Ana Garrido: “Los denunciantes de corrupción seguimos sin estar protegidos con la nueva ley 2/2023”

La trayectoria profesional y vital de Ana Garrido confluyeron de forma notable cuando decidió denunciar hace casi veinte años las irregularidades del ayuntamiento madrileño de Boadilla dentro de la trama Gurtel. Garrido, un icono para muchos ciudadanos que decidieron denunciar su situación de corrupción, es ahora la presidenta de la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción ( AEDICO) desde hace más de un año e impulsa su consultora sobre canales de denuncia.

Desde su punto de vista “a día de hoy la mayor parte de denunciantes de corrupción están desprotegidos por esta ley 2,/2023, que ya lleva seis meses operativa en nuestro país”. A su juicio, las carencias existen y debe mejorarse en el corto plazo: “en primer lugar, hace falta un órgano de control que vigile que la ley se cumpla. Es posible que este cometido tendrá que hacerlo la futura Autoridad Independiente de Protección al Informante, aún por estar operativa”.

Para Garrido, “la corrupción en nuestro país es un mal endémico y transversal en muchas actividades profesionales. Esta lacra aflora ante la falta de controles, lo vemos en muchos ayuntamientos donde los cargos de interventor o tesorero son de libre designación. Por ahí empiezan los problemas luego”, afirma.

En este contexto reconoce que es necesario una supervisión de la actividad de los canales de  denuncia: “cualquiera puede ponerlo en marcha pero al final es posible que esta actividad tenga que certificarse para dar validez a que estas herramientas funcionan cumpliendo esos cánones de calidad. Es un nuevo nicho de mercado como en su fue la protección de datos y no todas las empresas que ofrecen estas canales de denuncia están bien preparadas”.

Justicia aprobó la ley de proteccion al denunciante. (Foto: Ministerio de Justicia)

Que estos canales funcionen  depende del interés de la empresa en hacerlo. Y es que “no es lo mismo cumplir una ley por principios que por imperativo legal. Si la organización esta convencida de tener una conducta ética en su interior van a promover que esos canales de denuncia funcionen de forma eficaz, si solo se hace para cumplir el expediente, existe la posibilidad de que nombren a un gestor que recepcione las infracciones y que se pueda rastrear la IP de la denuncia”.

En su opinión, “la ley tiene elementos positivos como el de crear un régimen sancionador para el que presione al denunciante de corrupción, la implementación de esos canales de denuncia anónimos y confidenciales, entre otras cuestiones”.

Desde su punto de vista, “el anonimato es uno de los pilares fundamentales de esta norma española que traspone la directiva whistleblowing. Sin anonimato no habría denuncias. La gente denuncia en la Fiscalia Anticorrupción donde lo primero que te piden son tus nombres y apellidos”.

Para Garrido, “la propia ley debe mejorar en proteger dicho anonimato. Da cabida a la confidencialidad, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando hay anonimato, no hay grietas y no se puede rastrear quién interpuso ese denuncia.  Debe mejorarse esta parcela. Los que denunciamos corrupción lo primero que hemos hecho es informar a nuestro superior inmediato. Craso error porque te dejas identificar”.

También recuerda que la ley señala que “debe existir un registro donde estén inscritos todos los responsables o gestores de esos canales nombrados por el consejo de administracion bajo la supervisión de la representación de los trabajadores. Pero la falta de esta Autoridad Independiente deja cojo quien gestiona toda esa información. A nivel autonómico parece que es papel de las agencias antifraude, pero a nivel estatal debe gestionarse.

Falta que se conozca ley

Garrido cree que dicha norma 2/2023 es muy desconocida para la población española: “la gente debe saber que hay una ley que protege a aquel ciudadano que decida denunciar una situación irregular en su entorno. Campañas de sensibilización como se han hecho sobre violencia doméstica y al mismo tiempo en Tráfico para reducir la mortalidad deberían hacerse en este entorno”.

Nuestra entrevistada recuerda que “esta norma se aprobó el mismo dia que la llamada ley trans, pero realmente se ha dado más bombo a esta normativa, con lo cual parece que las prioridades son la de asegurarte los votos que erradicar la corrupción en nuestro pais. La corrupción está muy asentada en nuestro país y será difícil acabar con ella realmente”, sostiene.

Medios como el New York Times se hicieron eco del caso de Ana Garrido. (Foto: E&J)

Como empresaria que se dedica al mundo de la consultoría en materia de canales de denuncia, Garrido recuerda que “no se puede denunciar de cualquier manera y a toda costa. Hay que hacerlo con cabeza, sabiendo lo que se denuncia, quién recepciona la denuncia y quien será el instructor del caso. Volvemos a la falta de organismos de control en este tipo de temas”.

Garrido valora de forma notable el papel de la Agencia Valenciana Antifraude y su independencia como organismo que protege al denunciante realmente. “Seria importante que las agencias existentes tuvieran las mismas competencias y funcionen de la misma manera. El acuerdo que han firmado con la Fiscalía es positivo porque evita solapamiento entre ambos organismos en su lucha contra la corrupción”.

En este escenario, el papel de la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante surge sobre la mesa, “aún no existe y la norma habla de su vinculación al Ministerio de Justicia en su creación lo que la restaría independencia. Desde AEDICO queremos conocer esta nueva figura en nuestro ámbito por seguir aportando a la lucha contra la corrupción. De momento, la opacidad sobre este tema es preocupante”.

En su opinión, este organismo “es clave para el funcionamiento de todo entramado de lucha contra la corrupción. Cuenta con un órgano consultivo, en el que están representados algunos de los reguladores y los propios denunciantes que debe evitarse su politización. Sobre la figura de su presidente no debería tener dudas en su trayectoria profesional, alejado de la política pero vinculado este profesional a la lucha contra la corrupción».

Otras  mejoras de la ley 2/2023

Ana Garrido cree que esta norma es bastante mejorable; “ahora solo protege a aquellos denunciantes que tengan un vinculo laboral con su empresa o la entidad a la que pertenecen y deja huérfanos a los ciudadanos de a pie, que pueden estar en escenarios de cierta corrupción pero no les cubre su posible actividad. La ley tendría que se más extensiva en la protección del denunciante”.

Al mismo tiempo destaca que “otra de las carencias es la falta de cobertura jurídica y psicológica para estos denunciantes. En el momento que denuncias, la maquinaria de tu empresa te quiere aplastar en una cadena de pleitos. En este escenario, nadie apoya de forma legal y psicológica estas personas. No basta con los abogados del Turno de Oficio. Se necesitan abogados especialistas en corrupción y que conozcan la ley. Se trata que sirvan de apoyo cuando se presentan esas denuncias y que estén bien fundamentadas”.

Los denunciantes de corrupción, informantes en la ley, en una manifestación frente al Congreso de los Diputados cuando no había ley hace varios años. (Foto LJ Sánchez)

Para los denunciantes de corrupción agrupados en AEDICO, “habría que ver la fórmula de crear juzgados especializados en protección a estos denunciantes. Muchos de ellos tienen abiertos pleitos, unos por injurias y calumnias, otros por amenazas y cada uno cae en juzgado. Y el juez de turno solo ve ese caso, cuando debería verlo en una visión de conjunto. En esos juzgados debería haber magistrados con una formación clare en esta normativa recién aprobada”.

Garrido advierte que son “casos complejos donde el denunciante se enfrenta a grandes organizaciones y despachos de abogados muy profesionalizados. No es fácil enfrentarse a ellos si no se tiene la formación adecuada. En esta problemática coinciden algunos juristas pero la idea de poner en marcha este tipo de juzgados no ha calado por el momento en el Gobierno”.

AEDICO para proteger al denunciante

Otra de las cuestiones que la presidenta de AEDICO resalta es la parte preventiva que apenas se aborda en la norma “es fundamental apostar por una cultura de valores en el proceso educativo de nuestra sociedad. Es preocupante como la corrupción se ha normalizado y se acepta como algo que existe casi de manera irremediable».

En el caso de AEDICO, como asociación constituida por los propios denunciantes e informantes de corrupción “no llegamos al año de vida, aún esta como proyecto embrionario. Nuestro primer objetivo es hacer esa labor de vigilancia de cumplimiento normativo de la ley. Se trata de establecer canales de comunicación con los interlocutores de la norma, qué a dia de hoy, no sabemos quiénes son hasta que se nombre dicha Autoridad independiente”.

A largo plazo la idea es que la asociación “tenga una infraestructura suficiente para poder asesorar a estos denunciantes de corrupción, una figura que crece de forma notable en nuestro pais en los últimos años. Cuando denuncias realmente no sabes donde acudir y te cambia la vida de forma notable”

En esta iniciativa la Junta Directiva esta formada además de Garrido como presidente, María Dolores Mesa, Secretaría; inspectora médica que denunció un «fraude contable» en la Seguridad Social en Cádiz,  Albert Comellas, Tesorería  que denunció un intento de malversación propuesto presuntamente por el PDeCAT en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y como consecuencia fue expulsado del partido y tuvo que renunciar a sus cargos en el consistorio.

Por su parte, Teodoro Montes, que destapó en los juzgados de Sevilla ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz un sinfín de irregularidades en la concesión por parte de la Junta de subvenciones para la formación durante la etapa de los gobiernos del PSOE, es vicepresidente.

En cuanto a los vocales,  Roberto Macías,  ex trabajador de UGT-A, que destapó la presunta trama de las facturas falsas diseñada por el sindicato para desviar subvenciones de la Junta de Andalucía en la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

Ana Garrido en el Congreso de los Diputados con Luis Garicano a su lado (Foto: Congreso Diputados)

Junto a el, Robert Martínez que denuncio junto a su pareja los fraudes existentes en las residencias BBServeis.  Al menos 750 personas dependientes se quedaron sin cuidados y 2.000 trabajadores en la estacada, entre ellos Roberto Martínez y María José Alarcón, de 39 y 47 años. En su momento fue portavoz de estos afectados.

Muchos de ellos están vinculados a la propia trasposición de la directiva whistleblowing y en el caso de Ana Garrido su situación salto al Parlamento Europeo donde, gracias a la actividad de la ONG internacional  Blueprint for Free Speech ha acudido a Bruselas en distintas ocasiones para dar a conocer su caso y aportar ideas para la futura directiva de protección al denunciante.  A partir de ahí, su participación en la trasposición de la norma con la de otros denunciantes ha sido importante.

“Queremos que se cumpla ley, de verdad. Parece que con la aprobación de la ley todo va sobre ruedas y no es cierto. Una vez que consigamos ese cumplimiento, el papel de AEDICO debería ser como antes comenté el de asesorar a los propios denunciantes”, aclara Garrido. En este momento esta asociación estudia la viabilidad de optar algún proyecto de Fondos Europeos Next Generation.

Estos y otros denunciantes se han enfrentado a distintos procesos judiciales de toda índole “nos une la lucha contra la corrupción y tener unos principios éticos pero realmente la vida te cambia cuando das el paso cuando denuncias”. “Al no haber un Manual del Denunciante, todos hemos cometido los mismos errores. En este sentido el papel de las Agencias Antifraude debe ser clave para canalizar esas denuncias. Todo pasa por el cumplimiento riguroso de la ley para luego plantear nuevas mejoras”.