Herrero Brigantina fue sancionada en julio por hasta 7 graves irregularidades, pero no se suspendió su actividad, denuncia Ortiz

«Herrero Brigantina fue sancionada con 500.000 euros por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por siete irregularidades gravísimas el pasado 10 de julio, pero no se clausuraron sus oficinas ni fue sancionada con la suspensión de la actividad». Así lo ha denunciado hoy el abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz Abogados, al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que instruye la macrocausa por supuesta estafa piramidal, Santiago Pedraz, según ha informado el letrado a Economist & Jurist.

El director de Bufete Ortiz Abogados, que representa a más de 460 afectados, ha pedido a Pedraz que en la pieza separada de responsabilidad civil, conforme al artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acuerde como medida cautelar el requerir personalmente a los querellados -10 personas físicas y 12 jurídicas- «para que presten, en el plazo de una audiencia -un día-, de forma solidaria una fianza de 15 millones de euros, que sería incrementada en el 30% legalmente establecido».

Cantidad que estima como el perjuicio causado tanto a sus clientes «como al resto de afectados, que se adicionarán con posterioridad, como consecuencia de la ilícita actuación desplegada por los querellados».

Este letrado reclama a Pedraz que en caso de que no hagan frente a la fianza en el plazo establecido, proceda al inmediato embargo de bienes y derechos propiedad de los querellados, y que la AN traslade la información obrante en el punto neutro judicial de averiguación patrimonial, ello en cuantía suficiente para garantizar las responsabilidades exigidas.

Ortiz destaca que «podría existir responsabilidad civil subsidiaria del supervisor, por haber levantado un acta tan grave y no haber clausurado las instalaciones de Herrero Brigantina ni suspendido la actividad comercial de venta de seguros, soluciones de inversión y productos financieros».

«Si ya había constancia oficial de que aquello era un chiringuito financiero y de seguros, y un montaje, difícilmente se explica que la inspección no tomara cartas en el asunto y evitara que siguieran delinquiendo», sentencia.

Las 7 irregularidades

En el escrito que ha dirigido a Santiago Pedraz expone que tres inspectores de seguros del Estado, Noemí Tomás Vergara, María Asunción Fernández de Soto Morales, y Álvaro Cabezudo Manzanera, levantaron un acta de inspección, de 52 páginas, en la que denuncian haber descubierto en su inspección hasta siete graves irregularidades en el Grupo Herrera Brigantina.

«La primera es que ni la matriz ni las empresas del conglomerado de sociedades de Herrero Brigantina habían depositado las cuentas en el Registro Mercantil al menos desde 2020. Es decir, que llevaban cuatro años abiertas al público vendiendo seguros y sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, y esto lo hacían así para que ningún inversor, ningún banco y ningún supervisor -Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- tuviere forma de conocer su verdadera situación patrimonial. Y de esta forma seguían engañando a la gente sin ser descubiertos», relata Ortiz a este diario.

Juan González Herrero, fundador de Herrero Brigantina. (Imagen: Herrero Brigantina)

La segunda irregularidad que recoge el acta de inspección -prosigue- es que «las corredurías de seguros que conforman el Grupo Herrero Brigantina no estaban autorizadas por el Ministerio de Economía para comercializar y vender seguros al público, porque no habían depositado la fianza y no aparecían inscritas en el registro del Ministerio de Economía como intermediarios habilitados del mercado asegurador».

La tercera irregularidad señalada es que «vendían los seguros de renta vitalicia Unit Linked, llamados Top 23 y Top 25, según ellos con el aval y garantía de las aseguradoras AXA, Plus Ultra y Generali, llegando a utilizar el logo de estas tres aseguradoras de primer nivel en el encabezamiento del contrato, cuando era falso». Ortiz recuerda que «estas tres empresas emitieron en su día sendos comunicados oficiales desmarcándose de dichos productos, que nunca han existido».

La cuarta es relativa «a la negativa por parte del fundador de Herrera Brigantina, Juan González Herrero, a desvelar a la inspección el origen de sus cuantiosísimos ingresos».

La quinta irregularidad detectada por los inspectores de seguros del Estado «es la existencia de vidriosas transacciones para mover 25 millones de euros en acciones que salen del grupo con destino incierto». «Salía dinero y no se sabía dónde iba, porque no querían decirlo a la inspección. Por tanto, opacidad», apunta Ortiz.

El informe recoge en sexto lugar que «el personal de Herrero Brigantina ha puesto todo tipo de trabas a la inspección, que es el supervisor, incumpliendo sistemáticamente todos los requerimientos de entrega de documentación que le han hecho», expone el letrado.

«Por último, el informe denuncia la falta de transparencia, al no querer explicar a la inspección la trazabilidad del dinero que ha sido sacado subrepticiamente de las empresas, dejándolas totalmente descapitalizadas», concluye.

Ortiz espera que el magistrado estime las medidas indagatorias y cautelares de fianza y embargo que pide «antes de que los querellados hagan desaparecer las pruebas».