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El Ayuntamiento de Benidorm, condenado a indemnizar con más de 330 millones de euros por incumplir un convenio urbanístico

Los afectados son dos empresas propietarias del 90% del suelo del Sector APR-7 de la Sierra Helada, en Benidorm

Son 283 millones de euros de principal y alrededor de 50 millones de intereses. (Imagen: Ayuntamiento de Benidorm)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 3 min



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El Ayuntamiento de Benidorm, condenado a indemnizar con más de 330 millones de euros por incumplir un convenio urbanístico

Los afectados son dos empresas propietarias del 90% del suelo del Sector APR-7 de la Sierra Helada, en Benidorm

Son 283 millones de euros de principal y alrededor de 50 millones de intereses. (Imagen: Ayuntamiento de Benidorm)



El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) ha condenado al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar con 283 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión S.L. y Urban Villajoyosa 2000 S.L. por incumplir un convenio urbanístico que afecta a unos terrenos situados en la Sierra Helada. Cantidad a la que se suman los intereses legales, «que ascienden a alrededor de 50 millones de euros», según señala a Economist & Jurist el abogado que ha llevado el caso, José Domingo Monforte, socio director y fundador del despacho valenciano Domingo Monforte Abogados Asociados.

Estas empresas eran propietarias de más de 574.000 metros cuadrados en el Sector APR-7, el 90% del suelo de esa zona ubicada en primera línea de costa. En 2003 suscribieron con el Ayuntamiento dicho convenio por el cual cedían el terreno para posibilitar estuviera libre de edificación esta zona en la que se podía construir y se convirtiera en un parque natural, pero el Consistorio no cumplió con su parte, consistente en la compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de su propiedad. 



La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de apelación que los propietarios del terreno interpusieron, asistidos por este despacho, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante que en febrero de 2022 desestimó su reclamación de reconocimiento de derechos y cumplimiento del convenio. 

Panorámica de la Sierra Helada. (Imagen: Fundación Visit Benidorm)



El TSJ aplica en la sentencia los parámetros indemnizatorios que el propio convenio marca, dictaminando que el Ayuntamiento tiene que indemnizar a estos propietarios con 283.055.750,12 euros. 



El tribunal, integrado por los magistrados Desamparados Iruela Jiménez (presidenta), Inmaculada Gil Gómez y Laura Alabau Martí (ponente) destaca en la sentencia que los terrenos tenían la clasificación de suelo urbano desde el Plan General de 1963 y posteriormente fueron desclasificados, hace más de dos décadas que el Consistorio se comprometió a compensar a los propietarios afectados por la desclasificación con edificabilidad en otros terrenos equivalente a la de las parcelas cuya clasificación se había modificado y la compensación por parte del Ayuntamiento debía realizarse en un plazo de cinco años. 

Tras dos prórrogas, el Consistorio alegó que el convenio era nulo. Entonces, ante la falta de cumplimiento, los propietarios afectados llevaron el caso ante la Justicia y en primera instancia se acogieron los argumentos de la administración. 

José Domingo, socio director del despacho Domingo Monforte Abogados Asociados. (Imagen: Archivo)

«Estamos ante una sentencia de excelente factura jurídica que además de hacer justicia a los propietarios, es técnicamente impecable», declara el abogado José Domingo, precisando que «en la sentencia, el alto tribunal de la Comunidad Valenciana hace distinciones de qué es un convenio urbanístico, la vinculación que tiene para las partes y la confianza legítima que se espera del mismo».

«Cuando se pidió su ejecución, el Ayuntamiento planteó que era nulo y, en consecuencia, que no iba a cumplir, y entró en unas distinciones sobre si era un convenio urbanístico o de planeamiento, cuando está claro que era un convenio urbanístico, como clarifica la sentencia del TSJ con una técnica impecable y una valoración muy acertada», explica el letrado, concluyendo que la sentencia, «además de técnicamente impecable, es justa».

La resolución es la número 343/2024, de 23 de mayo. Todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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