PremiumForo Judicial Independiente proclama: ¿qué vamos a hacer?. Propuestas de su gestora nacional
Foro Judicial Independiente proclama: ¿qué vamos a hacer?. Propuestas de su gestora nacional
La rebaja del sueldo que hemos sufrido Jueces y Magistrados, un 9,73% en el sueldo y antigüedad y un 6% en complemento de destino para Magistrados (un 5% para jueces), superior a cualquier otro colectivo del sector público, se ha llevado a cabo sin oír a las asociaciones judiciales ni al CGPJ, como es preceptivo según la Disposición Final Primera de la Ley de Retribuciones, al contrario de lo que se ha hecho con la mayoría de los colectivos.
Ello supone un grave perjuicio y una afrenta, como expusimos en la reunión del 31 de mayo al CGPJ, escrito que se difundió entre los asociados.
Los reiterados incumplimientos del MJU y su reiterada negativa a modificar la Ley de Retribuciones y, en especial, el sistema vigente de productividad, que FJI tanto ha combatido, y que seguirá sustentándose en incentivar el trabajo a destajo, no hace sino profundizar el daño que se nos inflinge.
Por ello, pensamos que, sin lugar a dudas, la brutal rebaja de nuestras retribuciones no responde a la crisis. La crisis ha sido una excusa para aplicar un severo castigo a la carrera judicial y por extensión a la fiscal y a los demás cuerpos de la Administración de Justicia. ¿Venganza? ¿Manipulación de nuestros ingresos para conseguir mayor docilidad, en cuanto que la productividad adquiere mayor importancia? ¿Demagogia, puesto que se castiga a un cuerpo que no es esencial para ellos y que, de todas formas, seguirá trabajando más o menos igual? Elegid cualquier hipótesis o un poco de todas, que probablemente se aproxime más a la verdad, pero no os dejéis engañar, la crisis no exigía este duro castigo a los Jueces. Lo que ha ocurrido es que aprovechando la crisis se ha llevado a cabo un ataque frontal a la independencia judicial en su aspecto más sensible, la independencia económica.
FJI cree que es momento de actuar, puesto que el diálogo razonable y constructivo ha servido para poco; por ello, junto a las medidas pedidas al CGPJ, que constan en el antes citado escrito, y que este se ha comprometido a atender, proponemos las siguientes a nuestros asociados y a las demás asociaciones de jueces y fiscales, porque creemos que es imprescindible la unidad de acción:
1- Tenemos la convicción de que el artículo 32 del RDL 8/2010 es inconstitucional por violación del principio de Seguridad Jurídica, del Derecho a la Igualdad y la Independencia del Poder Judicial, por ello recurriremos los actos de aplicación ante los Tribunales de Justicia, el Tribunal Constitucional y en su caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ya estamos trabajando en ello y esperamos tener listos los recursos en unas semanas. Expondremos al Defensor del Pueblo, al Congreso de los Diputados y Senado las razones para promover el recurso de inconstitucionalidad de una norma legal que ataca la independencia del Poder Judicial y la necesidad de que las retribuciones de los Jueces pasen a ser competencia exclusiva del CGPJ.
Esperamos y deseamos que todas estas acciones sean conjuntas con las restantes asociaciones judiciales y fiscales a las que ofreceremos nuestra colaboración, pero de no aceptarlo lo haremos en solitario.
2- Merece nuestra más severa crítica un Ministro que nos trata con buenas palabras, pero ha consentido (o promovido) el peor daño que ha sufrido la carrera judicial en años y no ha dado la cara a los Jueces en este momento de grave crisis. Por tanto, nos negaremos a acudir a reuniones que no estén presididas por el Ministro, porque es el único con capacidad para comprometerse, que además no tengan un orden del día concreto y específico, con propuestas sobre los temas que nos afectan y donde se puedan discutir mejoras. Nada de powerpoint, de reuniones meramente informativas para anunciarnos lo que ya hemos leído en el BOE. Mientras que no se arregle este ataque a la independencia judicial de forma mínimamente satisfactoria, nos desinhibiremos del problema de la oficina judicial, que no es nuestra responsabilidad por decisión del legislador, y por tanto no iremos a ninguna reunión que tenga por objeto cuestiones relacionadas con la misma. El Secretario de Estado no es ya un interlocutor válido. Y si el Ministro nos pone de excusa al Mº de Hacienda, exigiremos como único interlocutor válido al Mº de Hacienda.
3- Hay que instar a los Magistrados y Jueces que se impliquen en la solución del problema. Depende de todos. Si vamos a seguir con la excusa de no querer perjudicar a los ciudadanos y amedrentados por la inspección, entonces mejor aceptar la rebaja, tragar, como es tradición, y a otra cosa. Esta actitud perjudica a los ciudadanos porque significa consentir y encubrir el progresivo deterioro de la Justicia. Y la mejora de la misma exige, ante todo, la mejora de las condiciones de las personas que trabajan en ella. La Justicia la hacen personas, no máquinas. No nos han dejado otra salida que demostrar con hechos que reducir el salario a los Jueces, históricamente maltratados en esta cuestión, no le sale al Estado más rentable que cumplir el mandato constitucional de respetar la independencia judicial, lo que incluye también la independencia económica. La realidad de lo ocurrido demuestra que, si no adoptamos una actitud firme y dejamos de cubrir con nuestro sacrificio personal las deficiencias del servicio, no nos respetaran y nos seguirán maltratando hasta el infinito. Nos han reducido el sueldo porque piensan que, como de costumbre, seguiremos trabajando lo mismo nos paguen lo que nos paguen.
4.- Si las gestiones que ha prometido llevar a cabo el CGPJ para corregir el despropósito no dan resultado, lo que sabremos a finales de junio, hay que convocar movilizaciones, que tendrán su punto culminante en una protesta contundente coincidente con la apertura del año judicial, que debe ser de jornada completa con manifestación ante la sede del TS para que tenga repercusión pública. Estamos en conversaciones con las demás asociaciones para lograr coordinar esas movilizaciones, pero en última instancia, las convocaremos sólo nosotros.
5.- Mientras tanto debemos tomar conciencia de que trabajar por encima de lo exigible no resuelve nada. Al final esa actitud no mejora a la Justicia, sino que la empeora. A los hechos me remito, visto el trato recibido tras llevar años en que la mayoría de la carrera judicial supera el trabajo razonable con perjuicio de su salud y de su vida personal y familiar. Los jueces debemos dejar de resolver con nuestro voluntarismo los problemas de la justicia. Solo se trabajarán 37,5 horas semanales; sólo se practicarán las diligencias en horas de audiencia pública. En ningún caso se celebrarán juicios fuera del horario laboral de los funcionarios que deban auxiliar al Juez, ni tampoco juicios sin la presencia de estos funcionarios, cualquiera que sean las razones de su ausencia. Y sólo se celebrarán los juicios que estrictamente quepan dentro de ese horario.
6.- Autorregulación. Por supuesto, hay que reiterar a los asociados lo que foro lleva defendiendo desde 2004: en ningún caso se superará el máximo del módulo que establezca definitivamente el CGPJ, al que se da plazo hasta el día de la apertura del año judicial para fijarlo. Mientras tanto se insta la convocatoria de juntas de jueces y plenos de Audiencia para fijar el máximo de actividad que puede realizar un juez o magistrado.
7.- En ningún caso se harán tareas que legalmente correspondan al Secretario o a los funcionarios, ni se participará en la solución de los problemas que ello plantee.
8.- Si las dependencias judiciales presentan condiciones no adecuadas, se requerirá la presencia de la inspección de trabajo y se harán informes. Los jueces deben tomar parte activa en la denuncia de las precarias condiciones de los edificios donde se ven obligados a trabajar. FJI tramitará cualesquiera denuncia que se le remita en este sentido.
9.- Los jueces no deben aceptar planes de refuerzo o sustituciones y deben retirarse de todas las comisiones sobre oficina judicial y, en general, de toda actividad que no sea jurisdiccional y obligatoria. Colaborar gratis o por una miseria en tareas extras no tiene ningún sentido en el contexto actual. Hacerlo socava la solidaridad entre Jueces que en este momento es imprescindible y sin la cual nada se conseguirá.
Por último, las asociaciones debemos estar unidas, pero es imposible que tengamos fuerza si sólo representamos al 50% de la carrera judicial. Creemos que es una evidencia que solo a través de un asociacionismo firme y comprometido con los derechos de la carrera podremos afrontar los graves problemas que nos aquejan. Si la mayoría no quiere comprometerse ni significarse y prefieren seguir ausentes, difícilmente podremos avanzar en nuestras reivindicaciones.
La Comisión Gestora Nacional
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