El ICAM alerta de un patrón estructural de demoras judiciales que tensiona el ejercicio profesional
El informe anual del ICAM evidencia demoras estructurales, esperas prolongadas y suspensiones reiteradas en los juzgados madrileños
El ICAM alerta de un patrón estructural de demoras judiciales que tensiona el ejercicio profesional
El informe anual del ICAM evidencia demoras estructurales, esperas prolongadas y suspensiones reiteradas en los juzgados madrileños
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha comunicado en 2025 un total de 187 incidencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ de Madrid) por dilaciones, retrasos, suspensiones y problemas de acceso a sistemas, según el Informe Estadístico Anual del área de Defensa de la Abogacía.
El dato no responde a episodios aislados, sino a lo que el Colegio califica como un patrón sostenido y estructural: 86 dilaciones (45,5%), 56 retrasos (25,7%), 49 suspensiones (26,2%) y un 2,1% de incidencias tecnológicas vinculadas al acceso a Horus.
Dilaciones que superan el año y riesgo de cronificación
Las dilaciones —demoras en procedimientos en curso con resoluciones pendientes o señalamientos aplazados— representan casi la mitad de las incidencias. Según el informe, muchas superan el año y, en algunos casos, alcanzan hasta dos años y medio sin resolución efectiva.
El impacto es especialmente relevante en el orden civil (56%), seguido del penal (24%), el social (16%) y el contencioso-administrativo (3,5%). El dato más preocupante es temporal: el 49% de las dilaciones superan los 12 meses, lo que evidencia un problema que trasciende la mera sobrecarga coyuntural.
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En el ámbito penal se citan casos particularmente graves en procedimientos de jura de cuentas, con demoras que llegan a los doce años, pese a escritos reiterados de impulso procesal.
Retrasos de más de 90 minutos en actuaciones urgentes
Los retrasos afectan al desarrollo concreto de actuaciones ya señaladas. En 2025 se registraron 56 incidencias, concentradas principalmente en la jurisdicción penal (66%), especialmente en guardias de detenidos y juicios rápidos.
El 70% de los retrasos superan los 90 minutos, con esperas de dos a tres horas y, en algunos órganos, hasta seis horas. Aunque cuantitativamente menores que las dilaciones, su impacto es inmediato: desajustan agendas, afectan a diligencias urgentes y generan incertidumbre tanto para la defensa como para el justiciable.
(Imagen: E&J)
Suspensiones y el círculo vicioso organizativo
Las suspensiones —49 incidencias en 2025— afectan especialmente al orden social (53%), seguido del penal (39%) y el civil (8%).
Entre las principales causas figuran la mala praxis organizativa del juzgado (43%), coincidencias de señalamientos (21%) y vacantes judiciales sin cubrir (21%). El ICAM advierte de un efecto acumulativo: cada suspensión introduce un nuevo señalamiento en agendas ya tensionadas, alimentando futuras dilaciones.
Además, el Colegio subraya la problemática derivada del rechazo de suspensiones interesadas por coincidencias o enfermedad, generando tensión entre el cumplimiento de obligaciones procesales, el derecho a la salud y la defensa efectiva del cliente.
Juzgados con especial reiteración
El informe identifica órganos con mayor acumulación de incidencias en 2025. Destacan el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Colmenar Viejo (16 incidencias), el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid (15) y el Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid (15), entre otros.
El ICAM aclara que el listado no tiene carácter sancionador, sino que busca detectar patrones objetivos para activar mecanismos de seguimiento institucional.
Incidencias tecnológicas y expediente electrónico
Aunque representan en torno al 2% del total, las incidencias tecnológicas evidencian problemas en expedientes electrónicos no consolidados o con documentación desordenada. El Colegio insiste en que la plena implantación de un expediente electrónico único, ordenado y accesible es esencial para evitar que la digitalización derive en nuevas ineficiencias organizativas.
Servicio 112 Abogacía: reacción inmediata ante incidencias graves
En este contexto, el ICAM ha activado el Servicio 112 Abogacía, un canal de intervención urgente para incidencias que afectan en tiempo real al ejercicio profesional. Aunque no sustituye a las reformas estructurales reclamadas, pretende evitar que el profesional quede desasistido ante situaciones críticas.
