El juicio que se avecina contra Nicolás Maduro en Nueva York

I. Introducción

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará registrada en los anales del derecho penal internacional como el momento en que la justicia estadounidense extendió su brazo más allá de las fronteras hemisféricas para capturar a quien consideraba el arquitecto de una empresa criminal travestida de gobierno. Bajo el nombre operativo Absolute Resolve, fuerzas especiales norteamericanas ejecutaron una incursión en Caracas que culminó con la detención de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados inmediatamente bajo custodia federal a Nueva York.

Este acontecimiento no es un acto espontáneo de audacia militar, sino la culminación de una investigación que lleva décadas gestándose en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, específicamente bajo la causa S4 11 Cr. 205 (AKH). La premisa central de esta acusación resulta tan audaz como inquietante: un Estado soberano fue transformado sistemáticamente en una estructura criminal dedicada al narcoterrorismo.

La magnitud del proceso que ahora inicia encuentra pocos precedentes en la historia judicial moderna. Quizás el juicio contra Manuel Antonio Noriega en la década de 1990 ofrece un parámetro de comparación, pero incluso aquel caso palidece ante la complejidad estructural de la acusación contra Maduro. No se trata únicamente de juzgar a un individuo por delitos de tráfico de estupefacientes, sino de desmontar judicialmente toda una red jerárquica conocida como el Cártel de los Soles, integrada por oficiales militares de alto rango y funcionarios civiles que, según sostiene el Departamento de Justicia, utilizaron el control territorial de Venezuela para facilitar el tránsito de cientos de toneladas métricas de cocaína hacia territorio estadounidense. La tesis fiscal va más allá del enriquecimiento ilícito: argumenta que Maduro y sus coacusados emplearon el narcotráfico como un instrumento estratégico destinado a socavar la salud pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Analizado desde una perspectiva de derecho internacional público, este juicio representa la consolidación de un paradigma en el que el narcotráfico de origen estatal es elevado a la categoría de amenaza terrorista global. Las designaciones formales de organizaciones como el Tren de Aragua y el propio Cártel de los Soles como Organizaciones Terroristas Extranjeras durante 2025 sentaron las bases jurídicas necesarias para que activos militares pudieran desplegarse en la ejecución de órdenes de captura originalmente civiles. Este informe aborda los antecedentes históricos de la conspiración, los perfiles detallados de los investigados, las alianzas estratégicas con grupos irregulares armados, los mecanismos de corrupción institucional y las profundas implicaciones legales de un proceso que promete redefinir los límites de la inmunidad soberana y la jurisdicción extraterritorial en el siglo XXI.

II. Génesis y evolución de la estructura criminal

El origen de la red que hoy enfrenta la justicia federal estadounidense no puede situarse en un momento aislado, sino que requiere remontarse a 1999, año en que Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. Según la acusación formal presentada ante el tribunal neoyorquino, fue durante este período cuando se cimentó una alianza estratégica entre el alto mando militar venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Lo que inicialmente pudo haberse presentado como una afinidad ideológica basada en un discurso bolivariano se transformó rápidamente en una simbiosis operativa donde Venezuela ofrecía refugio seguro, apoyo logístico y rutas de salida protegidas para la cocaína producida por la guerrilla colombiana. A cambio, los oficiales venezolanos recibían participación directa en las ganancias y contaban con una fuerza irregular dispuesta a defender al régimen ante cualquier amenaza interna o externa.

El nombre Cártel de los Soles no es una invención reciente ni un mote periodístico. Sus raíces se extienden hasta la década de 1990, cuando las investigaciones iniciales apuntaron hacia generales de la Guardia Nacional como Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, ambos vinculados con delitos relacionados con el narcotráfico.

La denominación hace referencia directa a las insignias que portan los oficiales generales del ejército venezolano en sus uniformes: soles dorados que simbolizan el más alto rango. Esta nomenclatura subraya un aspecto central de la acusación: la corrupción no era un fenómeno marginal perpetrado por elementos descarriados de las bases militares, sino una política institucionalizada en la cúspide de la pirámide jerárquica.

Con la llegada de Nicolás Maduro a la vicepresidencia y posteriormente a la presidencia tras la muerte de Chávez en 2013, este esquema no solo se mantuvo, sino que se industrializó. Las estimaciones de inteligencia estadounidense sugieren que el volumen de droga transitada por territorio venezolano alcanzó cifras anuales de entre 200 y 250 toneladas métricas.

Un punto de inflexión en esta cronología criminal lo constituye la expulsión de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos del territorio venezolano en 2005. Bajo acusaciones de espionaje formuladas por Hugo Chávez, el cese de la cooperación antinarcóticos permitió al régimen consolidar un control absoluto sobre las rutas aéreas y marítimas. Venezuela se convirtió, en términos prácticos, en un puente aéreo sin supervisión internacional alguna. Esta ausencia de control fue explotada sistemáticamente para establecer alianzas con carteles mexicanos, particularmente con el de Sinaloa y Los Zetas, que se convirtieron en los receptores finales de la mercancía en Centroamérica y México, cerrando así el ciclo de distribución que inundaba las ciudades estadounidenses.

La escalada de las tensiones legales alcanzó su punto álgido en marzo de 2020 con la presentación de los cargos iniciales contra Maduro. Sin embargo, fue la administración de Donald Trump la que, durante 2025, elevó la presión al máximo nivel. Al duplicar la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y clasificar a sus organizaciones aliadas como grupos terroristas, Washington preparó meticulosamente el terreno para una confrontación que trascendió lo meramente diplomático. Este enfoque se fundamentó en inteligencia que sugería que Maduro no era simplemente un gobernante autoritario, sino el líder operativo de una empresa de extorsión y narcotráfico que utilizaba los recursos de un país entero para financiar una red de inestabilidad regional sin precedentes en el hemisferio occidental.

III. Los investigados y la estructura jerárquica del cartel

Nicolás Maduro Moros es presentado en la acusación federal como el arquitecto supremo de la conspiración narcoterrorista. Su trayectoria biográfica, desde conductor de autobús y dirigente sindical hasta gobernante de facto, adquiere en el expediente judicial un carácter siniestro: el ascenso de un individuo que terminó secuestrando las instituciones democráticas para blindar una red criminal de alcance global.

Los cargos en su contra no se limitan a la supervisión pasiva o al conocimiento tácito de actividades ilícitas, sino que le imputan la negociación directa de cargamentos de cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la coordinación de suministros de armas de grado militar a insurgentes y el uso deliberado de la Guardia Nacional para proteger laboratorios de procesamiento de droga en zonas fronterizas.

El Distrito Sur de Nueva York subraya que Maduro operó desde 2006, cuando ocupaba el cargo de Canciller, hasta 2026, como gobernante de facto, utilizando su autoridad para facilitar el tráfico a gran escala. Incluso tras ser desconocido por más de 50 países después de las fraudulentas elecciones de 2018 y 2024, Maduro mantuvo el control del aparato represivo, lo que le permitió seguir utilizando puertos y aeropuertos estatales para la exportación ilícita. Esta dualidad entre líder político y jefe de cartel es lo que sustenta los cargos de Continuidad de Empresa Criminal, un estatuto diseñado para los líderes de organizaciones que cometen delitos graves de manera sistemática y continua.

Cilia Adela Flores, identificada en Venezuela como la Primera Combatiente, ocupa un lugar central en la nueva acusación sustitutiva de 2026. Más allá de su rol ceremonial, la fiscalía la señala como una operadora clave en la gestión de los beneficios económicos de la familia y en la protección jurídica de la red. Flores, quien fue Presidenta de la Asamblea Nacional y Procuradora General, habría utilizado su influencia para colocar a familiares directos en puestos estratégicos de control de divisas, aduanas y justicia, garantizando que ninguna investigación local pudiera prosperar contra el círculo íntimo del régimen.

El caso de sus sobrinos, conocidos como los narcosobrinos, capturados en 2015 y condenados por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína, es citado como un antecedente directo de su participación. Aunque recibieron clemencia presidencial en 2022, informes de inteligencia de 2025 indican que se reincorporaron a las actividades de narcotráfico bajo la protección de Flores, lo que demuestra la naturaleza persistente y familiar de la organización. En el juicio actual, se espera que la fiscalía presente pruebas documentales de cómo Flores gestionó cuentas bancarias en paraísos fiscales y facilitó el uso de aeronaves presidenciales para el transporte de mercancías ilícitas y dinero en efectivo.

Diosdado Cabello Rondón es descrito como el líder operativo del Cártel de los Soles y el enlace principal con las estructuras de poder militar y policial en Venezuela. Su trayectoria, que incluye la vicepresidencia del país y la presidencia de la Asamblea Nacional, le permitió construir un sistema de patronazgo donde la lealtad de los oficiales era comprada con la participación directa en el negocio del narcotráfico. Cabello es acusado de controlar directamente las aduanas y los puertos, asegurando que los envíos del cartel tuvieran prioridad absoluta y protección frente a cualquier intento de intercepción por parte de elementos no corrompidos de las fuerzas de seguridad.

Su importancia radica en su capacidad para movilizar a los colectivos, grupos paramilitares, y a la policía política venezolana para proteger las rutas de suministro y silenciar a posibles testigos o competidores. La acusación detalla cómo Cabello recibía pagos directos de traficantes colombianos y mexicanos, dinero que posteriormente era lavado a través de una vasta red de testaferros y empresas pantalla en el sector de la construcción y los servicios petroleros. Su figura representa la militarización del crimen organizado en Venezuela, donde el uniforme militar se convirtió en la licencia oficial para delinquir a escala masiva.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y conocido como Nicolasito, personifica la evolución del régimen hacia el control de los recursos naturales para fines delictivos. Investigado por su participación en esquemas de corrupción relacionados con el oro y el coltán, Maduro Guerra es señalado por coordinar la exportación ilegal de minerales preciosos del Arco Minero del Orinoco. Estos minerales, extraídos en condiciones de esclavitud moderna y devastación ecológica, han servido como una vía de financiación paralela al narcotráfico, permitiendo al régimen obtener divisas líquidas frente al cerco de las sanciones internacionales.

La fiscalía federal sostiene que Maduro Guerra utilizó su posición en la Asamblea Nacional y otros cargos designados para supervisar el transporte de oro hacia aliados como Irán y Turquía, a menudo intercambiando el mineral por suministros tecnológicos o militares que ayudaran a mantener el control represivo en Venezuela. Su rol es fundamental para entender cómo el Cártel de los Soles diversificó sus activos, convirtiendo a Venezuela en una economía de saqueo donde el hijo del mandatario actuaba como el principal gestor de la riqueza nacional robada.

(Imagen: Tribunal federal de Nueva York)

IV. Alianzas con organizaciones terroristas y carteles transnacionales

La columna vertebral de la acusación de narcoterrorismo reside en la colaboración documentada entre el Estado venezolano y las guerrillas colombianas. Desde 1999, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido el principal proveedor de la base de cocaína que el Cártel de los Soles procesa y transporta. A cambio, el régimen de Maduro ha proporcionado armamento de fabricación rusa, como fusiles de asalto AK-103, protección mediante desactivación de radares y el uso de bases aéreas militares para el despacho de los cargamentos. Esta relación no era meramente transaccional ni se limitaba al intercambio de mercancías. Maduro llegó a proponer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entrenaran a milicias venezolanas para crear un brazo armado que garantizara la supervivencia del régimen frente a una eventual intervención extranjera.

El Ejército de Liberación Nacional también ha encontrado en Venezuela un refugio estratégico y un socio comercial. Bajo el mando de figuras protegidas en Caracas, el Ejército de Liberación Nacional controla gran parte de las zonas mineras en el sur de Venezuela, actuando como la fuerza de choque que garantiza la extracción de oro para el beneficio de la cúpula madurista. Esta alianza ha permitido al Ejército de Liberación Nacional expandir su capacidad militar y financiera, convirtiéndose en una extensión de facto de la seguridad del Estado venezolano en zonas fronterizas donde la autoridad legítima ha desaparecido por completo.

Uno de los desarrollos más recientes y alarmantes en el panorama criminal venezolano es la internacionalización del Tren de Aragua. Esta organización, que comenzó como una pandilla carcelaria en el penal de Tocorón, ha sido designada como Organización Terrorista Extranjera por los Estados Unidos en 2025.

El juicio en Nueva York permitirá, en teoría, la presentación de pruebas de cómo el gobierno de Maduro permitió al líder de la banda, Héctor Niño Guerrero, dirigir operaciones criminales desde la prisión a cambio de cuotas de las ganancias y el uso de la banda para reprimir a la disidencia venezolana en el extranjero. El Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos a través de la ruta migratoria, estableciendo células operativas en Colombia, Perú, Chile y los Estados Unidos.

Se les acusa de delitos que van desde el tráfico de armas y la extorsión hasta el fraude cibernético masivo, incluyendo técnicas de robo de cajeros automáticos conocidas como jackpotting en Nebraska y Nueva York. La fiscalía argumenta que el Tren de Aragua actúa como un brazo logístico de calle para el Cártel de los Soles, facilitando el microtráfico y el lavado de dinero en las ciudades donde el cartel estatal venezolano no puede operar de forma abierta.

La distribución de la droga venezolana en los mercados norteamericanos ha dependido históricamente de alianzas con los carteles mexicanos. La acusación detalla cómo Maduro y sus coacusados establecieron acuerdos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, para recibir cargamentos en Centroamérica. Estos grupos mexicanos, designados también como organizaciones terroristas en 2025, han utilizado la infraestructura venezolana para diversificar sus fuentes de suministro, especialmente ante la presión constante sobre las rutas colombianas tradicionales.

El Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de figuras como los hijos de Joaquín Guzmán Loera y la facción Beltrán Leyva, ha sido un socio fundamental en la inundación de fentanilo y cocaína en los Estados Unidos. La fiscalía neoyorquina sostiene que el Cártel de los Soles proporcionó no solo la droga, sino también equipos de seguridad fuertemente armados para proteger los cargamentos que transitaban hacia el norte. Esta cooperación transnacional entre un Estado y organizaciones terroristas constituye la base del cargo de conspiración global que Maduro deberá enfrentar en el estrado.

V. Mecanismos de corrupción institucional y logística criminal

Venezuela se transformó bajo el mando de Maduro en una plataforma giratoria para el narcotráfico global. La geografía del país, con su extensa costa caribeña y su frontera porosa con Colombia, fue explotada mediante el establecimiento de lo que las agencias de inteligencia denominan el puente aéreo. Desde aeropuertos militares como La Carlota o bases en el estado Apure, despegaban aeronaves cargadas con toneladas de cocaína con planes de vuelo falsificados o bajo la protección de señales de radar desactivadas por orden presidencial.

Este sistema permitía que los cargamentos llegaran a Honduras y Guatemala en menos de tres horas, donde eran recibidos por grupos locales vinculados a los carteles mexicanos. Se estima que este corredor facilitaba la salida de hasta 250 toneladas de cocaína al año, lo que equivale a millones de dosis letales destinadas a los consumidores estadounidenses. La fiscalía ha recopilado testimonios de pilotos y controladores aéreos desertores que detallan cómo los altos mandos militares cobraban tarifas fijas por cada despegue, dinero que se repartía directamente entre Maduro, Cabello y sus asociados más cercanos.

Para gestionar las inmensas ganancias derivadas del tráfico, el régimen de Maduro desarrolló una sofisticada red de lavado de dinero que involucraba a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y al sistema bancario nacional. Según el Departamento del Tesoro, miles de millones de dólares fueron blanqueados mediante contratos ficticios de suministro de alimentos a través del programa de cajas de comida CLAP y obras de infraestructura nunca ejecutadas. Figuras como Alex Saab y Tareck El Aissami fueron fundamentales en la creación de empresas pantalla en jurisdicciones como Panamá, Hong Kong y Turquía para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, el régimen giró hacia el uso de criptoactivos para evadir el rastro financiero tradicional. La creación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos fue, según la acusación, un mecanismo oficial para facilitar transacciones de narcotráfico y pagos a grupos terroristas fuera del sistema bancario internacional. Joselit Ramírez, superintendente de criptoactivos, es coacusado en Nueva York por orquestar estos esquemas que permitieron a Maduro y su círculo íntimo mantener el acceso a divisas extranjeras incluso bajo el bloqueo financiero internacional.

La corrupción estatal se extendió más allá de las drogas hacia la explotación depredadora de los recursos minerales de Venezuela. El denominado Arco Minero del Orinoco se convirtió en un territorio sin ley donde el Cártel de los Soles, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional, extrae oro de manera ilegal para financiar las operaciones del régimen. Este mineral es transportado a menudo en valijas diplomáticas o aviones oficiales para ser vendido en mercados internacionales sin ningún tipo de control ético o financiero.

Este esquema no solo representa una pérdida masiva de patrimonio nacional, sino que ha servido como un mecanismo alternativo de pago para aliados estratégicos como Irán, a cambio de combustible y tecnología militar. El papel de Nicolás Maduro Guerra en la supervisión de estas minas subraya la centralización de la corrupción en la familia presidencial, asegurando que cada gramo de oro extraído contribuya a la perpetuación de la estructura narcoterrorista.

VI. Fundamentos jurídicos y desarrollo del proceso judicial

El juicio contra Maduro en el Distrito Sur de Nueva York se fundamenta en la capacidad de los tribunales estadounidenses para procesar delitos cometidos fuera de sus fronteras si estos tienen un impacto directo en el territorio nacional. Bajo los estatutos de narcoterrorismo, la fiscalía no necesita demostrar que el acusado estuvo físicamente en los Estados Unidos, sino que conspiró para introducir drogas o apoyar a grupos terroristas que amenazan la seguridad de la nación. Este principio ha sido validado en numerosos casos contra capos de la droga y líderes insurgentes internacionales, consolidando una doctrina de jurisdicción extraterritorial que se extiende a cualquier acto criminal que produzca efectos dañinos en territorio estadounidense.

La defensa de Maduro probablemente invocará la inmunidad de jefe de Estado para intentar invalidar el proceso. Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense, particularmente tras el caso de Manuel Noriega y la decisión de la Cámara de los Lores británica en el caso de Augusto Pinochet, sugiere que la inmunidad no es absoluta cuando se trata de crímenes contra la humanidad o actividades criminales que no forman parte de los actos legítimos de gobierno. El hecho de que Maduro ya no fuera reconocido como presidente legítimo por los Estados Unidos desde 2019 debilita significativamente su posición jurídica ante la corte neoyorquina. La inmunidad funcional, aquella que protege a los funcionarios estatales en el ejercicio de sus funciones oficiales, no puede extenderse a actividades que son claramente delictivas bajo el derecho internacional.

Un tema central de controversia legal será el método de captura de Maduro. La Operación Absolute Resolve, ejecutada por fuerzas especiales el 3 de enero de 2026, ha sido calificada por defensores del derecho internacional como una violación de la soberanía y la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, los tribunales de los Estados Unidos aplican la doctrina Ker-Frisbie, que establece que la jurisdicción de un tribunal sobre un acusado no se ve afectada por la ilegalidad del arresto o la forma en que fue traído ante la corte, siempre que no haya habido tortura o maltrato extremo que choque la conciencia judicial.

La fiscalía se apoyará en memorandos internos del Departamento de Justicia, como el famoso memorando del Fiscal General William Barr de 1989, que sostiene que el poder ejecutivo tiene la autoridad para ordenar la captura de fugitivos internacionales en cumplimiento de leyes federales, incluso por encima de tratados internacionales si la seguridad nacional está en juego. Esta interpretación expansiva del poder presidencial ha sido el pilar de operaciones antiterroristas durante décadas y será la defensa principal de la administración frente a las impugnaciones de los abogados de Maduro.

Los cargos acumulados contra Maduro y Flores conllevan penas que podrían sumar varias cadenas perpetuas consecutivas. Solo el cargo de narcoterrorismo tiene una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión federal. La fiscalía planea presentar una cantidad abrumadora de pruebas, incluyendo testimonios de ex altos cargos del régimen que se encuentran bajo el programa de protección de testigos, como Hugo Carvajal y Cliver Alcalá, quienes ya se han declarado culpables y están cooperando activamente con las autoridades.

Además de los testimonios, el juicio contará con interceptaciones telefónicas, registros financieros detallados y datos satelitales que documentan los movimientos de droga y armas coordinados por los investigados. El uso de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado permitirá a los fiscales tratar al gobierno venezolano como una empresa criminal, lo que facilita la imputación de delitos cometidos por subordinados directamente al liderazgo máximo de la organización.

(Imagen: ONU)

VII. Implicaciones para Venezuela y el equilibrio regional

La captura de Maduro ha creado un vacío de poder que la comunidad internacional busca llenar rápidamente mediante el reconocimiento de las autoridades legítimas. Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo tras las elecciones de 2024, es visto por Washington y sus aliados como la figura central para liderar un gobierno de transición que restaure el hilo constitucional. Su reciente reunión con el presidente de los Estados Unidos y el apoyo recibido en foros internacionales como el de Ginebra subrayan su legitimidad frente a la caída del régimen de facto. La restauración democrática en Venezuela implica no solo el cambio de liderazgo, sino el desmantelamiento total de las redes del Cártel de los Soles infiltradas en el estamento militar.

Hay que reseñar que la nueva administración deberá enfrentar el desafío monumental de pacificar zonas controladas por el Ejército de Liberación Nacional y el Tren de Aragua, organizaciones que podrían intentar resistir el cambio político para proteger sus lucrativos negocios ilícitos. La cooperación con agencias internacionales de seguridad será fundamental para limpiar las instituciones de la corrupción sistémica que Maduro institucionalizó durante más de una década.

María Corina Machado, líder indiscutible de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido la arquitecta de la resistencia interna que facilitó el escenario para la intervención internacional. Su exigencia de una transición ordenada y el fin de la impunidad resuena ahora con más fuerza ante el juicio inminente de Maduro. Machado ha insistido en que el juicio en Nueva York no es un acto de venganza política, sino de justicia para las millones de víctimas de la represión, la crisis humanitaria y el crimen organizado en Venezuela.

La caída de Maduro también representa un golpe mortal para la influencia de Cuba y Rusia en la región. Con el cese de los subsidios petroleros y la interrupción de las redes de inteligencia cubana que protegían a Maduro, Venezuela tiene la oportunidad de reintegrarse plenamente en el sistema interamericano y recuperar su papel como un proveedor confiable de energía para el mundo democrático. La Operación Absolute Resolve ha sido, en este sentido, un catalizador para un reordenamiento del equilibrio de poder en todo el Caribe y Suramérica.

El caso contra Maduro pone a prueba la eficacia de las cortes nacionales para juzgar delitos de trascendencia internacional. Mientras la Corte Penal Internacional continúa sus investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano, el juicio por narcoterrorismo en Nueva York ofrece una vía más rápida y directa para la rendición de cuentas. La coordinación entre ambas instancias será clave para asegurar que todos los aspectos de la criminalidad madurista sean abordados, desde la tortura sistemática hasta el tráfico masivo de drogas.

Este juicio también servirá como un poderoso disuasivo para otros líderes regionales que consideren alianzas con grupos terroristas o carteles de la droga. La señal enviada por los Estados Unidos es clara: la soberanía nacional no es una patente de corso para el crimen organizado, y aquellos que utilicen el poder del Estado para atacar a la comunidad internacional enfrentarán, tarde o temprano, la justicia.

VIII. Reflexiones finales

El proceso judicial iniciado en el Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores y los líderes del Cártel de los Soles representa el caso de narcoterrorismo más ambicioso de la historia moderna. No se trata simplemente de juzgar a un exgobernante, sino de desmantelar judicialmente un modelo de Estado que operó durante 25 años como el principal motor de inestabilidad y criminalidad en el hemisferio occidental. La evidencia acumulada sugiere que la cúpula del poder en Venezuela traicionó sistemáticamente a sus ciudadanos y corrompió cada una de sus instituciones para servir a los intereses de una red delictiva que no reconoció fronteras ni leyes.

La resolución de este juicio tendrá implicaciones que durarán décadas. En primer lugar, redefinirá la aplicación de la jurisdicción extraterritorial y los límites de la inmunidad soberana en casos de criminalidad organizada de Estado. En segundo lugar, establecerá un precedente sobre el uso de activos militares para la captura de criminales de alto perfil designados como terroristas, una táctica que podría replicarse contra líderes de otros carteles transnacionales. Finalmente, el juicio debiera proporcionar un relato histórico y judicial veraz sobre la tragedia que ha vivido Venezuela, a fin de permitir que la sociedad pueda iniciar un proceso de sanación basado en la verdad y la justicia.

El camino hacia un veredicto será largo y estará plagado de debates legales sobre la soberanía, el debido proceso y los límites del poder nacional frente al crimen transnacional. Sin embargo, la captura de Maduro simboliza el fin de una era de impunidad absoluta. Para Venezuela, este juicio es el primer paso hacia la reconstrucción de su democracia. Para el mundo, es un recordatorio de que la arquitectura legal internacional tiene la capacidad de alcanzar incluso a aquellos que se creían por encima de la ley.

Debe tenerse presente que el sistema judicial de los Estados Unidos tiene ahora la responsabilidad de llevar a cabo un proceso ejemplar que no solo condene los crímenes del pasado, sino que ayude a asegurar un futuro más seguro y libre para toda la región.