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Jurisprudencia

Alcalde es condenado por prevaricación al contratar a un abogado saltándose los trámites administrativos

El Tribunal Supremo confirma la condena de tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración Local

(Foto: Pexels)


Jurisprudencia

Alcalde es condenado por prevaricación al contratar a un abogado saltándose los trámites administrativos

El Tribunal Supremo confirma la condena de tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración Local

(Foto: Pexels)



La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un alcalde que acordó contratar a un abogado para que asumiese la defensa del Ayuntamiento y de los vecinos en un proceso penal, sin respetar el cauce procedimental administrativo previo.

La convocatoria de pleno extraordinario para acordar la contratación del abogado fue realizada a iniciativa del alcalde

La sentencia, de 5 de marzo de 2022, indica que la argumentación del recurrente “es tan habilidosa como falaz”.



Antecedentes

En enero de 2007, el alcalde de Villaconejos (Madrid), omitiendo el cauce procedimental administrativo preceptivo, propuso la contratación de un abogado para defender al Consistorio en un procedimiento penal que se seguía en un juzgado de Aranjuez (Madrid).

Una vez acordada su contratación en el pleno extraordinario de la Corporación Municipal, el alcalde ordenó que se hicieran cuatro pagos, por un valor total de 46.000 euros, al despacho de abogados al que pertenecía el letrado contratado, a raíz de los servicios que estaba prestando en el asesoramiento y defensa de los vecinos en el procedimiento penal arriba aludido.

No obstante, fruto de la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, en noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al alcalde como responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal, a la pena de tres años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración Local, así como al pago de la mitad de las costas procesales.

Tribunal Supremo: proclama política vs. acto administrativo

Ahora, la Sala Segunda del TS desestima el recurso de casación formulado por la representación del alcalde y confirma la sentencia dictada por la AP de Madrid.

En primer término, el recurrente alegó que el acuerdo para la contratación del abogado constituiría una “proclama política” a la que no cabría otorgar la naturaleza de acto administrativo.

Fachada del Ayuntamiento de Villaconejos, Madrid. (Foto: Ayuntamiento de Villaconejos)

Sin embargo, el Alto Tribunal declara que tal conclusión “es tan habilidosa como falaz”.

A su juicio, “si se llegase a admitir -y no hay ninguna razón para ello- que el acuerdo del Pleno no reúne la condición de acto administrativo (desde luego dotar a un acto administrativo de la aureola de decisión política democráticamente adoptada no permite sustraerse de la legalidad administrativa: el primer pilar del estado de derecho es el sometimiento de todos los poderes públicos -también los representantes electos de los administrados- a la ley), toparíamos con los actos realizados (estén formalizados o sean actuaciones de hecho: en ambos casos pueden dar vida una prevaricación administrativa como recuerda el Fiscal con cita de abundante jurisprudencia) como derivación de ese Pleno, actos que el factum endosa de forma inequívoca al acusado: recabó efectivamente los servicios del letrado y dio cumplimiento a las exigencias de ese arrendamiento de servicios (pagos) pactado al margen de toda la legalidad administrativa, desglosada y desmenuzada en la sentencia de instancia”.

En segundo lugar, el recurrente argumentó que no era consciente de que se estaba apartando de la legalidad al contratar a un abogado sin sujetarse a los cauces procedimentales administrativos oportunos.

En cambio, ahora, la Sala de lo Penal recuerda que, ni el hecho de que el resto de los concejales respaldase la propuesta en el pleno ni la ausencia de una advertencia u objeción de ilegalidad por parte de alguien con facultades, autoridad y conocimientos suficientes para ello (el puesto estaba vacante) eximen al acusado de actuar conforme a la legalidad administrativa a la que despreció de facto.

“La deducción de la Audiencia es totalmente racional. No puede negarse, al menos, un dolo eventual”, zanja la Sala Segunda.

1 Comentario
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Suscriptor E&J2(@otrousername)
2 meses atrás

que pena consideras que le puede caer ala abogada vela por irumpir en el juzgado delejitimar ala majistrada alegando inmunidad diplomatica para el alcalde ramon ropero mancera eximiendole de comparecer ala citacion judicial sin documento acreditativo de representacion y que luego el mismo declino la alcaldia en jose mancera segundo de la lista electoral ella no hizo separacion de vienes en el matrimonio por lo que todo el capital del marido quien se dedica a contratar rumanos ilegales para tasreas agricolas y para incoarme ami con amenazas y agrasiones a mi patrimonio lo ultimo intento de craqueo de mis cuentas de internet el colegio de abogados si responde de ella tendra que pedir prestamo pues la falta es grave y NO reclino en mis pretensiones lo tengo presentado ante la CPI

Nombre
antonio salamanca garcia 79258611J colejio de abogados de badajoz y escuela aja de madrid practicas en la curia ue CV