Óscar Morales, abogado penalista: “Urge reformar la LECrim para reducir los excesos del proceso penal y colocar al justiciable en el centro”

El abogado penalista, doctor en Derecho y novelista en sus ratos libres, Oscar Morales, nuevo socio responsable del área penal económica del despacho Cases & Lacambra, focalizado en el middle market desde los inicios de este mes, es el arquetipo del “jurista total” en el derecho penal.

Un profesional que lo abarca todo y que ahora tiene el reto de impulsar esta nueva actividad en una firma emergente de corte internacional que lideran Miguel Cases y Ernesto Lacambra, dos excuatrecasas que tras once años de vida del bufete lo han consolidado como una alternativa multidisciplinar a las grandes firmas.

En los últimos meses los penalistas han estado en un primer plano. Carlos Zabala dejó Clifford Chance para crear su boutique penal; Bernardo del Rosal se convirtió en socio del bufete Constitución 23; y el propio Bartolomé Vargas, fiscal del Supremo muchos años, ahora recalaba en Monedero Gil & Crespo, firma especializada en derecho público para crear esta área penal-económica como of counsel.

En este contexto, Morales, que ya en su día fue responsable del área penal en una firma como Uría Menéndez y ha impulsado en los dos últimos años la boutique penal con otro experto como Fermín Morales, el despacho Morales Abogados ha aceptado el reto de crear en la propia Cases & Lacambra esta área penal económica.

“Toda actividad empresarial afronta una serie de retos y responsabilidades. Los clientes lo que demandan asesores especializados que les ayuden a prevenir esos riesgos y, en el caso que se judicialicen, les ayudemos a afrontarlos frente a terceros desde el asesoramiento litigioso”, explica a Economist & Jurist.

Esta nueva área penal económica que dirige Óscar Morales tendrá un desarrollo en las dos oficinas principales de la firma en España, en Madrid y Barcelona: “Es un proyecto ambicioso de crecimiento donde parte de la clave del éxito de esta iniciativa tiene que ver con el equipo con el que vamos a contar. Así ya lo hicimos hace años en Barcelona cuando creamos el área penal de Uría Menéndez. Se necesitan buenos profesionales que estén muy bien formados”.

Junto a ello también revela que es “muy importante a la hora de crear un área de este tipo en un despacho, la formación interna en el seno del bufete. El cliente interno es tu propio socio. Tienes que saber mostrarles en que áreas le puedes ayudar a darle cobertura integral al cliente. Nuestros socios están familiarizados con otras áreas como fiscal, mercantil o derecho público y medioambiental. Todas ellas rozan con el área penal en algún momento. Es importante formarles en lo que hacemos y que conozcan las necesidades que pueden tener nuestros clientes en materia penal en cualquier momento”.

A partir de ahí, Morales subraya que “se trata de trabajar duro, que los clientes tienen que ver que estás encima de sus problemas. Que tienes una independencia y capacidad de trabajo absoluta para atender a tus clientes allí donde lo requiera.  Se trata de ayudar a resolver a las empresas las cuestiones que les vayan surgiendo. Es por ejemplo, ayudarles a definir protocolos de supervisión de los correos electrónicos de sus trabajadores, sobre todo cuando hay sospecha que alguno de ellos podría estar sacando al exterior información de la compañía, y hacerlo sin riesgo para sus intereses”.

Morales señala que “al final nuestro trabajo como penalistas es muy transversal respecto a otras áreas del despacho donde se puede incurrir en ilícitos penales si no se sabe cómo actuar ante determinadas situaciones”.

Ernesto Lacambra, socio director, y Óscar Morales, socio de Cases & Lacambra, ahora juntos en la misma firma. (Imagen: Cases & Lacambre)

Es necesario una reforma de la LECrim

Óscar Morales, pese a su vocación en el derecho penal, encontró tiempo para escribir su primera novela Errores invencibles, una novela judicial donde narra una vivencia sobre el tribunal del jurado muy intensa e interesante: “Es más jurídica que literaria pero creo que ahí hay elementos interesantes para que los jóvenes que se acercan al derecho procesal penal, entiendan cómo funciona en la práctica, algunas de las categorías que verán en la facultad”.

Este jurista cree que en el futuro encontrará tiempo para escribir una novela menos judicial y más literaria. “Todo proceso judicial complejo que genera tantas aristas, tanto en el seno del proceso como en relación a las personas a las que afecta, es digno y susceptible de una buena novela. Seguro que de la trama de Koldo García y de las mascarillas saldría una buena novela. Para eso hace falta un buen escritor y creo que a mí aun me queda un poco en ese sentido”.

En cuanto a la reforma de la LECrim, de nuevo en primer plano tras las últimas declaraciones del ministro Bolaños,  Morales señala que “un país como el nuestro, que  aprobó en 1978 la Constitución y los valores que rigen una sociedad, no puede permitirse el lujo de tener una LECrim cien años más vieja que esta Carta Magna”.

Desde su punto de vista, esta norma es la liturgia para enjuiciar la constitución negativa que es el Código Penal: “Necesitamos una ley nueva, que ponga al justiciable en el centro del sistema; que lo trate con dignidad y permita el desarrollo de sus derechos procesales fundamentales; y que el aparato del Estado, cuando decida imponer una pena por haberse quebrantado alguno de los principios de convivencia que están en el Código Penal, lo haga porque halló prueba suficiente sobre mecanismos legítimos”.

Para Morales “la actual LECrim está permitiendo unos excesos en las imputaciones y duración de las causas por la lentitud de la Justicia. Al mismo tiempo, en muchos procedimientos el Ministerio Fiscal acaba siendo un segundo juez dentro del sistema de instrucción frente a una única defensa. Todo esto debe corregirse y si la reforma no se acomete es porque mucho nos tememos que desde el punto de vista político no hay interés en hacerlo. Ninguna fuerza política parece que está interesada que llegado el caso su comportamiento se enjuicie de forma rápido y diligente a nivel penal”.

Bolaños ya ha dicho a las asociaciones de fiscales que reformará la LECrim. De izqda. a derecha: Rosa Frías, miembro del comité ejecutivo de la asociación;  Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes; y Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF). (Imagen: Ministerio de Justicia)

En este cambio, este jurista reconoce ser partidario del que el fiscal lleve la instrucción de los procedimientos como pasa en la mayor parte de Europa: “Debe ser así. El juez debe ser un juez de garantías. El Ministerio Público debe dirigir a la policía y dejar de estar tan vinculado como lo está ahora al Poder Ejecutivo. Que fiscales y policía judicial cuando se acerquen al juez estén sometidos a las mismas cortapisas como cuando un abogado se dirige a un juez. Ahora, la connivencia entre el juez de instrucción y el fiscal es de tal calibre que la defensa parece un elemento de coste adicional del proceso”.

En este contexto, Oscar Morales indica que “a veces parece que fuera molesto que el justiciable tenga su defensa, cuando se da la circunstancia que el Ministerio Fiscal y el juez están ya de acuerdo en los hechos, parece que el abogado sobra. Con la reforma de la LECrim, el fiscal sería una parte del proceso para realizar investigaciones criminales complejas ayudado de la policía judicial, pero una parte sometida al control judicial, al mismo control judicial al que está sometido el propio justiciable. Eso debe ser así. El sistema actual al que se llama ‘inquisitivo’ necesita de estos cambios de calado”.

A juicio de este jurista “lo primeo que hay que abordar son estas reformas en la LECrim, y una vez conseguidas habría que modificar la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa para que tenga plena cabida en la propia LECrim. Es bueno tener esta otra ley sobre derecho a la defensa porque nos estamos enfrentando a resoluciones judiciales dispares y de la propia Sala Segunda del Supremo que a veces cambia de opinión sobre la misma cuestión. El propio presidente Manuel Marchena participó en el mejor borrador de LECrim que se hizo en su día, que fue el segundo borrador de la legislatura anterior a Rajoy, de hace unos diez años”.

Abogacía preventiva

Oscar Morales cree que la formación continua del abogado le hace ser mejor al profesional. (Imagen: Cases & Lacambre)

En este contexto, a los empresarios les ha surgido otra preocupación derivada del desarrollo de Internet, procesos de transformación digital que han abierto el escenario a las estafas y fraudes informáticos: “Es una materia fascinante. En mi caso llevo los últimos veinticinco años especializándome en criminalidad informática y otros tantos años dando clase en Italia sobre cibercriminalidad en la Universidad de Trento, como profesor visitante cada año. Ahora hemos tenido que actualizar conocimientos por la irrupción de la IA, ante los desafíos jurídicos que se avecinan”.

Para Morales “la delincuencia tecnológica afecta de manera notable en nuestras empresas. Hay que ayudarles cuando surge alguna de estas estafas, como la del CEO donde se crea la apariencia de que un directivo está reclamando a un empleado una salida de dinero del departamento de administración o contabilidad, sin que se advierta que hay un fraude. Es importante conocer las herramientas tecnológicas que pueden ayudar a recuperar esos activos, es algo clave en el asesoramiento integral penal de nuestros clientes”.

A juicio de este experto «lo fundamental es trabajar desde la prevención en el ámbito penal. Se trata de ayudarles a las empresas a que creen sus modelos de cumplimiento con tal sobriedad y robustez, que impidan a sus directivos y empleados realizar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de infracciones penales o que sitúe a la empresa en la diana del derecho penal por determinadas circunstancias. Sin embargo, reconozco que soy litigador de pura cepa, si llega el momento en que litigar sea necesario».

Otro de los frentes de los penalistas tiene que ver con el apoyo a las empresas para que creen sus canales de denuncia internos y se adapten a la Ley 2/2023 de protección al denunciante: “Las empresas han hecho un gran esfuerzo para tener ese canal de denuncias y ese sistema de investigaciones internas que está generando en el seno de ellas una mayor cultura ética corporativa. Soy consciente que se están abortando riesgos en materia de siniestralidad penal con los modelos de prevención de delito y los canales de denuncia ayudan a evitar que comportamientos delictivos se consumen”.

Empresas y canales de denuncia

Morales cree que al final “las empresas están viendo que estas inversiones revierten en favor de la propia compañía para evitar verse inmersos en procedimientos penales que generan gastos sin retorno. Ahora habrá que ver cómo se implementa la Autoridad Independiente de Control de la que hay un proyecto de ley desde hace unos días. Es evidente que para que funcione habrá que dotarla de medios adecuados. Ya el Parlamento Europeo avisó a nuestro Gobierno que la trasposición de dicha Directiva Whistleblowing iba fuera de plazo. Ahora tenemos la oportunidad, durante unos días, de aportar nuestro granito de arena, haciendo llegar al Ministerio nuestras propuestas y sugerencias de regulación”.

Desde su punto de vista “el mejor modo de ejercer la abogacía es formarse constantemente. Si eres docente, como es mi caso, tienes que actualizarte de forma constante, leyendo a otros profesores, la jurisprudencia. Se trata de entender los conceptos para luego transmitirlos a los estudiantes. Si tienes esto asimilado como necesario, el ejercicio de la abogacía no es más fácil, porque siempre querrás estudiar más, pero creo que es más completo.  La docencia nos ayuda a los abogados a actualizar nuestro conocimiento, un desafío que realmente asumo con satisfacción y devoción”.

Morales ha denunciado en muchas de sus comparecencias, incluso en el discurso de entrada en la Real Academia Europea de Doctores, el uso extensivo del derecho penal en nuestra sociedad: “Al ser humano se le despoja de sus derechos procesales porque se extiende tanto el ámbito de lo prohibido y relega tanto el ámbito de la libertad que al final al ser humano le quedan parcelas más pequeñas de libertad real. El Estado se hace cada vez más grande, el individuo más pequeño”.

En esta tesitura, con el crecimiento del derecho penal de empresa «en este tránsito a la sociedad tecnológica, donde se ha impulsado un desarrollo económico importante, eso ha significado que los riesgos que se asumen a nivel empresarial son mayores y la exposición al riesgo penal es mayor. A este entorno hay que añadir una expansión del derecho penal que no ha sido cortocircuitado por el Poder Judicial que tenía la responsabilidad de hacerlo y no lo hizo».

A juicio de Óscar Morales, “esa expansión supone que directivos y las propias empresas están en el punto de mira del derecho penal. En la actualidad un empresario puede acabar en la cárcel si un negocio no le sale bien y no tiene cuidado con las decisiones que toma. Ahí está el delito de insolvencia punible que está rayando en la imprudencia, basta con eludir los deberes del empresario diligente. Una decisión inapropiada cuando la empresa va mal puede convertirse en un delito y penas de cárcel importantes. Nosotros como abogados penalistas estamos para evitar que eso suceda y si sucede que tengan la mejor defensa de sus intereses empresariales”.

Jorge Navarro y Oscar Morales han sido protagonistas de uno de los episodios del podcast Ultima Ratio, de ‘Economist & Jurist’. (Imagen: E&J)