Fundación Hay Derecho impulsa un plan de acción para mejorar nuestro régimen democrático y recuperar las instituciones

Aquel blog Hay Derecho se convirtió en imprescindible hace trece años impulsados por juristas como fueron los notarios Fernando R. Prieto, Fernando Gomá, Ignacio Gomá y Rodrigo Tena y la abogada del Estado Elisa de La Nuez. Esta es una de las pocas entrevistas que les hizo juntos en septiembre del 2013 y que este periodista tuvo la oportunidad de realizarla para conocer mejor a estos profesionales, siempre preocupados por nuestra democracia.

En esos años, sus artículos y los de la comunidad de expertos que se adhirieron al mismo de forma espontánea, denunciaban los problemas de nuestra democracia y abusos de poder que se incrementarían con los años. El blog daría paso a la Fundación Hay Derecho, que se ha convertido a lo largo de sus diez primeros años en un pilar clave de la sociedad civil para denunciar los graves problemas de nuestra democracia.

Ahora, tras un acto de celebración que tuvo lugar este jueves, esta institución plantea cinco medidas claves para vertebrar un compromiso por un Estado de derecho más sólido en los próximo 10 años. En el evento, enmarcado en el décimo aniversario de Hay Derecho, participaron expertos en diversos campos, como el derecho, la universidad, la administración pública, la empresa o los medios de comunicación.

En concreto, acompañaron a Hay Derecho en su propuesta España +10 Jordi Sevilla, economista y exministro de Administraciones Públicas; Estefanía Molina, politóloga; Encarnación Roca, jurista y exvicepresidenta del Tribunal Constitucional; Silvia Roldán, ingeniera y directiva empresarial; y Ramón González, periodista y escritor.

Invitados e impulsores de Fundación Hay Derecho. Fila Superior, Juan Quintana, Ramón González, Rodrigo Tena, Rafael Rivera;  Ignacio Gomá, Segismundo Álvarez y  Javier Gomá. En la fila inferior: Encarna Roca, Estefanía Molina, Natalia Velilla, Safira Cantos y Elisa de la Nuez. (Imagen: Hay Derecho)

Además, por parte de Hay Derecho, intervinieron en este acto de merecido reconocimiento Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación; Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación; Segismundo Álvarez, notario y presidente de la Fundación; Ignacio Gomá, notario y expresidente de Hay Derecho; Rodrigo Tena, notario y coeditor de Hay Derecho; Natalia Velilla, magistrada y coeditora de Hay Derecho; y Rafa Rivera, ingeniero, científico de datos y colaborador de investigación en Hay Derecho.

Al acto, clausurado con un discurso del filósofo Javier Gomá, acudieron además otras muchas personalidades del mundo de la política, la cultura, los medios de comunicación, las entidades públicas, las organizaciones sociales o la empresa privada.

Un plan para ir a la acción

Las cinco propuestas presentadas por Hay Derecho, «más que una guía, son una llamada a la acción», explicó Safira Cantos. Se trata, en sus palabras, «de un conjunto de medidas necesarias y viables que buscan mejorar el funcionamiento de las instituciones para asegurar su eficacia al servicio del interés general, garantizando las reglas que nos protegen frente al abuso de poder. Queremos asegurar una toma de decisiones más transparente y eficaz, y garantizar el respeto a las reglas que nos protegen como ciudadanos».

Cantos se incorporó a Hay Derecho hace tres años cuando la fundación se profesionalizó más al ser elegida en un proceso de selección como directora general. En ese mismo instante, también se impulsó el área de comunicación liderada por la periodista Cecilia de la Serna: “Nosotros queremos participar en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso de los Diputados para explicar a sus señorías como es la situación actual de nuestra democracia e instituciones. Lo ideal sería que luego impulsaran medidas concretas”.

Esta dirigente nos explica esas cinco medidas promovidas desde esta entidad para mejorar la democracia y el Estado de derecho en España. “Estamos en un momento clave del país. Se comprueba el deterioro del Estado de Derecho en algunas cuestiones claves, como es la falta de contrapesos institucionales, los problemas graves del sistema judicial y cómo los poderes públicos han dejado de preocuparles el interés general e los ciudadanos, entre otras cuestiones. Urge movilizar a la sociedad civil e implementar este plan de acción”.

Sobre las medidas que lo configuran, fueron presentadas por la propia Safira Cantos y Juan Quintana, patrono de la fundación, iniciativa que fue seguida con mucho interés por todos los asistentes a este acto. En los próximos días, Fundación Hay Derecho sacará una web específica sobre esta materia. La primera habla de la necesidad de promover una democracia genuina: un Parlamento de verdad.  La entidad se compromete a verificar con informes rigurosos los avances que se hagan en dicho plan de acción.

Como iniciativas complementarias, nos comentaron que el próximo 30 de mayo Fundación Hay Derecho organizará una jornada sobre los alertadores de corrupción y su situación en nuestro país. Y, con posterioridad, el 5 de junio la entidad presentará un informe detallado sobre el funcionamiento actual de nuestras Cortes Generales. Se trata de denunciar lo que está sucediendo en nuestro país con la máxima transparencia posible.

Una iniciativa que fue defendida por el exministro y economista, Jordi Sevilla y la politóloga y periodista Estefanía Molina. En síntesis, apuestan por la democratización de los partidos políticos, asegurar su transparencia y evitar que su poder cope las instituciones. Recuperar el papel del Parlamento como espacio de debate eficaz que legisle velando por los derechos de las personas y el interés general.

La segunda tiene que ver con la imperiosa necesidad de defender una justicia independiente, profesional y eficiente. Esta propuesta fue defendida por la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, la magistrada, Natalia Velilla y el notario, Rodrigo Tena. Ellos comentaron la necesidad de despolitizar el CGPJ, asegurar la neutralidad de la justicia y el respeto a la independencia judicial, dotarla de recursos suficientes y garantizar que la Fiscalía General del Estado sea profesional e imparcial.

Rodrigo Tena, Encarna Roca y Natalia Velilla apuestan por una justicia independiente. (Imagen: Hay Derecho)

Sobre la tercera medida, Roca, Velilla y Tena insistieron en la necesidad de que vuelvan los contrapesos institucionales a nuestros poderes públicos. En los últimos años, organismos como el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, han sido colonizados por los partidos políticos. No hay contrapesos hacia el poder que comete abusos con impunidad. Urge que estos organismos sean independientes, profesionales y al servicio del interés general.

Los serios problemas de la justicia

Encarna Roca, exvicepresidenta del Tribunal y jurista, fue una de las personalidades que se implicó en esta iniciativa de Hay Derecho y debatió sobre la independencia de la justicia y la necesidad que nuestros poderes públicos tengan un sistema de contrapesos adecuados. “Creo que Fundaciones como Hay Derecho son muy útiles y deben existir para promover la movilización de la ciudadanía en uno de los peores momentos por el que pasa la justicia en nuestro país”.

Desde su punto de vista, “parece claro que nunca ha habido interés por parte del Estado en que la justicia funcionase. Por eso no tiene los medios que dispone, por ejemplo, la Agencia Tributaria. Es el único poder que hace su labor y procura frenar cualquier tipo de irregularidad a su alrededor defendiendo los intereses de los ciudadanos. Tampoco existe un sistema de contrapesos con entidades que fiscalicen a los poderes públicos. La ley 1/2025 que se ha aprobado genera muchos problemas. Sé que jueces y abogados de familia están desesperados por su mal funcionamiento”.

A su juicio, “no hay ningún motivo en que se hubiera ampliado el plazo de entrada de la ley. Es evidente que la falta de medios es notable lo que puede generar más carencias cuando se implementen los tribunales de instancia. No está muy claro cómo se va a gestionar el paso del juzgado unipersonal a esos tribunales colegiados que ahora llegan. Esta ley, como muchas otras que se han aprobado, es un brindis al sol. En estos momentos me preocupa mucho la situación y actividad del Tribunal Constitucional”.

Nuestra interlocutora se hace eco del funcionamiento del nuevo CGPJ “pese a los cambios de presidencia y vocales, sigue estando bloqueado. La presidenta, Isabel Perelló con razón o sin ella no desempata. Se abstiene. Sería el voto 21 y desequilibraría la votación para algunos nombramientos claves en nuestros tribunales, pero no lo hace. Tenemos un problema de credibilidad de las instituciones ante su creciente politización. El problema de la amnistía, que ya se está aplicando, será otro asunto a ver cómo evoluciona en el corto plazo”.

Necesidad de profesionalizar la función pública

La potenciación de un sector público profesional, apartidista y cercano al ciudadano es la cuarta medida de Fundación Hay Derecho. Ahí, Rafael Rivera, ingeniero, científico de datos y colaborador de investigación en Hay Derecho y Silvia Roldán, ingeniera y directiva empresarial defendieron esta iniciativa que aboga por que los altos cargos deben ser elegidos por su mérito y capacidad, no por sus afinidades políticas.

Según comentaron los empleados públicos tienen que ascender por méritos profesionales. Los procedimientos administrativos tienen que ser simples, accesibles y facilitar el acceso a los servicios públicos y la satisfacción de los intereses generales.

Jordi Sevilla y Estefanía Molina hablaron de la urgencia de democratizar los partidos y recuperar el debate parlamentario real. (Imagen: Hay Derecho)

La ultima medida correctora de las carencias de nuestro Estado de Derecho tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación y Ramón González, periodista y escritor defendieron esta iniciativa.

En su opinión, la prevención es esencial para luchar contra la corrupción. Además, hay que contar con recursos especializados para investigar y perseguir la corrupción, proteger a los denunciantes de corrupción, aplicar la ley eliminando privilegios como el aforamiento o los indultos por corrupción.

“Además de proponer, desde Hay Derecho exigimos que las autoridades y poderes públicos actúen en favor del interés general y se compromete a realizar una vigilancia estrecha sacando a la luz lo que está pasando con el funcionamiento general de las instituciones”, apuntó Cantos en conversación con Economist & Jurist.

Hay Derecho cumple 10 años de rigor en la defensa del Estado de derecho, y, por lo visto, su actuación y compromiso es más necesario que nunca. Por eso nos comentan que ha decidido redoblar su compromiso de cara a la próxima década, clave para el futuro de nuestro país donde uno de los elementos claves es frenar la desafección de los ciudadanos de sus instituciones en este contexto de crispación y corrupción.

«Necesitamos un mejor sistema de toma de decisiones, una mayor rendición de cuentas, unas administraciones públicas eficientes y profesionales, políticas públicas basadas en la evidencia y, sobre todo, garantizar que la ley se aplica a todos los ciudadanos por igual», explicó Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.