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Jurisprudencia

Bonos convertibles del Popular: un matrimonio será indemnizado con la equivalencia a la pérdida de valor de sus inversiones

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 7 min

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Ponferrada ha condenado, en su reciente sentencia de 31 de marzo de 2021, al Banco Santander a indemnizar a un matrimonio por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la comercialización de los bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular.



“Es claro que el banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe, e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer a la actora la adquisición de los bonos que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo”, sostiene el reciente fallo.

Hechos

Según se desprende de la propia sentencia, los actores alegan que, en el año 2012, comerciales del Banco Popular les ofrecieron la adquisición de un producto que les publicitaron como muy bueno, sin riesgos, destinado a clientes excelentes de la entidad, con una atractiva rentabilidad y con el capital asegurado al vencimiento, pero con la peculiaridad de que el cliente percibiría, en vez de dinero, títulos del banco.

Una de las antiguas sucursales del Banco Popular (Foto: Economist & Jurist)

Así, tras aceptar la adquisición de los bonos por valor de 28.000 euros, en enero de 2014, empleados de la entidad bancaria les comunican a sus clientes la amortización anticipada de los bonos en acciones.

En ningún momento el Banco Popular evaluó los conocimientos financieros ni la experiencia inversora en productos especulativos de los clientes demandantes antes de la venta de los bonos subordinados obligatoriamente convertibles. Tampoco la entidad bancaria proporcionó al matrimonio demandante ninguna información sobre la operación a realizar ni sobre los verdaderos riesgos que conllevaba el producto suscrito, ocultándoles la delicada situación financiera en la que se encontraba el banco, de la que se enterarían poco tiempo después y a través de la prensa. En la misma línea, tampoco se informó a los clientes afectados de la intención de llevar a cabo movimientos societarios que repercutirían directamente sobre el valor de los bonos.

Fue a través de los medios de comunicación cuando los actores se percataron de la alarmante situación del Banco Popular, con el que mantenían una confianza inquebrantable.

Finalmente, como es sabido, el Banco Popular fue intervenido en junio de 2017 y vendido al Banco Santander por 1 euro.

Así, el resultado final fue que el matrimonio demandante contrató un producto seguro según los propios empleados del Banco intervenido, con el capital invertido garantizado, pero que a la postre resultó ser un producto altamente especulativo, suponiéndoles una pérdida patrimonial del 100%, siendo el único beneficiario de esta operación el Banco Popular, que quebrantó los deberes de información y lealtad para con los clientes, lo que determina el nacimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Acciones ejercitadas

La representación procesal de los demandantes articula, con carácter principal, una acción de responsabilidad contractual por los daños y perjuicios derivados de la negligencia de la entidad bancaria en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad, e información en la comisión mercantil, consistente en una venta asesora del instrumento objeto de la demanda.

Subsidiariamente, se interpone una acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento de la inversión e información permanente como comisionista, asesor de inversiones y custodio.

Por último, en defecto de las anteriores, se insta la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de adquisición de bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular por valor de 28.000 euros.

Voz letrada autorizada

Antes de anunciar en qué sentido se acaba finalmente pronunciando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Ponferrada, Rubén Cueto, Socio Director de Vallverdú Abogados y letrado que ha asumido la dirección del presente asunto, nos esclarece y pormenoriza las claves del procedimiento:

“En el fenómeno Acciones Banco Popular existe numerosa jurisprudencia contradictoria que se va despejando a medida que avanza en la investigación el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Es muy complejo demostrar que una entidad bancaria que cotizaba en el IBEX 35 estuviera alejada de su verdadera situación financiera pues sus cuentas estaban avaladas por las principales firmas auditoras de este país, pero la crisis inmobiliaria dejó una huella imborrable”, anuncia el Socio Director del despacho de abogados con sede en Gijón.

Rubén Cueto, Socio Director de Vallverdú Abogados (Foto: Economist & Jurist)

A su juicio, “durante todo este complejo proceso de transformación los inversores nunca fueron informados de la realidad financiera de la emisora, convirtiéndose en meros espectadores”.

Fruto de todo ello y como ya hemos anticipado en líneas anteriores, “la acción principal ejercitada es una acción de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los deberes de información en el marco de la relación de asesoramiento que propició la contratación del producto financiero, acción de responsabilidad con fundamento en el art. 1101 del Código Civil, por haber incurrido la entidad en dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por la defectuosa información prestada en el momento de la comercialización del producto”.

Como informa precisamente la presente sentencia en el fundamento de derecho cuarto, “el Tribunal Supremo en su STS de 11 de marzo de 2020 establece que en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, pueda surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 del CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable”.

“Esta doctrina fue ya acogida por las SSTS 62/2019, de 31 de enero, y 303/2019, de 28 de mayo. También la sentencia de 20 de julio de 2017, número 472/2017, en una pretensión fundamentada en el art 1101 CC y en una relación de asesoramiento al cliente, declaró la obligación de resarcir los daños y perjuicios sufridos por la negligencia de la entidad en el cumplimiento de los deberes de información”, agrega el fallo.

Así las cosas, para el éxito de la mencionada pretensión, “corresponderá a la parte actora, en virtud de las reglas que sobre la carga de la prueba se infieren de lo establecido por el art. 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, justificar, cumplida y suficientemente, el cumplimiento de los siguientes presupuestos fácticos:

  • La conclusión entre las partes del contrato constitutivo de la relación jurídica que vinculaba a las mismas, y el contenido obligacional de dicho contrato;
  • El presupuesto fáctico de la responsabilidad contractual atribuida -dolo, negligencia, morosidad, incumplimiento o contravención del tenor de la obligación;
  • La base fáctica de la realidad de los daños y perjuicios sufridos, esto es, la real existencia de los mismos;
  • El nexo causal eficiente entre la conducta generadora de responsabilidad contractual y los daños y perjuicios producidos”.

En opinión de Cueto Vallverdú, “acreditar todos estos extremos conlleva gran dificultad, pero se evidenció con la práctica de la prueba que existía una vinculación contractual entre las partes mediante el contrato de cuenta de valores y la adquisición de los diferentes productos bancarios, que los actores eran minoristas (susceptibles de mayor protección) y que los valores ofrecidos fueron a iniciativa de los empleados del banco lo que supone un servicio de asesoramiento”.

En consecuencia, como era de esperar, “la actuación del banco excede de una pura recomendación comercial y se convierte en una relación de asesoramiento, en la que, durante todo el periodo de vigencia de la relación, el gestor tiene que explicar y asesorar al adquirente sobre la rentabilidad, los pros y contras de la inversión”, agrega.

“Por lo desarrollado hasta el momento se puede apreciar la complejidad de la pretensión, pero el nudo del asunto es la ocultación a los demandantes de la situación de dificultad económica que atravesaba el banco, simulando una inexistente situación de solvencia”.

Pues bien, “la tergiversación de la situación financiera se acredita mediante el informe pericial aportado, que concluye, entre otras cosas, que el Banco Popular desde el año 2007 ha venido enmascarando su situación financiera mediante la renovación de préstamos y créditos que no podían ser atendidos por las empresas del Sector Inmobiliario y PYMES. El Banco en vez de provisionar dichos préstamos, lo que hacía era renovarlos y cobrar nominalmente los intereses devengados y no pagados por los clientes, incluyéndolos en los nuevos préstamos en muchos casos”, sostiene el letrado.

Es decir, el matrimonio afectado, “en ningún momento, como miles de afectados, no tuvieron conocimiento real de la situación de insolvencia del banco, más que por las noticias que se fueron publicando, sobre todo a raíz de la intervención de la entidad bancaria. Por todo ello, está claro que el banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe, e información completa, clara y precisa que le era exigible”, confirma Cueto Vallverdú.

Así las cosas, “este incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional unido a la falta de conocimientos y experiencia suficiente del inversor para conocer el funcionamiento del producto, su alcance y riesgos, permitió concluir a la juzgadora que la entidad bancaria se apartó de su obligación de información, provocando los perjuicios económicos sufridos por los demandantes, cumpliéndose así el nexo causal, de donde se deriva la responsabilidad”, concluye el abogado.

Fallo

Como ya ha adelantado el abogado, la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Ponferrada estima íntegramente la demanda interpuesta y declaro que el Banco Santander ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información en la comisión mercantil consistente en una venta asesorada del instrumento objeto de la presente demanda.

Además, como consecuencia de la anterior conclusión, la Juzgadora condena a la entidad bancaria a indemnizar al matrimonio por los daños y perjuicios causados, equivalentes a la pérdida de valor de sus inversiones. Tal cantidad quedará determinada por la diferencia entre el precio de adquisición del instrumento objeto de la presente demanda (valorada en 28.000 euros), minorada en las rentas recibidas más el interés legal desde su recepción, y todo ello con los intereses legales desde la fecha de la demanda.

Por último, la Magistrada-Juez condena al Banco Santander al pago de las costas procesales ocasionadas.

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