España Mejor y Hay Derecho presentan el primer Código Ético del Gobierno para evitar casos como el de Begoña Gómez

La investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado a la luz un problema que hay en España: la ausencia de regulación de la figura del esposo o esposa de los dirigentes políticos para no caer en conflictos de intereses.

Por eso, a raíz de este asunto, dos asociaciones han propuesto al Gobierno seguir un ‘Código Ético’, en el que llevan trabajando meses, que evite esos conflictos de intereses. Una de esas asociaciones es ‘España Mejor’, de la que es fundadora Miriam González, abogada y esposa del viceprimer ministro británico, Nick Clegg.

Estas entidades —España Mejor y la Fundación Hay Derecho— han hecho público el Código Ético del Gobierno dirigido al presidente, vicepresidentes y a los ministros, independientemente del partido que sean. [Código que puedes consultar pinchando en ‘descargar resolución’].

«Hay que elevar el listón ético de toda la clase política y, por ello, pedimos a nuestros dirigentes que aprueben el Código y asuman este compromiso públicamente», ha dicho la abogada Miriam González.

Desde su punto de vista, “lo que nosotros proponemos es un ‘código ético de gobierno’ que ya tenemos preparado. Son 99 compromisos en un instrumento autoreglamentario, como se hace en un montón de países similares al nuestro, como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, etc., y son medidas que inciden en la prevención, en que no se produzcan este tipo de situaciones que creo que son buenas tanto para los ciudadanos como, también, para los políticos, porque les sirven de protección en este tipo de casos para que no se produzcan”.

España Mejor es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil para impulsar políticas públicas que respondan a los principales retos de España. Se trata de una iniciativa apartidista, diversa y transversal ideológicamente, que busca aumentar la ambición de país a través de la contribución directa de los ciudadanos, independientemente de su procedencia, profesión o edad, y siempre desde el respeto, la tolerancia y la transparencia.

Desde su lanzamiento en mayo de 2023, más de 1.600 personas se han unido a la plataforma, se han creado diecisiete Grupos de Trabajo y se han recibido más de 160 propuestas específicas de políticas públicas.

Asimismo, para Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia, «el Código debe contemplarse no sólo como una limitación para quienes ejercen el poder, sino realmente como un sistema de garantías».

Medidas y cumplimiento

Miriam González cree que hay que elevar el listón ético de la clase política en nuestro país. (Imagen: Wikipedia)

El Código Ético del Gobierno tiene carácter autorregulador e incluye una serie de medidas que van más allá de la normativa vigente. El texto recoge un compendio de compromisos éticos aplicados en otros países, adaptados a las especificidades del sistema político español.

El texto, específica —entre otras cosas— cómo deben comportarse los ministros respecto a sus familiares, cónyuges y amigos. Según indica el propio escrito, este documento «tiene como objetivo elevar los compromisos con la exigencia ética y de integridad del Gobierno con la finalidad de reforzar la calidad institucional y la confianza que la ciudadanía tiene en dicha institución».

Esta propuesta de regeneración democrática cuenta con 99 compromisos divididos en 12 apartados: de conflictos de interés a asesores, viajes, regalos, comunicación o transparencia, que habrían de ser colegiados por una Oficina de Ética y un Asesor Independiente, dos figuras a crear por el Ejecutivo que se encargarían de arbitrar aquellos casos en los que se sospechara de un incumplimiento del código.

Este documento aborda los siguientes puntos: conflictos de interés; asesores y nombramientos; relaciones con la Administración y organismos independientes; uso de recursos públicos como residencias oficiales; viajes y coches oficiales; transparencia y lobbies; relación con los medios de comunicación y uso de las redes sociales; y regalos y hospitalidad.

En tal caso, queda claro que se deberá «establecer procesos preventivos para prevenir el acceso a la información y garantizar que el ministro no participe en discusiones y decisiones relacionadas con intereses de sus cónyuges/parejas, amigos íntimos y/o familia cercana que den o puedan dar lugar a un conflicto».

E incluye: «Quedan incluidos los intereses de personas jurídicas o entidades privadas vinculadas a los anteriores por cualquier tipo de relación laboral o profesional». Si no es posible evitar este conflicto de interés, el susodicho deberá renunciar a él o, por el contrario, el ministro «deberá dejar de ocupar su cargo ministerial».

En este sentido, se especifica que la información personal —del ministro y sus cónyuges, amigos o familiares cercanos— «que los ministros revelen a quienes les asesoran sobre conflictos se tratará de manera confidencial».

Prevenir conflictos de interés

«Los ministros no deben aceptar invitaciones para ofrecer apoyo a grupos de presión u organizaciones privadas fuera del ámbito de actuación propio de su cargo. Si los cónyuges/parejas, amigos o familiares de estos ofrecen apoyo a tales grupos de presión y organizaciones privadas, el ministro deberá abstenerse de cualquier deliberación o decisión sobre tales entidades», aseguran en dicho escrito.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se establecen dos órganos de garantía: el Asesor Independiente y la Oficina de Ética, cuyo nombramiento, mandato y alcance también se detalla en el Código.

Elisa de la Nuez cree que este Código hay que verlo como un sistema de garantías que controla los excesos del poder. (Imagen: Hay Derecho)

«Los ministros tienen la obligación de evitar un uso partidista de las estadísticas oficiales», dice otro de los puntos, y añade: «Asimismo, deben mantener el secreto de las estadísticas oficiales y restringir el acceso previo a la publicación a un número mínimo de personas, así como prohibir cualquier declaración o comentario a la prensa antes de la publicación de las estadísticas».

También menciona el uso de la publicidad institucional por parte de Moncloa y la veintena de carteras, una información que el Gobierno siempre ha sido contrario a ofrecer a los ciudadanos. «En la página web de cada ministerio se indicará el montante global de publicidad institucional y cualquier otra remuneración o ventaja otorgada […] a cada medio de comunicación».

Según parece, es uno de los asuntos que el presidente del Gobierno abordará en el Congreso el próximo 17 de julio, pero el código elaborado por Hay Derecho y España Mejor va más allá. También aborda la rendición de cuentas frente a los medios: «Los ministros se someterán periódicamente al escrutinio de los medios de comunicación por medio de ruedas de prensa, con preguntas abiertas, sin que pueda favorecerse o vetarse a ningún medio o periodista».

Y también destaca una notable declaración de intenciones para estos tiempos que corren: «Los ministros tratarán a los medios de comunicación de manera profesional y con respeto. En ningún caso amenazarán, de forma directa o indirecta, a medios de comunicación o periodistas».

El documento se ha remitido a los partidos políticos, representantes institucionales y cargos públicos del país, solicitando su adhesión y compromiso públicos, ya que, como dice el Código, «el objetivo es que, tomando como referente el Código Ético del Gobierno, todas las administraciones españolas se comprometan a elevar el nivel de exigencia de sus estándares de conducta».

Finalmente, la aprobación del texto deberá realizarse en el seno del Consejo de Ministros, previo informe a las Cortes Generales, y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.