El Defensor del Pueblo aclara que las dilaciones indebidas de algunos letrados son casos puntuales no generalizados

La queja fue unánime en redes sociales y a nivel institucional, donde los abogados se quejaron amargamente del comentario del Defensor del Pueblo sobre el papel de los abogados como causante de las dilaciones indebidas.

Algunos de los letrados que se quejaban en redes sociales de la recomendación de Ángel Gabilondo no entendían ese planteamiento cuando los perjudicados están siendo ellos y sus clientes. Eso hizo la respuesta rápida vía comunicado tanto del  tanto el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

La relación del Defensor del Pueblo con la Justicia es fluida. En alguna ocasión, las asociaciones de abogados han pedido que intercediera el Defensor del Pueblo ante la situación de la Justicia y del Turno de Oficio, pero por el momento no hubo respuesta de la institución.

El ICAM hizo lo mismo en mayo de 2023, cuando su decano, Eugenio Ribón; el diputado encargado de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; y la diputada encargada de Relaciones Institucionales, Roberta Poza, se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

En la reunión, el decano y los diputados abordaron la preocupación del ICAM por la designación de letrados de oficio para la defensa de personas jurídicas sin garantizar una justa compensación económica por ello, y han adelantado a Gabilondo que el ICAM presentará una queja formal en el registro del Defensor del Pueblo por este motivo.

Reunión con la abogacía institucional

Con posterioridad, el 26 de julio de 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunió con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Durante el encuentro, Ortega entregó al Defensor la Memoria Anual 2022 de la institución que preside.

Gabilondo y Ortega conversaron sobre las actividades del Consejo General de la Abogacía Española, destacando su labor en la consolidación de derechos y la defensa de necesidades. Se detuvieron en algunos aspectos concretos de la Memoria.

El Defensor valoró la trascendental labor de los más de 240.000 abogados y abogadas representados por el Consejo General de la Abogacía, reconociendo su relevante contribución a la defensa de derechos fundamentales y libertades públicas.

Gabilondo mostró especial interés en la labor de los letrados en la justicia gratuita y en el anteproyecto de la Ley de Derecho de Defensa, entre otros asuntos.

En julio del 2023, Ángel Gabilondo y la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, hablaron de cuestiones para mejorar Justicia. (Imagen: Defensor del Pueblo)

La Justicia funciona mal, según los ciudadanos

Sin embargo, las quejas sobre el funcionamiento de la Justicia representaron el 12.2% del total. El Defensor del Pueblo tramitó en 2023 un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022. De ellos, 34.926 fueron quejas de ciudadanos, lo que equivale al 12.2% sobre el funcionamiento de la Justicia.

Curiosamente, hace unos días el Defensor del Pueblo presentó su Memoria Anual en el Congreso de los Diputados, entregándosela a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 tuvieron que ver, entre otros, con la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.

En 2023, el Defensor del Pueblo formuló diversas recomendaciones para favorecer reformas normativas relativas a la prescripción de los delitos cometidos contra la libertad de los menores, la asistencia jurídica o la protección de los deudores hipotecarios, entre otros asuntos.

Un año más, las quejas relativas a retrasos en la administración de la Justicia han sido frecuentes y, de nuevo, los problemas de acceso a la nacionalidad y a los registros civiles también han motivado críticas ciudadanas.

Las dificultades del curador judicial y el guardador de hecho para realizar gestiones digitales en beneficio de personas con discapacidad ante la Administración Pública han sido dos de los asuntos a los que la institución Defensor del Pueblo ha prestado especial atención en 2023.

En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó 35.603 expedientes, 4,151 más que en 2022. Recibió 34.926 quejas, lo que supone 3.849 más que en 2022. También recibió 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos, e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022.

Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de manera presencial.

Estos expedientes dieron lugar a la tramitación de 2.366 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones, estatales, autonómicas y locales. De ellas, 668 fueron recomendaciones, 987 fueron sugerencias, 708 fueron recordatorios de deberes legales y tres fueron advertencias.

Reunión entre el decano, Eugenio Ribón, y su Junta con el Defensor del Pueblo (Imagen: ICAM)

El Defensor habla de un caso concreto

Ahora, en una nota pública que se dio a conocer este miércoles, el Defensor del Pueblo puntualiza que algunas actuaciones dilatorias de mala fe de algunos letrados, que perjudican el derecho a la Justicia, no son prácticas generalizadas entre los abogados.

El Defensor aclara así su posición ante la reacción del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de la Abogacía de Madrid al conocer una de las recomendaciones que la institución hizo en 2023 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que aparece publicada en uno de los anexos del Informe anual 2023 del Defensor del Pueblo, registrado en las Cortes Generales la pasada semana.

La citada recomendación, emitida el pasado mes de septiembre, indicaba textualmente: “Que el Consejo General del Poder Judicial adopte las medidas oportunas para garantizar que los magistrados y jueces ejercen debidamente la función de ordenación del proceso, asegurando el principio de buena fe procesal, y que apliquen las herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la Justicia sin dilaciones indebidas”.

Esta recomendación responde a un caso concreto en el que el propio letrado de la Administración de Justicia del juzgado reconoce que las dilaciones indebidas en este proceso se debieron “a la actuación claramente dilatoria del abogado de la parte demandada”. El caso puede ser consultado en: https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-para-garantizar-que-magistrados-y-jueces-apliquen-herramientas-legales-que-eviten-actuaciones-dilatorias-de-mala-fe/

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, permite al Defensor del Pueblo dictar recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias a los poderes públicos, con el fin de perfeccionar su funcionamiento y garantizar mejor los derechos de la ciudadanía. Su formulación no significa necesariamente la existencia de un problema generalizado o extendido. Basta que reclame la adopción de medidas que, sin perjuicio de inspirarse en algún o en algunos casos concretos, pudieran ser de aplicación a otros de similar naturaleza.

Ángel Gabilondo manifiesta «estar convencido de que la vinculación entre abogacía y dilaciones indebidas es la excepción, como también de que ningún colectivo, por prestigioso que este sea, es completamente inmune a comportamientos incorrectos”.

“En modo alguno”, recalca el Defensor del Pueblo, “consideramos que se trata de un comportamiento habitual y generalizado de la abogacía, como tampoco el establecimiento de un código deontológico o un régimen disciplinario de una profesión significaría que existe un comportamiento indebido generalizado”.

“Hemos pretendido poner en valor lo que dispone —y previene— el artículo 11.1, primer inciso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial: ‘En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe’. Elemento importante, al lado de otros muchos, para avanzar hacia la Justicia moderna, ágil y eficaz que profesionales y justiciables reclaman”, apunta Gabilondo.