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El juez Aguirre rechaza amnistiar a Puigdemont y eleva al Supremo la causa de la injerencia rusa

Para que investigue al expresidente catalán y al diputado de Junts Francesc de Dalmases por traición, malversación y pertenencia a organización criminal

(Imagen: RTVE)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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El juez Aguirre rechaza amnistiar a Puigdemont y eleva al Supremo la causa de la injerencia rusa

Para que investigue al expresidente catalán y al diputado de Junts Francesc de Dalmases por traición, malversación y pertenencia a organización criminal

(Imagen: RTVE)



El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha rechazado amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 12 investigados por la presunta injerencia rusa en el ‘procés’ y ha elevado la causa al Tribunal Supremo (TS) para que investigue a Puigdemont y al diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Francesc de Dalmases por supuestos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, dado que son aforados.

Y al estar aforados, según dispone el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la instrucción y enjuiciamiento tendría que encargarse el Alto Tribunal.



Como informó Economist & Jurist, el magistrado Joaquín Aguirre López, instructor del caso Voloh, abrió el pasado 21 de junio una pieza separada sobre la presunta injerencia rusa en el proceso independentista de Cataluña para investigar, «a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social».

Entre los investigados en esta pieza también están el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el abogado Gonzalo Boye; la exconsejera Elsa Artadi; y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas. El resto son Jordi. S. B.; Natalia B. R., Zeus B. G., Miquel C. F. y Aleksander D. A todos ellos se les atribuye la comisión de los citados delitos, que detalla en la exposición razonada elevada al Supremo, de 82 páginas.



Los intereses de ambas partes

En su resolución de no amnistiabilidad, fechada a 8 de julio y de 39 páginas, el instructor explica «se ha podido acreditar que estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia, e igualmente, se ha podido conocer las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes».



Señala que se dio la circunstancia que diferentes países de la Unión Europea dieron la espalda al secesionismo catalán en un momento en que sus deseos de independencia coincidieron en el tiempo con la política de Rusia, y que «ambos intereses configuraron el procès como el escenario idóneo de sus mutuos intereses».

Puigdemont, y la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, acompañando al expresidente Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau al TSJCat. (Imagen: RTVE)

«Para la política rusa, el procès era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia. Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito, y Catalunya hubiera obtenido la Independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Catalunya, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas«, expone.

El magistrado indica que «a diferencia de otras injerencias en procesos electorales, Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y lo prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del Estado español, y que manejaba la esfera comunicativa con notable pericia, por lo que Rusia únicamente tenía que dar difusión y amplificar el relato generado por el propio movimiento independentista catalán».

Como conclusión, a este magistrado le resulta evidente que en el caso de Cataluña «la única posibilidad razonable (para una potencia extranjera -Rusia-) era el desempeño de una guerra híbrida y no una invasión normal, al tratarse de una región que pertenece a la Unión Europea, y por ello, una determinada ‘zona’ que resultaba de interés para una potencia que pretendiera por medio de la guerra híbrida alterar el regimen político de un estado con la finalidad de que pasara a formar parte de un bloque internacional contrario a aquél al que pertenece».

Por ello, según precisa, «el esfuerzo ruso fue dirigido a la manipulación de las autoridades políticas y de la población a fin de influir directamente en la sociedad catalana y conseguir que se produjera una escisión voluntaria de la Unión Europea, mediante la Declaración Unilateral de Independencia», y ello habría obligado a los políticos catalanes «a echarse en brazos del reciente amigo ruso como medida para impedir el caos económico y social, dado el conocido y grave problema de déficit público que tenía y tiene Catalunya».

Organización criminal

El magistrado afirma que «la organización criminal de la que formarían parte, de una u otra forma, los investigados se habría iniciado en el 2010 con el nombramiento de Artur Mas Gavarró como presidente de la Generalitat de Catalunya (GenCat)». 

Afirma que «es lógico pensar que cualquiera de las iniciativas de calado internacional tomadas por Terradellas eran conocidas y aprobadas por sus sucesivos responsables políticos». «Tanto Artur Mas como Carles Puigdemont, tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos, disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al Estado español al que representaban», agrega.

El expresidente catalán Artur Mas. (Imagen: Archivo)

El magistrado indica que «se produce así una suerte de autoría mediata en la que elementos directivos, con gran capacidad operativa e influencia, representados por Terradellas primero y Josep Lluís Alay después, actuaban como instrumentos al servicio de una línea de trabajo estable que ha permanecido durante años, a pesar de los sucesivos relevos personales acaecidos».

Respecto a los delitos a cometer por la organización, el instructor explica que «serían los de traición, empleando como medio una posible malversación de caudales públicos». «Dado que el delito de pertenencia a organización criminal tiene como presupuesto la comisión de otros delitos, si estos no pueden quedar amnistiados, tampoco podrá quedarlo el de pertenencia al de organización criminal para cometer los delitos de traición y el de malversación de caudales públicos», concluye.

Traición

Respecto al delito de traición, el instructor deduce que «la amenaza fue real y efectiva». En primer lugar, porque «del conjunto de actos que se ejecutaron antes del 27 de octubre de 2017 y que tuvieron su culminación ese mismo día, poco antes de la Declaración Unilateral de Independencia, la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos».

El magistrado afirma que «si no llegó a hacerse efectiva ese día, según la persona que estaba presente y que urdió la injerencia rusa, Victor Terradellas, fue porque el expresidente Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Catalunya y él mismo continuar con la Declaración Unilateral de Independencia y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, y contrario a la democracia liberal de la Unión Europea, abandonando definitivamente la pretendida aunque ilusoria protección de la Unión Europea».

Malversación

Sobre el delito de malversación, el instructor explica que la presunta malversación se realizó como medio para la comisión del delito de traición, y que en caso de que la traición hubiera triunfado. se habría producido la secesión de una parte del territorio nacional de tal manera que, como dice el Tribunal Supremo “habría afectado, aunque lo fuera en grado de mera tentativa, a la Renta Nacional Bruta Estatal y, por ende, al presupuesto comunitario”.

El magistrado señala que dado que el artículo 2 e) excluye del ámbito objetivo de la LO 1/2024 los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea, «debemos considerar que los delitos de malversación cometidos en concurso medial con la traición no están amparados por la LO 1/2024, al perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea, puesto que la suma que España aportaría a los presupuestos generales de la Unión Europea habría sido inferior, con lo que los intereses financieros de la Unión hubieran quedado afectados».

Sede del Parlamento Europeo. (Foto: E&J)

En el auto avanza que en una ulterior fase de instrucción deberá investigarse por el órgano judicial al que corresponda si la Oficina de Cataluña en Moscú realizó gastos «para sufragar los actos conspirativos para la consumación de la secesión, dado el informe número 1319 del Tribunal de Cuentas, publicado en marzo de 2019, correspondiente a la fiscalización de la utilización de fondos públicos durante el periodo 2011-2017», periodos en los que la Presidencia de la Generalitat estuvo ocupada por Artur Mas y Carles Puigdemont, se desprende que la Generalitat «tendría obligaciones reconocidas en su acción exterior por un importe de más de cuatrocientos millones de euros (al menos de 416.844.599€), utilizados por diferentes departamentos, entre ellos, más de 130 millones».

«Euros de los fondos corresponderían a la empresa pública Acció, no estando lo suficientemente justificados el empleo de estas cantidades», precisa el magistrado.

Entre otras cosas, indica que el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la oficina de Cataluña en Moscú, ya que contrariamente a lo que sucedía con otras Oficinas de la GenCat, la Oficina de Moscú tenía el servicio de gestión subcontratado con terceros mediante «contratos de prestación de servicios con personas físicas que, en tanto que tienen por objeto acciones continuadas en el tiempo bajo la dirección y la supervisión de la dirección de la entidad, debieron haber sido objeto de contratación laboral», y señaló como ejemplo dos contratos por valor total de 2,1 millones de euros y otro adjudicado «en base a un procedimiento negociado sin publicidad» por valor de 32.628 euros, lo cual «no parece justificado a efectos de eficacia en la gestión y el control».

Aguirre López añade que la misma irregularidad encontró la Sindicatura de Cuentas de Cataluña -ente homólogo al Tribunal de Cuentas en la región- en un informe sobre la Agencia Catalana de Turismo publicado en 2019, que subrayó cómo en 2015 la Generalitat adjudicó un contrato a J.M.P.M., prorrogable hasta 2020, por valor de más de dos millones de euros para «la promoción de la oferta turística catalana en el mercado de Rusia y los países de la ex URSS» y consideró que el contrato -«que asciende a 400.000 euros anuales aproximadamente»- «no delimita de forma clara cuáles son los gastos incluidos dentro del contrato y cuáles no». Además, añadió que los pliegos del concurso por el que se adjudicó «establecen criterios que podrían limitar el principio de concurrencia e igualdad de trato, teniendo en cuenta que J.M.P.M. presta esos servicios [para la Generalitat] al menos desde el año 2002″.

El magistrado explica que entre los gastos adjudicados por la GenCat para la promoción turística en Rusia y los países que formaban parte de la URSS constan algunos como una «cena de gala» de 14.900 euros con motivo de la feria MITT 2018 u otra de 12.000 euros celebrada en el lujoso restaurante Turandot para la edición de este mismo foro en 2019, según figura en el propio portal de transparencia de la Administración catalana.

Además, apunta que, según ha aparecido en la prensa, la GenCat también pagó un viaje al número 2 de Puigdemont a Rusia en 2019, «hecho que también se deberá comprobar e investigar», y señala que otra muestra de la vinculación del Govern de la GenCat con Rusia «es la puesta en órbita de un nanosatélite a través de la agencia aeroespacial rusa al margen de la Agencia Espacial Europea».

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