«Ayer la Justicia dejó de funcionar»

La excepcional situación que se vivió ayer en el país, más allá del impacto económico que pudo tener sobre el PIB, no dejó a nadie indiferente. Durante horas, más de doce en algunos puntos de la península, más de veinticuatro en algunos lugares que todavía están teniendo dificultades para recuperar la normalidad, España se quedó sin luz.

Un apunte: [Entiéndase por luz aquella que se genera a partir del flujo de corrientes eléctricas, pues luz solar hubo a lo largo de todo el día, por lo que a oscuras, a oscuras y hasta bien entrada la noche, no se quedó casi nadie. Eso sí, el impacto fue ineludible: pocos pudieron hacer vida normal, pues el espacio que ocupan las tecnologías en la actualidad es tal que ayer la mayoría tuvimos que aprender a vivir «a ciegas», aún, reitero, teniendo luz solar].

El colapso se notó especialmente en la red de transportes y en la de comunicaciones. Estamos hablando de que, en cuestión se segundos, millones de teléfonos móviles perdieron la conexión a Internet; no así ocurrió con la cobertura, que fue yendo y viniendo a lo largo de todo el día. Los vehículos, por su parte, sufrieron las consecuencias de una manera harta curiosa, pues lo que suspendió y aparató el tráfico, sobre todo en las grandes ciudades, fue el apagón generalizado de los semáforos.

Pero lo que más llamó la atención de toda esta situación —inesperada para todos— fue lo complicado que nos resultó llevar a cabo nuestros quehaceres diarios sin ningún tipo de limitación. Pagar, que hasta hace muy poco se hacía mediante el uso de dinero en efectivo, hoy en día es prácticamente impensable sin una tarjeta digital. El trabajo, por cuestión similar, se suspendió en la mayor parte de las empresas cuyo principal soporte para funcionar es la electricidad.

Resulta curioso cómo, en este caos que tuvo lugar por motivos que aún son necesarios contrastar (pues aunque Red Eléctrica ya ha descartado la comisión de ningún ciberataque, la Audiencia Nacional ha informado que lo va a investigar), te das cuenta que la sociedad no está preparada para la adversidad.

Ni en 2020 supimos reaccionar a tiempo ante una pandemia mundial ni supimos, ayer, cómo proceder ante un apagón nacional. En este contexto, es legítimo preguntarse qué habría sido de nuestra estructura social, económica y jurídica si el apagón se hubiese prolongado un poco más.

La digitalización de todos los ámbitos de la vida —desde la esfera más íntima de las relaciones personales hasta los engranajes del aparato estatal— ha supuesto un avance indiscutible, pero también ha creado una dependencia estructural que se revela alarmante cuando, por cualquier motivo, los sistemas dejan de funcionar. Lo que ayer quedó en evidencia no fue solo una falla técnica: fue la demostración de lo frágil que puede volverse un país cuando su operatividad cotidiana descansa enteramente sobre plataformas electrónicas.

Y aunque en esta ocasión la normalidad se restableció en menos de veinticuatro horas, no deberíamos perder de vista la pregunta esencial: ¿existen, hoy por hoy, planes de contingencia eficaces para asegurar el funcionamiento mínimo de los servicios públicos en situaciones críticas como esta? Porque si la Administración de Justicia, por ejemplo, deja de funcionar, también lo hacen nuestros derechos, que en un escenario como el de ayer no se pudieron garantizar.