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Jurisprudencia

Dos jubilados recuperan 177.000 € de preferentes y bonos convertibles del Popular

La AP de Málaga confirma que el banco no cumplió debidamente con su deber de información

Antigua oficina de Banco Popular. (Foto: Pacific Press/Alamy Live News/Jorge Sanz)


Jurisprudencia

Dos jubilados recuperan 177.000 € de preferentes y bonos convertibles del Popular

La AP de Málaga confirma que el banco no cumplió debidamente con su deber de información

Antigua oficina de Banco Popular. (Foto: Pacific Press/Alamy Live News/Jorge Sanz)



La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia que declaraba la nulidad de varias órdenes de compra de preferentes y bonos convertibles del Banco Popular suscritos por una pareja de jubilados entre 2009 y 2010.

Él era agricultor y ella ama de casa

La sentencia, de 7 de junio de 2022, sostiene que el banco no informó convenientemente a sus clientes del riesgo de los distintos productos que se suscribían y sobre todo de las consecuencias de la operación de canje y la forma de producirse tal.



El caso

En febrero de 2019, el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Málaga estimó la demanda de juicio ordinario interpuesta por la representación de los dos pensionistas frente al Banco Popular (ahora, Banco Santander), declaró la nulidad de varias órdenes de compra de preferentes y bonos convertibles, y condenó a la entidad bancaria a abonar la cantidad de 177.000 euros a los afectados.

En palabras de la Juzgadora de instancia, en el caso que nos ocupa, “ha de declararse la nulidad del contrato celebrado atendiendo a la deficiente y difícilmente comprensible información proporcionada por la entidad demandada acerca de los productos contratados, su objeto, contenido, alcance y riesgos, la carencia de conocimientos financieros especializados en este tipo de productos financieros complejo y en el comportamiento del mercado, estando la parte demandada, obligada legalmente a suministrar una determinada y adecuada información”.

Ciudad de la Justicia de Málaga. (Foto: Málaga Hoy)

Disconforme con lo anterior, el banco recurrió en apelación alegando, entre otros motivos de recurso, que la Magistrada-Juez incurrió en error en la valoración de la prueba que le llevó a declarar la nulidad de tales contratos por vicio en el consentimiento.

En relación a la suscripción de participaciones preferentes, no consta que fuese realizado test de conveniencia ni que se entregase al cliente folleto informativo alguno

En tal sentido, la apelante mantiene que no se cumplen los requisitos para que prospere la acción de anulabilidad ya que es necesario que el error recaiga sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que debe existir un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y que debe ser excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular.

El banco no cumplió con su deber de información

Ahora, la AP de Málaga desestima el recurso de apelación interpuesto por el Banco Santander y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Málaga.

Según se desprende del reciente fallo, de la prueba obrante en autos “no puede concluirse que se informase convenientemente a los actores apelados del riesgo de los distintos productos que suscribían y sobre todo de las consecuencias de la operación de canje y la forma de producirse dicho canje”.

La obligación de información de la entidad bancaria es “incuestionable”, tanto si se considera que existía una labor de asesoramiento como si se considera una mera intermediadora o comercializadora

Cabe indicar que los afectados, él agricultor y ella ama de casa, habían suscrito con anterioridad otros productos financieros complejos. Eso sí, estos últimos no tenían las mismas características que los que son objeto de autos. Por ello, la Sala advierte que este extremo no puede llevar a concluir que los usuarios “tuvieran conocimientos financieros suficientes para conocer la operativa de los productos cuestionados”, siendo “insuficiente” la documentación que el banco le entregó a sus clientes.

Después de reproducir distintos apartados de la STS 411/2016, de 17 de junio, dictada sobre bonos subordinados convertibles en acciones del Banco Popular, la AP de Málaga coincide con la Magistrada-Juez de instancia y reconoce que, en el caso litigioso, “no se cumplió debidamente con el deber de información”, confirmando la sentencia de instancia en cuanto a la declaración de nulidad por vicio en el consentimiento.

Voz letrada autorizada

Belén Rincón Pérez, abogada especialista en Derecho bancario y miembro fundador de Red ABAFI, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

Belén Rincón Pérez. (Foto: Belén Rincón Abogada)

“A mi juicio, la importancia de esta sentencia se encuentra no solo en la anulación de varias órdenes de compra de preferentes y bonos convertibles del Banco Popular que los clientes había suscrito en un breve periodo de tiempo de 13 meses, permitiendo que dos jubilados pudieran recuperar sus ahorros de 177.000 euros, sino por tratarse de una sentencia dictada con posterioridad a la STJUE de 5 de mayo de 2022, en el asunto C-410/20, por la que se declara la imposibilidad de que los accionistas de Banco Popular pudieran reclamar a su sucesor, Banco Santander, las pérdidas ocasionadas a consecuencia del mecanismo de resolución de la JUR”, adelanta la abogada.

El hecho de que los productos acabaran convirtiéndose en acciones y, posteriormente, amortizándose a cero euros no elude la responsabilidad del banco

En la sentencia aquí analizada, la AP de Málaga declarada probado “el incumplimiento por parte del Popular de las normas de comercialización de productos bancarios complejos, permitiendo una contratación viciada siendo, dicha infracción, anterior a que los clientes se convirtieran en inversores primero y accionistas después”, añade Rincón Pérez.

“La entidad bancaria pretendió eludir dicha responsabilidad atribuyendo la pérdida económica a la conducta de los clientes al no haber procedido a la venta de las acciones antes de que estas se perdieran a consecuencia de la resolución”. En cambio, ahora, la Audiencia determina que “el hecho de que los productos acabaran convirtiéndose en acciones y, posteriormente, amortizándose a cero euros no elude la responsabilidad del banco causante de la contratación viciada y determinante de la nulidad de las órdenes de compra. Debiendo el banco devolver a los clientes su inversión de conformidad con las bases fijadas en la sentencia”, concluye la letrada

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