El plan del Gobierno representa un paso significativo, pero insuficiente

En un momento histórico en el que la violencia de género se ha convertido en un problema estructural que exige respuestas no solo éticas, sino también jurídicas y organizativas de gran envergadura, el plan del Gobierno de España, anunciado en marzo de 2025 para incrementar en 53 el número de plazas de jueces y magistrados en las Secciones de Violencia sobre la Mujer, representa un paso significativo, pero insuficiente.

Según las informaciones publicadas, se prevé crear 39 nuevas plazas y reconvertir otras 14, dedicadas a instrucción general, en órganos especializados. Esta medida se enmarca en la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y responde a las alarmantes denuncias de jueces y magistrados sobre el “colapso total” de estos juzgados, agravado por la reciente ampliación de competencias que les obliga a asumir delitos contra la libertad sexual, independientemente de la existencia de un vínculo afectivo entre agresor y víctima.

Sin embargo, lo que este plan omite —y que constituye el núcleo de este análisis— es la ausencia de cualquier mención al refuerzo de los letrados de la Administración de Justicia, profesionales cuya labor es tan crítica como la de los jueces para garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales y la protección de las víctimas.

Lo anterior me sugiere que estamos ante una visión parcial del problema: una que prioriza la figura del juez como símbolo de la justicia, pero descuida el engranaje técnico y operativo que sostiene el sistema. Los letrados, cuya sobrecarga de trabajo y falta de especialización amenazan con minar los avances legislativos recientes —como la reforma del artículo 89 de la LOPJ, operada por la Ley Orgánica 1/2025— se enfrentan a un incremento de presión constante.

Este precepto no solo amplía las competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, sino que incrementa la presión sobre un colectivo profesional ya saturado, encargado de tareas tan diversas como la dirección procesal, el control del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (en adelante, SIRAJ), la gestión de medidas cautelares y la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entiendo que esta omisión no es casual, sino el reflejo de una política pública que, aunque bienintencionada, subestima la interdependencia entre jueces y letrados, ignorando que, sin un refuerzo simultáneo de ambos, el sistema judicial corre el riesgo de colapsar bajo su propia ambición reformista.

El propósito de este texto es, por tanto, analizar en profundidad esta disparidad, argumentando que el aumento de jueces —aunque necesario— resulta insuficiente si no va acompañado de un incremento proporcional de letrados especializados.

Partimos de la premisa de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer operan bajo una dinámica de guardia continua, atendiendo diariamente asuntos urgentes como diligencias inmediatas, requisitorias, declaraciones de víctimas y adopción de medidas de protección, muchas de las cuales deben resolverse en el mismo día. Esta presión, combinada con la complejidad técnica de las funciones del letrado —desde la llevanza del SIRAJ hasta la minuta de demandas civiles— pone de manifiesto una necesidad estructural que trasciende lo numérico y se adentra en lo cualitativo: la especialización como garantía de justicia.

Ello me obliga a deducir que el plan de La Moncloa, aunque ambicioso, podría convertirse en una medida vacía si no se corrige esta brecha, dejando desprotegidas a las mujeres que dependen de un sistema judicial eficiente y humano para su seguridad.

La Moncloa. (Imagen: RTVE)

El rol del juez y el letrado en una relación inseparable en la lucha contra la violencia de género

La propuesta del Gobierno de incrementar en un 50 % el número de jueces en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, anunciada por el ministro Félix Bolaños con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2025, responde a una realidad incontestable: la saturación de estos órganos judiciales, agravada por la reciente ampliación de competencias que les obliga a tramitar delitos contra la libertad sexual sin requerir un vínculo matrimonial o análogo entre agresor y víctima.

Esta reforma, impulsada por la Ley de Eficiencia de la Justicia, ha ampliado el espectro de casos que recaen en estas secciones, lo que —aunque necesario para garantizar una respuesta integral a la violencia de género— ha exacerbado las tensiones operativas en un sistema ya al límite. Sin embargo, esta medida, aunque bienvenida, no aborda la raíz del problema, que radica en la interdependencia funcional entre los jueces y los letrados, cuya labor es tan esencial como la de aquellos para que las decisiones judiciales se traduzcan en acciones efectivas en el terreno.

Considero que el juez, como figura visible de la autoridad judicial, depende en gran medida del letrado para la ejecución de sus resoluciones. El letrado no solo dirige e impulsa el procedimiento a través de decretos, diligencias de ordenación y constancia —actividades que, según estimaciones, representan más del 85 % de su firma diaria—, sino que también controla los plazos procesales, gestiona el SIRAJ y actúa como intermediario entre las instituciones, asegurando que medidas como órdenes de protección o dispositivos de control se implementen con la celeridad que exige la protección de las víctimas.

Esta relación simbiótica se ve amenazada cuando, como en el plan actual, se prioriza el refuerzo de los jueces sin considerar la sobrecarga de los letrados, quienes, en muchos casos, operan en condiciones de extrema presión, asumiendo tareas que exceden su capacidad humana y técnica sin el respaldo de personal especializado. La falta de letrados especializados es particularmente alarmante si consideramos que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer funcionan como órganos de guardia continua, atendiendo diariamente asuntos urgentes que requieren resoluciones inmediatas, como conformidades, delitos leves, medidas cautelares o decisiones sobre detenidos.

Esta dinámica, que asimila estos juzgados a los de guardia tradicionales, implica que cada plaza judicial necesita, como mínimo, un letrado exclusivo y una oficina judicial dedicada, ya que cualquier otro planteamiento —como asignar estas funciones a letrados no especializados— no solo deterioraría gravemente el servicio, sino que podría generar riesgos para las víctimas por errores en la gestión del SIRAJ o retrasos en la ejecución de medidas protectoras. Asumo que esta omisión en el plan de La Moncloa no solo es un error técnico, sino también una falla ética, ya que priva a las mujeres víctimas de la garantía de un procedimiento especializado, un derecho que la Ley Orgánica 1/2004 y las reformas posteriores han consagrado como esencial.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Pleno del Congreso de los Diputados. (Imagen: La Moncloa)

La especialización como pilar irrenunciable

La historia reciente de la justicia en España nos enseña que la especialización es el fundamento sobre el que se sostiene la eficacia de la respuesta judicial frente a la violencia de género. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que creó los juzgados especializados, hasta las reformas de 2025, el espíritu de estas normativas ha sido claro: garantizar que todos los operadores jurídicos —jueces, letrados y funcionarios— cuenten con la formación y los recursos necesarios para abordar la complejidad de estos casos. Sin embargo, el plan actual de La Moncloa, al centrarse exclusivamente en los jueces, parece olvidar esta lección, ignorando que la especialización no puede limitarse a una sola figura, sino que debe permear todo el órgano judicial, incluyendo a los letrados, cuya formación específica en violencia de género es tan crucial como la de los magistrados.

La ampliación de competencias introducida por la Ley Orgánica 1/2025, que obliga a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a asumir delitos contra la libertad sexual independientemente del vínculo afectivo, ha elevado el listón de las exigencias técnicas y emocionales impuestas a los letrados. Estos profesionales no solo deben manejar un volumen creciente de procedimientos, sino también garantizar que cada resolución —sea una orden de protección, una medida cautelar o un requerimiento de cumplimiento— se registre en el SIRAJ con la precisión y rapidez necesarias para proteger a la víctima. Esta tarea, que requiere una combinación de conocimientos jurídicos, habilidades tecnológicas y sensibilidad social, no puede ser delegada a personal no especializado sin menoscabo de la calidad del servicio, un riesgo que el plan actual parece dispuesto a correr al no prever un incremento de letrados.

Ello me obliga a deducir que la ausencia de un refuerzo para los letrados no es solo una omisión operativa, sino también un retroceso en los avances logrados desde 2004, cuando se apostó por una justicia integralmente especializada. Atribuir estas funciones a letrados de guardia no formados sería un error estratégico que comprometería la efectividad de las medidas protectoras, dejando desprotegidas a las víctimas en un momento en que su seguridad depende más que nunca de la coordinación entre jueces y letrados.

La especialización, como derecho de las mujeres víctimas, no puede ser sacrificada en el altar de la eficiencia procesal, ya que hacerlo equivaldría a privarlas de un profesional esencial que garantiza no solo la ejecución de las resoluciones, sino también su información de derechos y su acompañamiento en un proceso judicial a menudo traumático.

Los juzgados de violencia contra la mujer, que ya están sobrecargados, tendrán más competencias desde el 3 de octubre. (Imagen: Poder Judicial)

El riesgo del colapso y la necesidad de un enfoque integral

El “colapso total” denunciado por jueces y magistrados, y que ha motivado el plan de La Moncloa, no es un problema aislado de los juzgados, sino el síntoma de un sistema judicial que, al expandir sus competencias sin reforzar sus recursos humanos, se encuentra al borde de la insostenibilidad. La ampliación de las funciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, aunque necesaria para abordar la magnitud del problema, ha incrementado la presión sobre todos los operadores jurídicos, pero especialmente sobre los letrados, quienes, sin un aumento en su número, se ven obligados a asumir una carga de trabajo que excede su capacidad.

Esta situación no solo compromete la celeridad procesal, sino también la calidad de las decisiones, ya que errores en la gestión del SIRAJ, retrasos en los requerimientos o fallos en la coordinación interinstitucional pueden tener consecuencias graves, como la ineficacia de las medidas protectoras o la exposición de las víctimas a nuevos riesgos.

Considero que el plan actual, al centrarse únicamente en los jueces, ignora esta realidad, creando un desequilibrio que podría anular los beneficios de la reforma. Si bien crear 39 nuevas plazas y reconvertir 14 más es un paso en la dirección correcta, la falta de letrados especializados para apoyar estas nuevas estructuras judiciales equivale a construir una casa sin cimientos sólidos, condenándola al fracaso.

Los letrados no son meros agentes administrativos, sino actores clave en la ejecución de las decisiones judiciales, responsables de tareas tan críticas como la anotación en tiempo real de resoluciones en el SIRAJ, la supervisión de dispositivos de control como el sistema COMETA y la intermediación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin un refuerzo en su número y formación, estas funciones corren el riesgo de ser descuidadas, perpetuando un ciclo de ineficiencia que las víctimas pagarán con su seguridad.

La dinámica de guardia continua que caracteriza a estos juzgados, atendiendo asuntos urgentes en el mismo día —desde diligencias preconstituidas hasta decisiones sobre detenidos—, exige un enfoque integral que no puede limitarse a los jueces. Cada Juzgado de Violencia sobre la Mujer necesita, como mínimo, un letrado exclusivo y un equipo de apoyo especializado, siguiendo el modelo de los juzgados de guardia, cuya operatividad depende de personal dedicado y formado.

Cualquier otra solución, como la asignación de letrados no especializados, no solo sería ineficaz, sino también peligrosa, ya que privaría a las víctimas de la garantía de un procedimiento diligente y sensible, un derecho que la legislación española ha consagrado como fundamental. Entiendo que esta omisión en el plan de La Moncloa no solo es un error de planificación, sino también una falta de compromiso con las mujeres víctimas, cuya protección depende de un sistema judicial que funcione con la máxima eficiencia y especialización.

Ministerio de Justicia. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Reflexiones finales hacia una justicia verdaderamente protectora

La lucha contra la violencia de género exige más que buenas intenciones o reformas parciales; requiere un compromiso estructural que coloque a las víctimas en el centro de las decisiones políticas y jurídicas. El plan de La Moncloa para incrementar el número de jueces en las Secciones de Violencia sobre la Mujer es un avance necesario, pero insuficiente si no va acompañado de un refuerzo proporcional de los letrados de la Administración de Justicia, profesionales cuya labor es tan esencial como la de los magistrados para garantizar la efectividad de las medidas protectoras. La especialización, como pilar irrenunciable de la justicia de género, no puede limitarse a los jueces; debe extenderse a todos los operadores jurídicos, asegurando que cada paso del procedimiento —desde la instrucción hasta la ejecución— sea manejado por personal formado y dedicado exclusivamente a esta materia.

La ausencia de un plan para aumentar los letrados no solo perpetúa la sobrecarga actual, sino que amenaza con socavar los avances legislativos recientes, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad que el Estado tiene el deber de evitar. Este análisis nos lleva a concluir que solo mediante un enfoque integral, que combine más jueces con más letrados especializados, se podrá construir un sistema judicial capaz de responder con la celeridad, precisión y sensibilidad que exigen los casos de violencia de género. Cualquier otra solución sería un paso atrás en las conquistas logradas desde 2004, cuando España apostó por una justicia especializada como garantía de los derechos de las mujeres. La protección de las víctimas no es negociable ni puede ser sacrificada en el altar de la eficiencia procesal; es un imperativo ético y jurídico que exige acción inmediata y decidida.