Los abogados de familia estudian incorporar el daño moral a sus demandas de impagos y abren la puerta a la IA

Dos días intensos de trabajo han reunido a juristas de toda España en estas XXXI Jornadas de Familia que organiza AEAFA, y en donde el secretario de Estado Manuel Olmedo anunciaba en la primera jornada la intención de la Justicia de incorporar a los nuevos tribunales de instancia la especialización en familia. Junto a ello, se abordaron temas de actualidad como la IA, el nuevo recurso de casación final o las demandas con daños morales por impago.

Así, Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, asociada a AEAFA y  secretaria y socia fundadora de la Plataforma Infancia y Derecho, se mostraba esperanzada tras concluir este evento: “Es una reivindicación histórica de hace treinta años donde hay muchos colectivos implicados». Olmedo, que ha sido juez de familia, también inauguró la Cumbre de Mujeres Juristas que ha impulsado el ICAM y ha demostrado su sensibilidad por estos temas donde igualdad y derecho de familia son complementarios: «Ahora es el momento de crear un Código de Familia donde quede regulada la ejecución de las sentencias mejor».

Mesa de Clausura, Mariló Lozano, presidenta saliente, Isabel Winkels vicedecana del ICAM y Lola López-Muelas presidenta electa (IMAGEN: AEAFA)

Desde su punto de vista “fomentar la corresponsabilidad desde muy joven a las familias puede ser un elemento que, cuando se genera un conflicto, este sea menos grave y los abogados podríamos negociar mejor sin que en muchos casos acudiéramos a los tribunales. Esa corresponsabilidad supone que hombres y mujer se repartan las tareas domésticas y sigan sus carreras profesionales, esto es un ejemplo de igualdad que luego queda para sus descendientes. Se trata de crear familias paritarias y corresponsables”.

Para esta jurista, al hilo de la ponencia del taller impartido por Miguel Hermosa, decano del Colegio de Abogados de Palencia, sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) afirmaba lo siguiente: “hay que darse cuenta que las herramientas de IA no vienen a sustituir a nadie. Si logramos controlar los sesgos seremos mejores. El problema son los sesgos, así lo hemos analizado también en la Cumbre de Mujeres Juristas. Solo el 22% de las personas que alimentan esos datos son mujeres. Eso hace que nazca con muchos sesgos y eso es lo que hay que evitar”.

Sobre la intervención de Hermosa, Ana Clara Belio, socia directora de ABA Abogadas indicaba que “la inteligencia artificial es el gran desafío que tenemos los despachos pequeños. La mayor parte de los que nos dedicamos a esta práctica de familia se ejerce por despachos unipersonales o colectivos de tamaño reducido, por lo que tenemos pocas infraestructuras. El desafío es formarnos con la edad que tenemos algunos de estos profesionales”.

Para esta jurista, “después de la conferencia de Hermosa somos conscientes de que tenemos que avanzar en ese terreno y dotarnos de esas herramientas que nos ayuden a revisar contratos o demandas. Es la mejor manera de no quedarnos atrás. Es fundamental formarnos para utilizar CHATGPT. Habrá que ver si esta tecnología no abre una brecha entre los grandes y los pequeños despachos a nivel tecnológico”.

También cree que “otro uso de la IA se da en los propios juzgados y se trata de que se modernice la administración de justicia y dejen de utilizar el papel con procedimientos más agiles y eficientes. Es muy importante que se dote de medios a los juzgados para que realmente sean operativos. Sin esa inversión en medios y personal al que hay que formar en tecnologías, estaremos frenando la innovación en la justicia”.

Gestión del daño moral

La ponencia de Vicente Magro, magistrado de la Sala Penal del Supremo,  fue muy esperada. En declaraciones a Economist & Jurist explicaba tras su intervención  que “hemos puesto una sentencia (la 41/2024) en el Tribunal Supremo de la que he sido ponente y donde se admite el daño moral en el delito del impago de pensiones por sufrimiento que padecen las víctimas, sobre todo mujeres, en el caso de ese impago de pensiones compensatorias o alimenticia.  Se trata de añadir a la reclamación de ese impago el daño moral producido en ese periodo de tiempo”.

Desde su punto de vista, “esta situación produce un daño moral y tensión psicológica que al final hace que tengan que buscar ayuda en su entorno familiar.  Es injusto que en el procedimiento penal solo reclames lo que te deben. En mi charla he explicado como se puede demostrar ese daño moral. Ahí hay varias teorías como la del daño irreversible, la teoría del antes y después y la teoría del impacto de la declaración de la víctima. Esta última es importante, supone en el juicio oral preguntarle por su sufrimiento para que lo conozca el juez del asunto. Eso permite con la prueba aportada pedir otra indemnización adicional”.

Vicente Magro cree que las demoras por el pago de pensiones deben tener una sanción económica (IMAGEN: AEAFA)

Magro es autor, entre otras publicaciones de “un libro que es la guía práctica de delitos contra la violencia de género y libertad sexual, y que es un manual de 700 páginas publicado en Aranzadi, donde abordamos todas estas cuestiones y en una pregunta planteamos este tema. Creo que es lo justo que se pueda reclamar como indemnización adicional al sufrimiento que padecen. Ahí la declaración del impacto de la víctima es clara. Lo introduje en otra sentencia. Son argumentos que vienen del derecho anglosajón. También se aplica contra delitos contra violencia de género y sobre la libertad sexual”.

Para Carmen Varela, socia directora de Varela Abogados, firma especializada en derecho de familia que acaba de incorporar a la letrada Astrid Pont, “las tesis de Magro son muy interesantes. Abre una ventana a reclamar ese daño moral que muchos de nuestros clientes sufren habitualmente. Con la sentencia de la Sala Penal de la que es ponente, se abre una vía para poder reclamar en nuestras demandas dicho daño moral. Nosotros lo vamos a hacer en nuestras próximas demandas y posiblemente lo incorporemos al incumplimiento del régimen de visitas”.

Nuevo recurso de casación

Otro tema que se siguió con interés fue la reforma de casación en la jurisdicción civil que explicó el magistrado del Supremo José Luis Seoane. Para Borja Iriarte, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del País Vasco «los recursos que se planteen deben tener un interés general«. En su exposición explicó la problemática del recurso y la instrucción que han sacado. «Ahora parece que muchos TSJ están aplicando estos procedimientos y que muchos de ellos no son de cuantía pero que afectan a muchos ciudadanos».

A su juicio, “este recurso de casación es menos formalista que el anterior, pero si que hay que tener cuidado a la hora de presentar. Es importante explicar qué norma se ha infringido y, al mismo tiempo, explicar el interés casacional del recurso, si hay doctrina sobre la materia. Es importante definir bien los hechos. Ahora debe verse un error patente de esos hechos o que se vea en la sentencia de la Audiencia Provincial que está mal valorada la prueba”.

José Luis Seoane, magistrado del Supremo, que explicó la nueva reforma de casación civil (IMAGEN: AEAFA)

Para este magistrado “ahora se habla de presentar 25 folios, unos 50.000 caracteres. Es importante que el recurso no sea tan extenso. Al final, lo que pide ahora la Sala Civil es que sean cuestiones que interesen a grandes colectivos, sobre todo cuando no hay doctrina. Si la sentencia va en contra de la doctrina si que es más el caso en concreto, que debería estar resuelto de otra manera”

En otra de las mesas, el magistrado Javier Pérez,  magistrado de Juzgado de 1ª Instancia n.º 7 de Córdoba y autor de Los Libros Azules, con publicaciones de referencia en materia de familia, impartió su conferencia ‘El colegio y la universidad: otro foco importante de conflictos entre los progenitores’. En su exposición recordó que  “la  separación, el divorcio o la ruptura de la pareja no eximen a los padres de seguir cumpliendo con la obligación de formación y educación de los hijos. El problema es que no siempre se ponen de acuerdo”.

Este experto también aclaró: “en todas las cuestiones  de la educación y formación de los hijos, siempre existe un trasfondo económico y las discrepancias entre los progenitores suelen ser frecuentes. ¿Colegio público o privado? ¿Religioso o laico? ¿La universidad más próxima o alejada del domicilio familiar? Estos son algunas de las disputas que se generan cuando se separa una pareja y tienen hijos”.

En otro momento de su intervención ha indicado que “este asunto no está bien regulado. Hasta el momento, el Tribunal Supremo solo ha dictado tres sentencias que no aclaran del todo la problemática  y las interpretaciones de las Audiencias Provinciales son distintas unas de otras. Pero es un problema con el que los jueces nos encontramos a diario en los juzgados. El problema es quien paga estos gastos porque no acaba de estar bien regulado y son temas que llegan a los juzgados a diario”, explica el jurista.

Javier Martín abordó los conflictos entre padres separados por cuestiones educativos, muchos acaban en los juzgados (IMAGEN: AEAFA)

Datos del Observatorio de Abogados de Familia

En el transcurso de este evento se presentó un nuevo estudio del Observatorio de Abogados de familia. En esta ocasión, la vicepresidenta de la entidad, Beatriz de Pablo y el secretario de AEAFA, Álvaro Iraizoz presentaron las conclusiones sobre qué elementos generan tensión entre padres divorciados que ejercen la patria potestad.

La elección de colegio, las actividades extraescolares y el psicólogo lideran las disputas entre los padres que acaban en los tribunales. “Plantearles una vía extrajudicial es complicado, el 44% no quiere ir a la vía extrajudicial”, comento Iraizoz.

“En muchas ocasiones, uno de los padres se opone sin motivo, solo por llevar la contraria. Al analizar la disputa con detenimiento, no se observan razones de peso para oponerse a una ortodoncia, una actividad deportiva o clases de idiomas, por citar ejemplos cotidianos”, incide Beatriz de Pablo. “No parece lógico que un juez, con la carga de trabajo que tiene y la cantidad de procesos judiciales que se instan en este país, tenga que decidir si un niño que no es su hijo tenga que ir a inglés, francés, flauta o judo”, zanja.

Por otra parte, cuando las familias deciden resolver sus crisis familiares a través de la vía extrajudicial, los métodos más valorados son la mediación (37%) y la negociación colaborativa que emprenden los propios abogados formados en esta práctica (19%), según indica el Observatorio de Derecho de Familia.

Asimismo, la falta de servicios de mediación en los partidos judiciales es la que desincentiva la vía extrajudicial en un 22% de las situaciones. En otro 25%, el origen radica en la desconfianza del abogado en el éxito de estos métodos.

Tanto desde el ámbito de la magistratura como desde la abogacía especializada, se incide cada vez más en la importancia de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), que en el ámbito del derecho de Familia son la mediación, el derecho colaborativo y la conciliación privada que hacen los abogados de Familia. “Por el momento preferimos la confrontación”, dice Iraizoz

Para Ana Isabel Rodríguez abogada de familia con despacho abierto en Toledo, fue interesante la ponencia de Mercedes Caso, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, que abordó las controversias en el ejercicio de la potestad parental y los procesos de transición de género en la infancia y en la adolescencia. “Ha señalado que no tiene nada que ver el cambio de sexo registral que aparece en la ley 4/2023, que los niños y niñas que van a realizar el tratamiento médico especifico no está vinculado. Ahí entran en juego las competencias en materia de sanidad de las CCAA”.

La magistrada Mercedes Caso abordó en este segundo día cuestiones relacionadas con el proceso transgénero, la infancia y adolescencia (IMAGEN: AEAFA)

Otra cuestión que se comentó en el debate posterior es la situación que se genera entre el menor y sus padres si hay puntos de encuentro diferentes sobre el cambio de sexo. Es un tema que está por ver cómo se resuelve, porque podría incluso entrar el Ministerio Fiscal en estos temas. El cambio de sexo registral ya lo pueden hacer los menores a partir de los 16 años. Ese tratamiento médico está sujeto a la patria potestad y a la decisión de un juzgado si hay desacuerdo al final.