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El departamento que dirige Dolores Delgado, en un mensaje publicado en la cuenta institucional del Ministerio en Twitter, el miércoles 8 afirmaba que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) “ha recibido ya los fondos para el pago de la asistencia jurídica gratuita del mes de octubre” como respuesta a las reclamaciones y reivindicaciones realizadas por la Abogacía institucional, según publicaba el CGAE el mismo día en su web, (ver enlace a la noticia del CGAE del pasado día 8 de enero)
Ministerio Justicia
✔@justiciagob
[COMUNICADO] El Consejo General de la Abogacía @Abogacia_es ha recibido ya los fondos para el pago de la asistencia jurídica gratuita del mes de octubre#turnodeoficio#justiciagratuita
Si bien, el Ministerio de Justicia únicamente ha hecho efectivo el pago de los expedientes reconocidos como justicia gratuita y no el conjunto de los servicios prestados, el CGAE ha anunciado en una nota que sigue preparando la reclamación legal del pago de todos y cada uno de los trabajos realizados por los abogados del turno de oficio, parte de los cuales han sido rechazados por el Ministerio de Justicia.
Los servicios jurídicos del Consejo ejecutan de esta forma la decisión adoptada por el pleno de la institución, al margen de la vía de diálogo que se ha abierto con el Ministerio y que está previsto que arranque la próxima semana.
CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO
Por otro lado, el Ministerio propuso el pasado 18 de diciembre al Consejo General de la Abogacía y al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la creación de una mesa de trabajo bilateral para estudiar sus demandas relativas al Turno de Oficio, así como abordar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para este tipo de profesionales.
Así pues, las negociaciones estaban previstas que comenzarán a principios de enero, pero su celebración se ha pospuesto debido a que esta institución se encuentra en periodo electoral hasta el próximo 17 de enero y que el Gobierno está en plena formación, después de que Pedro Sánchez fuera investigo este martes.
La propuesta llegó días después de que Justicia les comunicara que no pagaría aquellos expedientes realizados por mandato judicial en la denominada ‘zona Ministerio’ –Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a la jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo– que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Esta decisión fue adoptada después de que la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Ministerio advirtieran en sendos informes de que el pago a los profesionales que prestan este servicio público podría tener consecuencias penales si no son conforme a la ley.
CERTIFICADOS DE LOS EXPEDIENTES
Para identificar que expedientes estaban amparados por dicha normativa, el Ministerio solicitó a los distintos colegios de abogados para que remitiesen al Ministerio los certificados de todos aquellos procedimientos que fueron asistidos por abogados del Turno de Oficio y que acrediten que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.
Tras revisar cada uno de ellos, Justicia anunció el pasado 12 de diciembre que se procedería a abonar más de 4 millones de euros a los colegios que habían presentado la documentación –el de Burgos fue el único que no atendió al requerimiento, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno relativo a octubre–, lo que corresponde el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente.
Ante la insistencia de los abogados y tras el acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia, que consideran que deben pagarse todos los servicios del Turno de Oficio prestados, independientemente de si han sido reconocidos como Justicia Gratuita, el Ministerio se reunió con sus representantes para proponerles una mesa de trabajo para encontrar una solución.
Pese a ello, el pasado 20 de diciembre, unos 200 abogados del Turno de Oficio se concentraron ante la sede del Ministerio para reclamar el pago de los servicios prestados como justicia gratuita.
