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Jurisprudencia

«El próximo fallo del TJUE, del 13 de junio, puede ser clave en el futuro de la temporalidad del sector público», afirma el abogado Javier Arauz

Esta sentencia podría hacer cambiar la jurisprudencia de la Sala Contenciosa del Supremo, reacia a reconocer el abuso de estos profesionales

Javier Arauz, abogado experto en reclamación de interinos, cree que la sentencia del TJUE del 13 de junio puede ser clave para resolver el problema temporalidad. (Imagen: Javier Arauz)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 8 min

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Jurisprudencia

«El próximo fallo del TJUE, del 13 de junio, puede ser clave en el futuro de la temporalidad del sector público», afirma el abogado Javier Arauz

Esta sentencia podría hacer cambiar la jurisprudencia de la Sala Contenciosa del Supremo, reacia a reconocer el abuso de estos profesionales

Javier Arauz, abogado experto en reclamación de interinos, cree que la sentencia del TJUE del 13 de junio puede ser clave para resolver el problema temporalidad. (Imagen: Javier Arauz)



Cerca de millón de profesionales temporales del sector público en fraude de ley se mantiene expectante ante la nueva sentencia del TJUE sobre este colectivo, fijada para el próximo 13 de junio, que resolverá las prejudiciales planteadas por el magistrado hoy jubilado, Federico Vidal, y antes titular del Juzgado número 17 de lo Contencioso de Barcelona, a petición del abogado Javier Arauz en relación a un asunto concreto que llegó a su Juzgado en mayo del 2022.

Esa expectación viene generada por la sentencia del TUE de 22 de febrero que resolvía varias cuestiones prejudiciales de la Sala Social del TSJ de Madrid. La sentencia ha dividido a los jueces entre los que dan la fijeza; aquellos que mantienen el status quo; y los que ahora suspenden los procedimientos. La cuestión prejudicial planteada por el Supremo ha desencadenado ese escenario muy complejo.



Desde el despacho de Javier Arauz, volcado a la defensa de este colectivo desde hace ya una década, se sigue con expectación este tema. Recientemente el bufete ha logrado la conversión de tres trabajadoras de la CAM en fijas a través de un fallo del 10 de mayo de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo que resolvió sus cuestiones prejudiciales señalando que la fijeza no era posible y que debía mantenerse la calificación de indefinido no fijo, a la espera de una reforma y del trabajo de la Inspección de Trabajo. Pura contradicción.

Arauz explica a Economist & Jurist que “tenemos esperanza en la sentencia del TJUE de 13 de junio que resolverá las cuestiones prejudiciales del Juzgado 17 de lo Contencioso de Barcelona, magistrado que hizo caso a la propuesta que le planteamos desde este despacho. Hemos enviado al TJUE la sentencia del TSJ de Madrid última porque no ha dado cumplimiento al fallo de este tribunal de 22 de febrero. Los tribunales españoles tienen muy pocas ganas de cumplir las sentencias europeas”.



Para este jurista, “Federico Vidal, juez de Barcelona que planteaba dicha cuestión, sugería de forma muy clara la necesidad de que nuestro ordenamiento cumpliera la Directiva 1999/70 de forma más rotunda que lo que hizo en su día la Sala del TSJ de Madrid. Si el TJUE da respuesta exacta a lo que planteaba el juzgado, el TJUE tiene que ser más contundente. Incumplir una normativa comunitaria es una ilegalidad que debería tener consecuencias”.



A su juicio, “todo va a depender del lenguaje que emplee la sentencia del TJUE de 13 de junio. Estoy convencido de que el Tribunal de Luxemburgo va a hacer una enmienda a la totalidad a la jurisprudencia del Supremo de su Sala Contencioso- Administrativa. No es lógico que mantenga que el abusado siga en abuso hasta que su plaza la asuma un funcionario de carrera, sin ninguna indemnización, tesis que el TJUE rechazará de pleno”.

Al mismo tiempo cree que en ese fallo del TJUE “se hará otra enmienda a la totalidad a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que regula los procesos de estabilización y que no vale para nada. Es bastante previsible que acabe con los procesos de estabilización como medida sancionadora. Al mismo tiempo el TJUE, sabiendo que su sentencia de 22 de febrero es un mínimo, va a cambiar la terminología e introducir la obligación de hacerlos fijos”.

De nuevo el TJUE tomará una decisión, en esta ocasión para resolver una cuestión en la vía contenciosa relacionada con los miles de interinos en fraude de ley que hay en nuestro país. (Imagen: TJUE)

La contundencia del TJUE

Desde su punto de vista “el TJUE tiene que ser más contundente y en lugar de recomendar o decir que la estabilización desde la fijeza es una medida idónea, tiene que emplear un lenguaje que ha utilizado en otras ocasiones donde ha hablado que si no hay otra alternativa la obligación es hacer fijo a este personal. Eso puede ser la solución a este gran problema de la temporalidad que hay en nuestro país. Ante esa decisión esperemos que ninguna autoridad administrativa o judicial ponga reparos a cumplir esa Directiva 1999/70 de forma plena”.

Sobre la sentencia de febrero del 2024, Arauz indica “pese a su claridad, ha demostrado el poco interés de los jueces en aplicar la jurisprudencia comunitaria. Por lo que sabemos, la cuestión prejudicial que plantea ahora el Tribunal Supremo, a raíz de la misma, esta a punto de darse a conocer. Sobre este asunto, esta Sala Social ya tuvo la oportunidad hace tres años de plantear dicha sentencia. Hubiéramos ganado mucho tiempo, sin duda”.

Para Arauz “un trabajador temporal que lleva veinte años en su puesto de trabajo, ha demostrado su capacidad en ese puesto de trabajo. En ocasiones, que no tenga plaza es porque no se sacó la oposición; en otras ocasiones había menos plazas que candidatos, pero hay que romper esa inercia negativa y, sobre todo, dejar claro que no es necesario presentarse a una posición para ser funcionario. Hay miles de casos en España que señalan lo que ha sucedido en cuanto a que las administraciones han abusado de la contratación temporal todo lo que han querido”.

En su opinión, “el problema es que estas sentencias del TJUE cuestionan la forma de acceso a la función pública vía oposición, lo que ha hecho que muchos colectivos de funcionarios presionen para que se evite la conversión en fijos de estos trabajadores temporales en fraude de ley desde hace muchos años. Es como si no les importase el futuro laboral de estos profesionales en fraude de ley. En este escenario, nuestros jueces que fueron opositores, parece que no les gusta que se busque otra vía de acceso a la función pública”.

Es evidente que el debate está más abierto que nunca y que funcionarios y sindicatos no están por la labor de regularizar a estos profesionales, lo que puede generar un grave problema de exclusión social para este colectivo cercano al millón y sus familias; profesionales que rondan los cincuenta años de edad y como en el SEPE, han sido cesados sin ninguna compensación económica pese a llevar algunos quince años de experiencia. “El problema es serio y el Gobierno retrasa la reforma al problema por esas presiones”.

Arauz cree que la Sala de lo Social, ahora presidida por Antonio Sempere, debería haber interpuesto antes dicha cuestión prejudicial. (Imagen: Poder Judicial)

Los juicios se suspenden ahora

En este debate, hay una parte de la judicatura que abre una nueva vía para complicar aún más la resolución del tema, y es suspender los procedimientos con el perjuicio que eso genera para los afectados de tener que esperar dos años más hasta que su asunto se resuelva: “En Madrid, salvo tres juzgados de lo contencioso, todos han suspendido hasta el fallo del TJUE de 13 de marzo. Ahora se celebran pocos juicios, a nivel laboral habrá que ver que hacen los TSJ y si siguen las tesis del TSJ de Galicia que suspendió unos 400 asuntos”.

Arauz se muestra esperanzado: “Creo que va a ver un antes y un después tras la sentencia del TJUE de 13 de junio. Tendrá tanta importancia como aquella de 19 de marzo del 2020, en relación a otro asunto que plante nuestro despacho en cuanto al abuso. Aquí tenemos una ventaja que ya hay unos mínimos fijados en la sentencia de 22 de febrero. Debe dar un paso más en cuanto a obligar a que se cumpla la normativa comunitaria. Es bastante posible que hable de fijeza en términos de obligatoriedad”.

Este jurista es consciente que en estos últimos meses se han planteado denuncias ante la Comisión Europea ante la desidia de nuestros jueces por cumplir el derecho comunitario: “Bruselas va muy lento, ya tenemos dos procedimientos de infracción abiertos desde el 2014 por estos temas pero aun no se han resuelto pese a la situación actual”.

Desde su despacho en estos meses se han conseguido además de sentencias de fijeza otros hitos como la anulación por vía judicial de procesos de estabilización en ayuntamientos como en Abarán (Murcia) y Sagunto (Valencia) el pasado mes de abril. “Si nos da la razón el TJUE nos podemos encontrar con una duplicidad de funcionarios en muchas administraciones. Los que hayan aprobado la OPE y los que sean fijos por la aplicación de la sentencia del TJUE correspondiente”.

Desde su punto de vista “habrá que ver como asumen esta duplicidad de gasto público, cuando lo lógico hubiera sido detener los procesos selectivos en marcha a la espera de los fallos del TJUE. En el caso de que hable de fijeza sería automática y el resto de plazas irían por los procesos selectivos. Hubiera sido lo lógico. Pero han seguido con estos procesos selectivo y habrá que ver cómo afrontan los procesos de estabilización y a quién hay que exigir más responsabilidad de ese nuevo gasto público”.

Para Arauz, “el Gobierno está sometido a muchas presiones y da la sensación que va a esperar a la sentencia próxima de 13 de junio para actuar en consecuencia. Estoy convencido de que este fallo judicial va a ser una llamada de atención a nuestra jurisdicción contenciosa administrativa y, a partir de aquí muchos tendrá que hacer un ejercicio de reflexión y de responsabilidad. Europa está cansada de España en esta materia, donde los incumplimientos de la normativa comunitaria son más que evidentes”.

Javier Arauz, en una conferencia impartida recientemente en Zaragoza organizada por el sindicato STEPA, explicó la importancia de las sentencias del TJUE. (Imagen: STEPA)

Las presiones al Gobierno

Para este experto “parece claro que nuestro Gobierno espera a Europa para realizar la reforma de la temporalidad, la cual es necesaria. En estos momentos la tasa es del 38%, solo se ha bajado cuatro puntos y es difícil que a final de este año estén todos los procesos de estabilización realizados como señala la Ley 20/21 que se aprobó para estabilizar al millón de interinos en fraude de ley que hay en nuestro país. Es muy posible que este fallo que esperamos del TJUE en el mes de junio, le sirva al Gobierno de excusa para hacer sus deberes”.

El problema que se avecina es importante con los Fondos Next Generation, “o se hace una estabilización automática de todos los profesionales, porque no vamos a reducir la temporalidad al 8% que marca el Plan de Recuperación y Resiliencia donde hay unos miles de euros comprometidos a cambios de dicha reforma. Al final es un problema de interés publico importante donde Europa nos puede reclamar esos Fondos Europeos. Una vez que se estudia el derecho comunitario, la fijeza es la única alternativa”.

Respecto a los jueces el mensaje de Arauz se centra en que “los tribunales tienen dos cuestiones que realizar, el primero es que tienen que aplicar la Directiva 1999/70 al hilo de las últimas sentencias del TJUE y, en segundo, no puede salir gratis estas situaciones de fraude para las administraciones infractoras. No puede haber un colectivo en nuestro país, sin responsabilidad, que hagan lo que hagan no les pasa nada, frete a los médicos o arquitectos que si se equivocan pagan sus indemnizaciones e incluso pueden ir a la calle”.

En este contexto, este abogado experto en reclamación de interinos cree que será interesante cómo van a afrontar los jueces el tema de las indemnizaciones al personal en fraude, cuanto la sentencia señala que esa indemnización que marca la ley de 20 días por año trabajado es insuficiente. Para este jurista “también la sentencia señala que el hecho de la conversión en fijo, bien de forma automática o por el concurso de méritos que marca la ley, no libra a la Administración de tener que pagar indemnizaciones a la víctima del abuso. Creemos que con la fijeza se puede lograr esa compensación económica que señalan los tribunales”.

Hay cerca de un millón de trabajadores temporales en nuestro país en fraude de ley entre diferentes administraciones, tanto personal estatutario como laboral. El colectivo volverá a manifestarse en breve. (Imagen: Plataforma de Interinos)

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