 euros en dos entregas, de 13.000 y 7.000 euros. Como esa vivienda no estaba disponible con precio aplazado ni en alquiler con opción a compra, el agente le ofreció otra en Sartaguda y le convenció para firmar un arrendamiento con opción de compra, asegurándole que los 20.000 euros se aplicarían a la operación y que él mismo los entregaría al propietario, pero tampoco lo hizo.

(Imagen: E&J)
Por los hechos descritos la Audiencia Provincial de Navarra condenó al acusado a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de falsedad en documento privado y otro de apropiación indebida, con la agravante de reincidencia: los hechos probados recogen seis condenas anteriores por apropiación indebida.
Asimismo, se le impuso una multa de aproximadamente 900 euros e inhabilitación especial para la venta de inmuebles y la administración de fincas. No obstante, el tribunal le absolvió de falsedad en documento mercantil y de estafa.
En cuanto a responsabilidad civil, el agente inmobiliario fue condenado a abonar 7.000 euros a cada uno de los tres vendedores de Lodosa, 3.090 euros a cada uno de los cuatro propietarios de Viana o a sus herederos y 20.000 euros al cliente de Sartaguda, con intereses legales.
El condenado recurrió la sentencia en apelación, alegando dos cosas: que se le había negado una prueba psiquiátrica sobre la salud mental y la drogodependencia; y que en la tercera operación el cliente no había sufrido daño alguno porque vivía como inquilino en la casa que quería comprar.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra ha rechazado ambos argumentos y ha desestimado el recurso de apelación. En consecuencia, la Sala confirma la resolución recurrida en todos sus términos.

(Imagen: E&J)
Respecto a la prueba psiquiátrica, el TSJ afirma que una prueba denegada en el juicio no provoca por sí sola la nulidad, porque la ley permite volver a pedirla en la apelación. La defensa lo hizo, solicitó los informes de salud mental y una pericial psiquiátrica, pero la Sala inadmitió ambas pruebas y desestimó la súplica. Por lo que al haberse pedido y resuelto esa solicitud no hubo indefensión, señalan los magistrados.
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal destaca que el recurso no discute la falsedad del contrato de arras ni que el agente cobrara y retuviera el dinero de las ventas de Lodosa y Viana. Por tanto, toda la impugnación se centraba en el cliente de Sartaguda.
A este respecto, la Sala señala que el hecho de que el alquiler siga su curso es irrelevante: el agente recibió el dinero para un destino concreto, no lo devolvió ni lo entregó al propietario y lo hizo suyo durante casi tres años hasta el juicio. Ese perjuicio es, según la sentencia, tan obvio que no necesita más explicación. Además, los magistrados añaden que se alcanzó el punto sin retorno que separa un simple retraso de la apropiación delictiva en las tres operaciones, no solo en la discutida.

