Jueces, LAJs y funcionarios advierten al ministro Bolaños que los juzgados de violencia de género serán un cuello de botella sin más personal

La polémica ha vuelto al mundo judicial. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles se ha publicado el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, que crea 42 plazas judiciales en secciones de violencia sobre la mujer, y otras 42 plazas de fiscales para esa materia, además de transformar 8 plazas de instrucción en plazas de violencia.

Esas plazas no van acompañadas de un número proporcional de plazas de letrados y letradas de la Administración de Justicia ni de funcionarios de los Cuerpos Generales, lo que a juicio de los juristas consultados por E&J en este reportaje podría generar serios cuellos de botella en estos juzgados.

Carmen Gámiz, magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 6 de Madrid, lleva más de 18 años dedicándose a ello. Pese a que el colectivo de magistrados se reunió con el Ministerio hace unos meses, como reflejó Economist & Jurist hace días, “no nos consultado a la hora de aprobar la plazas de jueces y fiscales que hoy salen en el BOE”, señala la magistrada, “la concentración que se hace desde la comarcalización, que un juzgado abarque varios pueblos  incrementa el trabajo de forma exagerada a los juzgados que estaban en los pueblos y que también llevan juicios civiles”.

También indica que “hay juzgados de instrucciones que se convierten en violencia, van a ser menos de los que dijo el Ministerio, pero eso va a suponer un empobrecimiento de las condiciones de trabajo de las personas que estaban destinadas. Lo más preocupante esta reforma que entrará en vigor es para los juzgados exclusivos, ya que nos amplían esas competencias a partir del 3 de octubre, pero hasta el 31 de diciembre no entrará en vigor la Nueva Oficina Judicial. Nosotros ya estamos muy sobrecargados”.

Sobre las plazas de jueces y fiscales que aparecen en el BOE “creo que nosotros lo comentamos, que son insuficientes. Hay asuntos como las agresiones sexuales que no son de fácil tramitación, necesitan tiempo para oír a la víctima, pruebas científicas y escuchar a testigos. Lo que más nos preocupa es que la entrada en vigor será posterior a la asunción de competencias nuevas. En el caso de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y funcionarios, habrá que ver cómo se organizan porque estarán en los tribunales de instancia en un servicio común”.

Los juzgados de violencia sobre la mujer van a tener más competencias y menos medios a partir del 3 de octubre. (Imagen: RVTE)

Los LAJS, contrariados

Por su parte, María José Anocíbar, letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Violencia contra la mujer número 1 de Valladolid y asociada a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), ve con preocupación ese incremento de plazas: “Cada plaza que se cree de juez debe tener un aumento del personal adecuado para que realmente sea equilibrado. En el BOE ya se anuncia la comarcalización de los juzgados de violencia y una plaza más de juez. En Valladolid, el partido judicial asumirá los asuntos de Media de Rioseco y de Medina del Campo. Mientras se especialicen es una buena noticia porque se trabaja en la misma materia”.

Para esta jurista “los juzgados de violencia contra la mujer, el próximo mes 3 de octubre, con la ley de eficiencia nos aumentan las competencias. Ahora también vamos a ser competentes para agresiones sexuales, sean o no parejas los intervinientes, así como delitos de prostitución. Y a partir del 31 de diciembre, con la Nueva Oficina Judicial, no va aumentada la plantilla y la comarcalización, esto no va a funcionar en el medio plazo. Ahora somos 12 en la oficina judicial, que a partir de diciembre queda escaso. Esa plaza de juez debe acompañarse de más plantilla”.

Desde la UPSJ se hace una valoración muy crítica de la medida, pese a que en teoría las nuevas plazas están en relación con la carga de trabajo de esos juzgados, de hecho, la creación de nuevas plazas judiciales, sobre las 42, no se crea ninguna plaza de  LAJ ni de funcionarios. Eso significa que a partir del 31 de diciembre dispondremos de 42 jueces con escasez de plantilla más para resolver sobre una orden de protección.

Ernesto Casado, presidente del CNLAJ, y Carlos Artal, miembro del comité permanente de UPSJ, coinciden en que más jueces y fiscales sin más platilla es un lastra para los juzgados de violencia de género sobre la mujer. (Imagen: CNLAJ)

Sin embargo, no habrá personal para registrar esos procedimientos; para señalar la comparecencia; para citar; para requerir al investigado; para informar a la víctima; para notificarle la orden; ni para anotarla en el SIRAJ, requisito esencial para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan velar por su protección.

UPSJ critica los comentarios que hizo Bolaños en la entrega de despachos de la promoción 46 de LAJs, donde dijo que este nuevo modelo organizativo iba a acabar con los cuellos de botella: “Si el Ministerio no rectifica de aquí al 31 de diciembre, acaba de crear un muy evidente cuello de botella en los LAJs de violencia de género. Lo más grave, en todo caso, es que se ponga en peligro la seguridad de las mujeres víctimas de esa lacra por no dotar las plazas del personal necesario”.

De la misma opinión es Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), inmersos en sus Jornadas Nacionales que durante tres días y hasta este viernes han abordado cuestiones sobre la implantación de la inteligencia artificial (IA), la reforma de los tribunales de instancia y otros temas de interés para el colectivo: “Junto con las plazas de jueces que se creen hay que hacer una dotación de LAJs y personal funcionario. Es necesario la especialización absoluta de estos profesionales”.

Desde su punto de vista “el riesgo que existe es que en la nueva organización de los juzgados por los tribunales de instancia, la especialización de los LAJs desaparece, lo que es un problema. Son profesionales formados para la gestión de esos asuntos y sus dispositivo tecnológicos. Se va a generar cierta desorganización para atender toda la actividad propia de un juzgado de violencia de género. El problema de los servicios comunes de los tribunales de instancia es que no habrá personal especializado que afecta especialmente a los juzgados de violencia de género”.

La CC.AA. de Madrid necesita más jueces

Las críticas a estas nuevas plazas de jueces y magistrados también han llegado desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño autonómico. Su consejero de presidencia y justicia, Miguel Ángel Martín, indicaba que las cinco nuevas plazas de jueces —cuatro para la Sección de Violencia sobre la Mujer y una para la nueva Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia—, además de cuatro fiscales de un total de 92 que han aparecido en el BOE, son insuficientes.

Para el consejero madrileño, “el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el único competente en convocar nuevas plazas de jueces y no resuelve este problema. Tal y como ha recordado el consejero, “el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó en su última memoria anual la necesidad de crear 127 plazas judiciales en 2024 sólo en la Comunidad de Madrid”.

En este sentido, le recuerda a Bolaños que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial indicó en su Plan Estratégico para el decenio 2024-2033 que deberían convocarse cada año 350 plazas de juez durante este periodo con el fin de poder cubrir las vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia que se vayan produciendo. “El ministro debe centrarse de dotar de jueces y fiscales a la justicia, garantizar su independencia y defender su ingreso en la carrera según los principios de mérito y capacidad que en intentar legislar para convertir la Justicia en una herramienta al servicio del Gobierno central”.

Miguel Ángel García, consejero madrileño, cree que los nueve jueces y fiscales que Justicia otorga a esta Comunidad Autónoma son insuficientes. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Funcionarios alertan del problema

Por su parte, los sindicatos de funcionarios como CSIF, CC.OO. y STAJ denuncian que aumentar las plazas de jueces, juezas y fiscales en las secciones de violencia sobre la mujer no sirve de nada sin ampliar toda la plantilla.

Para estas organizaciones sindicales el reciente el aumento del número de jueces y juezas especializadas en esta materia que reforzarán las secciones de violencia sobre la mujer que formarán parte de los nuevos tribunales de instancia, acabará perjudicando la atención de las mujeres víctimas de esta lacra social si no va acompañada de la ampliación y especialización de todo el personal de las oficinas judiciales y fiscales.

Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia Nacional, que negocia con el Ministerio en estos momentos la revisión de plantillas, porque detectan que en algunos sitios hace falta personal. “Al mismo tiempo hacen falta profesionales con esas nuevas plazas de jueces y fiscales en los juzgados de violencia de género que a partir del 3 de octubre tendrán más competencias. El problema es que llevamos dos años sin Presupuestos Generales, con lo cual va a ser difícil que se hagan las inversiones económicas adecuadas y que la transformación de la justicia se haga”.

Para estos sindicatos es fundamental que las plazas de funcionarios en las secciones de los tribunales de instancia sean para profesionales especializados. “Es este personal de la Administración de Justicia quien incoa las diligencias previas o urgentes en los supuestos de violencia sobre la mujer; atiende a las víctimas; les instruye de sus derechos; tramita las órdenes de protección y/o alejamiento; instruye de sus derechos a los supuestos agresores; recoge las declaraciones de las y los intervinientes; tramita los autos de alejamiento, de prisión o de libertad; practica las notificaciones; etc.”, comentan.

Sindicatos como CC.OO., CSIT  y STAJ han criticado la nueva organización de los juzgados de violencia de género por su falta de personal especializado. (Imagen: CSIF)

CC.OO. denuncia que, en la práctica, van a desaparecer los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La negativa del Ministerio de Justicia y de la mayoría de las comunidades autónomas con competencias transferidas a que sea personal especializado el que tramite estos procedimientos —como consecuencia de la constitución de los tribunales de instancia a partir del 1 de julio de 2025, y que el personal de dichos tribunales tramite por igual los asuntos de violencia sobre la mujer y el resto de procedimientos judiciales— conllevará que el sistema judicial español empeorará significativamente su respuesta y sensibilidad ante estos casos.

Desde STAJ se ve con preocupación la situación: “En las plazas nuevas que se van a crear en los tribunales de instancia de Madrid solo hay jueces, pero nada más, con los mismos funcionarios. Es inviable, puede generar un problema serio para las víctimas y para todos aquellos que necesitan de dicha jurisdicción. Al mismo tiempo hay que recordar todas las competencias nuevas que se han metido a estos juzgados, va a ser imposible que los funcionarios sin refuerzo puedan con ello. Es necesario que Ministerio y comunidades autónomas afronten más inversiones para cubrir esas plazas de LAJs y funcionarios”.

Sobre la comarcalización se abre un debate sobre si realmente puede perjudica a estos juzgados de Violencia de género, ahora convertidos en tribunales de instancia supuestamente con una sección especializada sobre estos temas. “En principio parece que no hay un equipo específico que se haya creado para llevar estos asuntos. Es fundamental que esos profesionales estén especializados para poder gestionar estos asuntos y saber tratar a las víctimas que llegan a los juzgados y a sus familias. Con esto se retrocede en la calidad de servicio en el futuro y se obliga a la víctima a tener que desplazarse”.