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Jurisprudencia

El dies a quo contra cláusulas abusivas de tracto sucesivo comienza desde su última renovación y no desde que se tiene constancia (STS 15/09/2021)

Los distintos swaps hasta entonces vigentes quedaron extinguidos, por lo que a partir de ese momento debía iniciarse el cómputo del plazo de cuatro años respecto de tales contratos

(Foto: Economist & Jurist)

Director de la revista Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 4 min



Jurisprudencia

El dies a quo contra cláusulas abusivas de tracto sucesivo comienza desde su última renovación y no desde que se tiene constancia (STS 15/09/2021)

Los distintos swaps hasta entonces vigentes quedaron extinguidos, por lo que a partir de ese momento debía iniciarse el cómputo del plazo de cuatro años respecto de tales contratos

(Foto: Economist & Jurist)



Si ya resulta complejo establecer un plazo de prescripción para interponer acciones de nulidad, que atendiendo a diferentes teorías o interpretaciones doctrinales incluso pueden ser imprescriptibles, aún más dificultoso resulta constituir ese plazo para contratos de tracto sucesivo.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), emitida el pasado 15/09/2021, desestima un recurso de casación que pretendía iniciar el dies a quo no desde la fecha de la constitución del contrato posiblemente nulo, sino desde la última renovación anual automática, de la que había transcurrido más de cuatro años hasta la interposición de la demanda.

Una cláusula SWAP llena de discordia

El procedimiento en primera instancia nace en 2016, cuando varias sociedades afectadas por las permutas financieras conocidas como “swaps”, interponen demanda en declaración de nulidad por falta de información y por vicio en el consentimiento de unos contratos de operaciones marco, así como de los sucesivos contratos de confirmación de permutas (tracto sucesivo). La entidad bancaria demandada fue Banco Santander S.A.

Sala Primera del Tribunal Supremo (Foto: Economist & Jurist)

Así, en primera instancia se estima la demanda y se declara la nulidad de los contratos impugnados, además de anular las liquidaciones practicadas al amparo de los mismos, en base al siguiente razonamiento: “Siendo los contratos de tracto sucesivo, es necesario entender que no se tiene cabal y completo conocimiento de la causa del error porque exista una liquidación negativa, sino cuando al final del contrato, como consecuencia del saldo de todas las liquidaciones, el cliente observa un resultado claramente negativo no previsto como posible y repara en su error […] pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento”.

Por lo tanto, entendió el tribunal de primera instancia, además de considerar las cláusulas nulas en cuanto a la cuestión de fondo, que efectivamente establecía el dies a quo para interponer la acción de nulidad en el momento en que se tuviera conocimiento de la situación abusiva, que podía darse con posterioridad a la firma del contrato viciado, manteniendo viva la acción de nulidad por acogerse a los plazos previstos en el art. 1301 del Código Civil (C.C.): “La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a correr: […] 2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato”.

La Audiencia Provincial da la razón al Santander

Como era previsible, la entidad bancaria recurre en apelación alegando infracción de los arts. 1265 y 1266 del C.C.: “Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”.

Y la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto amparándose en la jurisprudencia del alto tribunal (STS 89/2018), en la que se establece que las acciones de nulidad por error de los contratos de swaps comienzan a computar desde la consumación del contrato o desde la última renovación de las condiciones que extienden la condición de abusividad en el tiempo.

La Audiencia declara que se produjo una reestructuración general de todos los contratos vigentes y no simples renovaciones de un mismo negocio jurídico, de modo que en ese momento se extinguieron los contratos anteriores y su consumación determina el dies a quo para el cómputo de, plazo de la acción de anulabilidad.

Casación: se mantiene el criterio de la Audiencia Provincial

El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477.23.º LEC: “Serán recurribles las sentencias… […] Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional”; y del citado art. 1301 del Código Civil.

El recurso es desestimado porque la sentencia recurrida no desconoce la doctrina de la sala. La sentencia no fija el cómputo del dies a quo de la acción de nulidad por error en el momento del conocimiento por el cliente de los gastos de cancelación, sino que tiene en cuenta para unos contratados, cuándo se produjo su consumación y, para otros, que se celebraron sin que mediara error en la contratación.

Nos recuerda la Sala Primera que “las liquidaciones negativas no determinan que comience el plazo de caducidad y que la cancelación y encadenamiento de contratos no supone por sí una convalidación del error padecido en la contratación, porque no se informa del riesgo efectivo del contrato y simplemente se confía por el cliente en enjugar pérdidas anteriores”. O dicho de otro modo: la renovación de la cláusula viciada no renueva el dies a quo, pues en ellas no se informa al consumidor de las cláusulas abusivas, sino que este plazo se inicia desde el momento en el que el consumidor suscribe por primera vez el contrato y conoce o se le omite, por extensión, el contenido que da lugar a la nulidad de la cláusula.

En el caso que nos ocupa, desde la reestructuración general de 8 de febrero de 2007 los distintos swaps hasta entonces vigentes quedaron extinguidos, por lo que a partir de ese momento debía iniciarse el cómputo del plazo de cuatro años respecto de tales contratos, de modo que para esos contratos la demanda se interpuso transcurrido el plazo de cuatro años.

Se desestima el recurso de casación y se condena en costas a las entidades demandantes.

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