Una familia pagó 28.455 euros en intereses por 31.500 que recibió, pero la usura fue más allá
El contrato decía 46.300 euros, pero 14.800 se quedaron en comisiones, intermediarias y una retención sin justificar: la Audiencia Provincial de Vizcaya anula la hipoteca y la ejecución
(Imagen: E&J)
Una familia pagó 28.455 euros en intereses por 31.500 que recibió, pero la usura fue más allá
El contrato decía 46.300 euros, pero 14.800 se quedaron en comisiones, intermediarias y una retención sin justificar: la Audiencia Provincial de Vizcaya anula la hipoteca y la ejecución
(Imagen: E&J)
Pidieron dinero con la casa de los padres como garantía y recibieron bastante menos de lo que firmaron. Al vencer el plazo, llegó la ejecución hipotecaria sobre su vivienda. Ahora, la Justicia les ha dado la razón.
La madre es ama de casa. El padre, pensionista. La hija trabaja en servicios de limpieza. En febrero de 2019 los tres firmaron con Grupo Inverprestamo, S.L., un préstamo hipotecario de 46.300 euros garantizado con la vivienda de los padres en Barakaldo. La escritura decía 46.300; a la cuenta de la hija llegaron 31.500. Más de siete años después, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha declarado el contrato nulo por usura, ha anulado la hipoteca y ha declarado nula la ejecución que amenazaba la casa.
Las condiciones eran duras. El interés nominal era del 12,5% anual (TAE del 16,38%), cuando, según datos del Banco de España que recoge la sentencia, las hipotecas rondaban el 2%. Durante cinco años solo se pagaban intereses, 482,29 euros al mes, y la última cuota, de unos 46.800 euros, devolvía el capital entero. Para un ama de casa, un pensionista y una trabajadora de la limpieza, dice la Audiencia, era un importe inalcanzable. La casa estaba tasada en 132.598 euros, pero el tipo de subasta se fijó en 99.500, algo que el tribunal considera desproporcionado y favorecedor de su venta.
Los 14.800 euros que no llegaron
El núcleo del caso está en el desglose de la escritura. De los 46.300 euros, 5.028 se retuvieron para la comisión de apertura (2.778 euros, el 6% del capital) y los gastos de formalización (2.250). Otros 3.350 y 4.422 euros fueron a dos sociedades por «intermediación financiera». Y 2.000 euros se retuvieron para cancelar cargas previas de la finca. En total, el 32% del capital no pasó por manos de la familia.
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La Audiencia no acepta ninguna partida. La comisión del 6% es, según la jurisprudencia, excesiva, y las razones genéricas del contrato no la explican. Sobre los gastos de formalización, el propio prestamista admitió que no conservaba justificantes. Las dos intermediarias cobraron por servicios parecidos a los que ya remuneraba la comisión, y los documentos que las respaldan (la supuesta orden de la familia y las facturas) tienen una similitud tipográfica que lleva al tribunal a concluir que los redactó la misma persona en una operación común. Tampoco consta que los 2.000 euros sirvieran para cancelar cargas. Y la oferta vinculante no se entregó quince días antes, como alegaba el prestamista: el tribunal subraya que lleva la fecha de la firma.
Usura sin mirar el interés
La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) no se apoya en el tipo de interés, sino en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Azcárate de 1908, que anula el contrato en que «se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada». Aplica la doctrina del llamado préstamo falsificado de la STS 302/2020: el desglose enmascara que lo entregado es inferior a lo prestado. A ello suma la situación de los prestatarios. El préstamo, afirma, «solo se explica» por su situación angustiosa, y lo califica de leonino.
Días después de la firma, Grupo Inverprestamo cedió el crédito a un particular. En 2024, el cesionario pidió la ejecución hipotecaria por 48.497,66 euros, más 14.549 para intereses y costas. La sociedad alegó que, al no ser ya acreedora, no podía ser demandada. La Audiencia lo rechaza con base en la STS 88/2024: la nulidad puede oponerse al cesionario, pero el cedente puede ser demandado cuando el prestatario aspira a recuperar un exceso.

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Qué cambia para la familia
La Audiencia estima el recurso de apelación, pero solo para corregir la restitución. Conforme al artículo 3 de la ley, el prestatario solo debe devolver lo recibido, 31.500 euros, y el prestamista reintegra lo que se haya pagado de más. Con las 59 cuotas de intereses ya abonadas (28.455,11 euros), el tribunal señala que lo satisfecho prácticamente alcanza el capital realmente entregado. La cifra exacta se fijará en ejecución de sentencia.
Además, declara de oficio la nulidad de la hipoteca, que se cancelará en el Registro, y la de los procedimientos de ejecución. Mantiene la condena en costas de primera instancia al prestamista y no impone las de la apelación. Cabe recurso de casación en veinte días hábiles.


