El incremento de la reserva de capitalización y la deducción por inversiones en cine, las nuevas posibilidades de optimización fiscal para las empresas en 2026

La firma legal Allyon ETL consolida su posición como referente en asesoramiento tributario tras la celebración de una nueva edición de sus Coffee Talks, esta vez bajo el título Novedades Fiscales con Impacto en 2026. El encuentro, liderado por los abogados expertos en materia tributaria del despacho, Javier Aquilué, Regina Arnero y Jordi Moliné, ha servido para analizar un complejo escenario marcado por sentencias judiciales de calado y cambios legislativos que podrían alterar —en mayor o menor medida— la situación patrimonial de nuestras empresas.

A lo largo de la jornada, que se ha celebrado en el Hotel Mimosa —donde han colgado el cartel de completo en una jornada técnica donde la planificación fiscal y la sostenibilidad han sido los ejes centrales—, los expertos han alertado sobre las oportunidades de ahorro e ingresos indebidos que ofrece el marco actual, desde la posible recuperación de cuotas del IAE de la pandemia y la controversia recientemente planteada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acerca de la deducción del IVA, hasta los incentivos a la capitalización empresarial y eficiencia energética.

Planificación fiscal, sostenibilidad y el IAE de la pandemia, ejes centrales de la jornada

Durante el encuentro, los abogados de Allyon ETL que han liderado la jornada han abordado diferentes puntos de interés. Jordi Moliné, manager del departamento fiscal, se centró en las herramientas de optimización interna de las compañías, destacando especialmente la reserva de capitalización, un beneficio fiscal que permite a las empresas reducir su factura fiscal de forma muy significativa: “Actualmente, las sociedades pueden aplicar una reducción de hasta el 20% del incremento de sus fondos propios. Es un incentivo clave para fomentar el autofinanciamiento y la solvencia empresarial”, explicó el letrado.

Moliné también recordó que el plazo para las deducciones por eficiencia energética de automóviles (hasta el 60%) y movilidad eléctrica (15%) expira el 31 de diciembre de 2026, instando a las empresas a no demorar sus inversiones en sostenibilidad para no perder este tren fiscal.

Asistentes a Allyon ‘Coffee Talks’. (Imagen: Allyon ETL)

Por su parte, Regina Arnero, abogada especializada en procedimiento tributario, aprovechó su turno de palabra para analizar la reciente sentencia del TGUE (Asunto T-689/24), que supone un espaldarazo a la primacía del fondo sobre la forma en el IVA. “Estamos ante la evidencia de la primacía del principio de neutralidad fiscal. El Tribunal es tajante: si la empresa cumple los requisitos materiales y tiene la factura antes de presentar la liquidación, la Administración no puede obligarla a diferir la deducción solo porque la factura llegó después del cierre del periodo”, explicó la experta.

Asimismo, Arnero advirtió que, pese a la postura de la instancia judicial europea, la Administración española suele mostrarse reticente ante este criterio. “Las formalidades no pueden ser un fin en sí mismas ni un mecanismo automático de restricción. Si no hay fraude y la operación es real, debe primar el ejercicio del derecho a la deducción”, concluyó.

Mientras que Javier Aquilué, responsable del departamento de procedimiento tributario de Allyon ETL, analizó las recientes sentencias del Tribunal Supremo que podrían abrir la puerta a reclamar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2020. Pues, según señaló el experto, el Alto Tribunal avala ahora que las empresas que sufrieron un cierre total por las restricciones sanitarias tienen derecho a una rebaja proporcional de la cuota, incluso si la liquidación es firme. No obstante, “el éxito de estas reclamaciones dependerá críticamente de si aplica el plazo de prescripción, un factor que las empresas deben evaluar de inmediato”, advirtió Aquilué.

Igualmente, el abogado aclaró que, si bien es una vía de restablecimiento de la equidad, “esta reclamación no alterará de manera acusada la situación patrimonial de las compañías, pero sí supondría recuperar un ingreso indebidamente gestionado por la Administración”.

Javier Aquilué y Regina Arnero durante la jornada. (Imagen: Allyon ETL)

A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Impuesto al Patrimonio

Los expertos de Allyon ETL aprovecharon este encuentro para analizar una cuestión que tiene en máxima expectación al sector jurídico: el estado de las impugnaciones del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, 2023 y 2024.

El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse en amparo este próximo mes de marzo. La resolución que dictamine el Tribunal de Garantías será clave, ya que debe validar si el mantenimiento del Impuesto en determinadas comunidades —y su posterior solapamiento con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas— vulneró principios constitucionales como el de capacidad económica o la seguridad jurídica.

Desde el departamento de procedimiento tributario de Allyon ETL advirtieron que, “de fallar el Tribunal a favor de los contribuyentes, se abriría una vía masiva para la consolidación de las reclamaciones de ingresos indebidos ya presentadas, lo que hace necesario que las empresas hayan reclamado con anterioridad».