Bruselas advierte en un nuevo reglamento de los problemas del ‘confirming’ en cuanto a dilatar los pagos de las pymes

Mientras continúa el proceso del futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aplaude la publicación de un nuevo reglamento de reporting financiero emitido por la Unión Europea que permitirá, por fin, conocer el plazo real de pago a proveedores. Se trata del Reglamento 2024/1317, que ya ha sido publicado tanto por el BOE como por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Esta normativa, que se aplica a todos los ejercicios iniciados desde el pasado 1 de enero en todos los países de la Unión Europea y en todas las empresas, obliga a especificar en las memorias de las compañías las condiciones generales de los contratos con entidades financieras relativos a acuerdos de financiación a proveedores (conocidos en España como confirming), detallando los importes de las líneas, sus plazos y garantías. Adicionalmente, las compañías deberán concretar los importes y plazos de los documentos de confirming descontados por los proveedores.

De este modo, “la UE tumba un subterfugio contable muy popular en España”, asegura Antoni Cañete, presidente de la PMcM. “Desde ahora, pagar por confirming no es pagar. Gracias a esta normativa, van a ir saliendo a la luz los saldos pendientes a proveedores, ocultos bajo el confirming (muy popular entre malos pagadores y entidades financieras que gustan financiar circulante a plazos desmedidos, sin que se note).

«Ahora sí, sin trucos: un nuevo reglamento europeo permitirá conocer los plazos reales de pago a proveedores y cambiará las reglas del juego», sentencia Cañete.

El confirming es un medio de pago a proveedores por el cual una entidad financiera se encarga de gestionar y pagar las facturas de una compañía. El proveedor recibirá el cobro al vencimiento o bien podrá optar por anticiparlo sometido a un importante descuento. Esto es, un producto financiero que permite alargar los plazos de pago a proveedores o gestionar el cobro con considerables rebajas.

A nivel contable, en muchas empresas se consideran pagadas aquellas facturas a las que se ha comunicado un confirming, aunque el proveedor solo pueda cobrarlas íntegramente al vencimiento del “pago confirmado”, que puede superar incluso los 240 días. Así, las operaciones de confirming determinan que las deudas con los proveedores puedan figurar como pagadas a efectos del cálculo del periodo medio de pago, contemplando la fecha de entrega del confirming como día de pago.

De este modo, en el balance de las cuentas anuales de las compañías, algunas de estas operaciones de confirming no son consideradas deuda financiera, ya que se incluyen en la partida de deuda a proveedores.

Cañete, un líder empresarial que en todos los foros denuncia el grave problema de la morosidad para las pymes. (Imagen: PMcM)

Más transparencia para conocer los plazos reales

Para Antoni Cañete, presidente de la entidad, la nueva normativa “aporta transparencia en la información financiera; por fin podremos saber con exactitud los plazos reales de pago a proveedores, una petición histórica de la PMcM que en su día remitimos sin éxito tanto al ICAC como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), advirtiéndoles sobre la discrepancia entre la información publicada por las empresas sobre sus plazos de pago a proveedores y la que se deduce del análisis de sus estados financieros”.

Según Cañete, “nuestros informes sobre plazos de pago de determinadas compañías auditadas (basándonos en los estados financieros publicados por la CNMV) han mostrado siempre enormes divergencias entre la información proporcionada en las memorias anuales de las compañías respecto a sus plazos de pago a proveedores, calculados según las resoluciones del ICAC, y la información que se desprende del análisis de sus estados financieros”.

«El objetivo del nuevo reglamento es aportar información que permita conocer la situación real de los pasivos, los flujos de caja y los riesgos de liquidez, esto es, proporcionar a los usuarios de los estados financieros información para evaluar la incidencia de los acuerdos de financiación de proveedores —en España generalmente denominados como confirming— sobre los pasivos (deudas), los flujos de efectivo (movimientos de dinero) de las empresas y la exposición de cada entidad al riesgo de liquidez. En este sentido, “conviene recordar casos tan tristemente célebres como el de Abengoa en España o Carillion en Reino Unido», apunta Cañete.

El nuevo Reglamento Europeo fue aprobado el pasado 15 de mayo por la Comisión Europea. Se trata del Reglamento 2024/1317, por el que se modifica, entre otras normativas, la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 7, en lo relativo a la información a revelar de los instrumentos financieros que utilizan las compañías.

Una medida similar se viene aplicando en Estados Unidos (EE. UU.) desde hace más de un año, después de que varias agencias de calificación crediticia, entre las que destaca Moody’s, confirmaran la necesidad de explicitar los riesgos ocultos en los estados financieros asociados a este tipo de instrumentos. Según Bloomberg, durante los primeros meses de aplicación de esta norma en EE. UU., se ha puesto de manifiesto que alrededor de 80 empresas del S&P 500 mantenían deudas ocultas en sus estados financieros por un importe de alrededor de 64.100 millones de USD en estos instrumentos que les permiten alargar los plazos de pago a sus proveedores. Bloomberg espera que esta cifra crezca a medida que se vayan publicando estados financieros.

La PMcM se ha reunido dentro y fuera de España con los grupos políticos para frenar la ola de impagos que perjudica a las pymes. (Imagen: PMcM)

Cuenta atrás para la aprobación

El Reglamento Europeo de Morosidad va cumpliendo plazos para su aprobación definitiva. Tras la votación del pasado 20 de marzo de la Comisión IMCO del Parlamento Europeo sobre las enmiendas al nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad en las relaciones comerciales, la PMcM ha valorado en su conjunto el “esfuerzo que han realizado los eurodiputados para que se convierta en una herramienta efectiva”, a pesar de las presiones de los lobbies empresariales, aunque le habría gustado que “no hubiera habido ciertas excepciones a la propuesta inicial”.

Para el presidente de la PMcM, la propuesta inicial del Reglamento Europeo (que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas) era “casi perfecta” para acabar con el retraso de los plazos de pago. No obstante, entre los cambios propuestos en las enmiendas y aprobados, hay algunos que, a su juicio, “se trata de ajustes razonables”, como que el plazo de pago general de 30 días sea ampliable a 60 si incluye la necesidad de un periodo de certificación.

Por otra parte, Antoni Cañete también ha felicitado a los europarlamentarios por su apoyo a las empresas y autónomos con su votación, y aplaude “la postura común de SME United frente a las enmiendas que pretendían empeorar el reglamento europeo de plazos de pago”. Además, ha destacado que ha habido gratas sorpresas entre las enmiendas aprobadas, como la posibilidad de compensación de créditos con las AAPP; que los Estados miembros puedan disponer que las autoridades públicas paguen directamente a los subcontratistas cuando se trate de contratos públicos; y que se prohíba la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.

El acuerdo alcanzado en la Comisión Parlamentaria este mes de marzo constituye una versión cercana al texto que se aprobará definitivamente. Existe la posibilidad de que alguna parte del documento experimente modificaciones, ya sea mediante la decisión del pleno del Parlamento Europeo en su último plenario del presente curso político o por iniciativa del Consejo Europeo después de la realización del triálogo.

Para Antoni Cañete, “la votación de la Comisión IMCO es un primer paso, pero no es el último ni el definitivo, ya que aún nos queda que el reglamento se vote en el último plenario del Parlamento Europeo, antes de su disolución por las elecciones”. Por ello, “tenemos por delante varias semanas en las que desde la PMcM realizaremos un exhaustivo seguimiento de todo el proceso para velar porque se tomen las mejores decisiones con el objetivo de acabar con la lacra de la morosidad”, anuncia Cañete.

La PMcM ya forma parte del Consejo Estatal de la Pyme; en la foto, en una de sus últimas reuniones con otras entidades empresariales. (Imagen: Ministerio de Industria)

Hito histórico

El nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad supone un “hito histórico sin precedentes, por el que desde la PMcM hemos estado trabajando de forma permanente y lo continuaremos haciendo hasta su aprobación”, celebra Cañete.

En este sentido, el presidente de la PMcM asegura que la entidad está “muy orgullosa” por contribuir significativamente con sus propuestas y reivindicaciones a un reglamento del que se beneficiarán millones de autónomos y pymes en toda Europa, quienes son “los que más sufren la lacra de la morosidad”. A su parecer, las sanciones que prevé el nuevo reglamento son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago, ya que el único camino para acabar definitivamente con la morosidad es la creación de un régimen sancionador, tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación.

Hace unos días hemos sabido que, por primera vez en España, el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa tendrá un representante que defienda los derechos de las pequeñas y medianas empresas en materia de morosidad y plazos de pago.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra haber sido elegida para estar en el Consejo Estatal de la Pyme, lo que permitirá a la organización continuar presionando y trasladando, de manera mucho más directa y ágil, a los diferentes ministerios implicados, las necesidades de reducir los plazos de pago que convierten a las pequeñas y medianas empresas españolas en poco competitivas dentro del mercado europeo.

“Por primera vez, una plataforma multisectorial tendrá voz en este Consejo, que preside el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y que realiza un seguimiento de la evolución, problemas y políticas que afectan a las pequeñas y medianas empresas, como el nivel de morosidad y los plazos de pago de las facturas. Nuestra presencia nos permitirá trasladar directamente las exigencias de las empresas, defendiendo los derechos de las pequeñas organizaciones”, comenta Cañete.