El INE persigue a los empresarios que no cumplimentan las encuestas con 17.000 sanciones al año
La creciente carga administrativa y normativa complica el día a día de las pequeñas y medianas empresas, que deben adaptarse a exigencias poco conocidas pero legalmente obligatorias

(Imagen: INE)
El INE persigue a los empresarios que no cumplimentan las encuestas con 17.000 sanciones al año
La creciente carga administrativa y normativa complica el día a día de las pequeñas y medianas empresas, que deben adaptarse a exigencias poco conocidas pero legalmente obligatorias

(Imagen: INE)
El empresariado español está muy preocupado por la fuerte presión económica que padece, tanto por el coste de los seguros sociales como por la aplicación de la vigente normativa fiscal, que, además de compleja e imprecisa, genera unos costes empresariales muchas veces incompatibles con los márgenes económicos mínimos para la subsistencia de las compañías. A estos antecedentes se suman, además, una serie de obligaciones administrativas para los emprendedores que muchas veces son muy difíciles de cumplir para el tipo mayoritario de empresas españolas. Es decir, empresas pequeñas o medianas. Un claro ejemplo de este otro tipo de obligaciones son las que surgen de la actividad del Instituto Nacional de Estadística, INE.
La cumplimentación de las encuestas del INE es obligatoria, ya que están incluidas en el Plan Estadístico Nacional. Según la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, su cumplimentación es obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras residentes en España. Para el ejercicio de sus funciones, los servicios estadísticos estarán facultados para recabar datos de todas las personas físicas o jurídicas o cualquier otra entidad residente en España. Todas las personas físicas o jurídicas, así como las entidades que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas de la debida forma por parte de los servicios estadísticos.
El incumplimiento de estas obligaciones genera sanciones a los incumplidores, siguiendo el siguiente escalado:
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Infracciones muy graves: multas de 3.005,06 a 30.050,61 euros.
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Infracciones graves: multas de 300,52 a 3.005,52 euros.
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Infracciones leves: multas de 60,10 a 300,51 euros.
Desde diversas fuentes se ha hecho público que el INE comunica de media la imposición de 17.000 sanciones al año a los empresarios por no haber cumplimentado encuestas o haberlo hecho de forma incorrecta. Ante esta posición tan exigente del INE, es conveniente tomarse en serio estas peticiones de información y cumplimentarlas en plazo. Muchos empresarios están pendientes de ver qué posición toman las organizaciones empresariales españolas ante este nuevo problema que sufren, sobre todo, los pequeños empresarios.
