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Jurisprudencia

El Supremo avala el régimen de responsabilidad disciplinaria del nuevo Estatuto de la Abogacía

La Sala Tercera ha desestimado el recurso planteado por ALTODO contra 22 artículos del Estatuto aprobado hace apenas un año

Fachada del Tribunal Supremo. (Foto: ACN)


Jurisprudencia

El Supremo avala el régimen de responsabilidad disciplinaria del nuevo Estatuto de la Abogacía

La Sala Tercera ha desestimado el recurso planteado por ALTODO contra 22 artículos del Estatuto aprobado hace apenas un año

Fachada del Tribunal Supremo. (Foto: ACN)



La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo planteado por la asociación de referencia en materia de defensa de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio de nuestro país contra 22 artículos del Estatuto General de la Abogacía Española aprobado en marzo de 2021.

La sentencia, de 19 de julio de 2022, advierte que la redacción conjunta de los cuatro apartados del precepto del Estatuto referido a las sanciones para los profesionales de la Abogacía “plantea dudas y deja abiertas varias posibilidades en su aplicación”.



El caso

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

La Asociación fundada en 2005 solicitaba la anulación del Título XI del Estatuto referido al “régimen de responsabilidad de los profesionales de la Abogacía y de las sociedades profesionales”. Además, de forma subsidiaria, peticionaba la anulación de los apartados 1, 2 y 3 y de los párrafos primero y segundo del apartado 4 del art. 127 del repetido Estatuto referido a las “sanciones para los profesionales de la Abogacía”. Por último, también de forma subsidiaria, la actora interesó la anulación del párrafo segundo del apartado 4 del citado precepto.

El Titulo XI del Estatuto contiene 22 artículos

Como ya anunciara ALTODO en un comunicado emitido en el marco del Día de la Justicia Gratuita en julio de 2021, el aludido recurso pretendía la anulación del citado título concreto del Estatuto por entender que se había vulnerado el principio de legalidad penal en su garantía de carácter formal que hace referencia al rango de las normas tipificadoras de las infracciones y reguladoras de las sanciones (art. 25.1 de la Constitución Española), la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE) y la libertad (art. 17 de la CE).

Según se desprende del recurso de la Asociación, el régimen de responsabilidad disciplinaria de la profesión de abogado engarza con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Tribunal Supremo

Ahora, mediante su reciente sentencia de 19 de julio de 2022, la Sala Tercera del TS acaba de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ALTODO.

  • En primer término, el recurrente interpreta que, desde la perspectiva del art. 25.1 de la CE, una norma de rango reglamentario no puede regular el régimen de responsabilidad disciplinaria de la profesión de abogado. Además, entiende que la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, no establece ninguna cobertura legal para que este derecho fundamental sea matizado y quepa su regulación por una norma de rango reglamentario.

En la misma línea, ALTODO alertó que la profesión de abogado goza de un estatus especial en la Constitución al estar enmarcada en el núcleo del derecho a la tutela judicial efectiva. Así pues, tal circunstancia, a su juicio, remite al 53.1 de la CE que establece resera de ley para la regulación de derechos fundamentales.

Sin embargo, la Sala Tercera recuerda que la letra i) del art. 5 de la citada Ley 2/1974 señala que corresponde a los Colegios Profesionales “ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial”. Además, el apartado 2 del art. 6 dispone que “los Consejos Generales elaborarán, para lodos los Colegios de una misma profesión, y oídos éstos, unos Estatutos generales, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio competente”.

«Una norma de rango reglamentario no puede regular el régimen de responsabilidad disciplinaria de la profesión de abogado». (Foto: iStock)

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo recalca que la jurisprudencia constitucional “modera la exigencia de norma de rango de ley cuando son los Estatutos Generales de un colegio profesional los que regulan el régimen disciplinario de los colegiados”. En particular, el máximo intérprete de la Constitución tilda de suficiente la habilitación conferida por el art. 5. i) de la Ley de Colegio Profesionales para que estos últimos “ordenen la actividad profesional de los colegiados, ejerzan la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial, facultándoles para que sus Estatutos Generales, aprobados por Real Decreto, contengan el régimen disciplinario de la profesión”, añade el reciente fallo.

Por último, la Sala Tercera tilda de “forzado” el intento de considerar conculcada la exigencia reserva de ley por entender que el régimen disciplinario de los abogados engarza con el derecho a la tutela judicial efectiva.

  • En segundo lugar, respecto a la impugnación del art. 127.4 del Estatuto por considerarlo contrario al principio de seguridad jurídica, el Alto Tribunal destaca que la redacción conjunta de sus cuatro apartados “plantea dudas y deja abiertas varias posibilidades en su aplicación”.

Pese a ello, tal interpretación “no conduce a declarar la nulidad de este precepto sino a realizar una interpretación integradora que permita despejar los interrogantes que se plantean”, aclara.

Como se desprende del literal del texto, los tres primeros apartados del art. 127 regulan el régimen general de las sanciones a imponer en el caso de infracciones previstas en el Estatuto por el ejercicio de la Abogacía, mientras que el inciso cuarto de este mismo precepto contempla unas sanciones accesorias a la principal que se imponen cuando la infracción está relacionada con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del turno de oficio.

Pues bien, pese a manifestar sus dudas, el TS asegura que “ambas sanciones se cumplirán conjuntamente y no de forma sucesiva lo que implica que el tiempo de suspensión de la sanción principal se computa también para el cumplimiento de la sanción accesoria por el tiempo que coincidan ambas”, concluye el fallo.

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Anonymous
10 días atrás

FRAUS OMNIA CORRUMPIT: UBI EXCLUSIONE ,IBI CORRUPTIONE
Nueva alerta del fraude masivo depurador del art.30.1.e DLFCE 365/1964 y del fraude procesal del art.6.1 y 2 LEC
Enhorabuena querida Presidenta del CGAE Victoria Ortega y resto de sus miembros y antecesores, por esta STS que pone en cuestión todo el derecho sancionador no solo del Estatuto General de la Abogacía Española, sino también el de la Abogacía del Estado, el de Universidades, el de Educación, el de Sanidad, el del Poder Judicial, CP,CJMilitar, al basarse en unas leyes preconstitucionales de 1974 y otras conexas de 1964 como la de Funcionarios Civiles del Estado y de Educación, Consejo de Estado, Banco de España,…que violan masivamente DDFF por imponer sanciones, penas, excomuniones, proscripciones, exilios, exclusiones, estigmas a perpetuidad, sin separación de poderes, mediante separación de servicio, despido, inhabilitacion por Tribunales de Honor o asmilados declarados o encubiertos prohibidas por art..25 y 26 CE, en todas las AAPP y organizaciones colegiales derechos fundamentales que siguen sin desarrollar mediante la preceptiva ley orgánica, debiendo abolir el Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. franquista del art.30.1.e del DLFCE 365/1964 de Carrero , y derivados agravados como el art.303 LOPJ 1985 de Ledesma González y variantes del EOMF 1969/1981 art.56.1.d EBEP 7/2007 de Sevilla-R.Zapatero TREBEP 2015 de Montoro-Rajoy, copiado en todas las AAPP, estatales, institucionales, autonómicas, locales y corporativas exigiendo a nacionales, extranjeros, refugiados políticos, el requisito depurador ideológico politico de:
No haber sido separado de servicio, ni despedido, ni estar inhabilitado jamás, por nadie en ninguna administración o empresa publica o privada en todo el mundo.
Lacra franquista prorrogada desde 1978 a presente y lo que falte, que el TC en STC de 1982 siendo Ponente Tomás Vives, fiscal y catedrático y Vpte del TC, recién fallecido, había prohibido prorrogar como todas las leyes preconstitucionales violadoras de DDFF, debiendo el juez o la autoridad gubernamental aplicar la Constitución directamente pero no dichas leyes totalitarias depuradoras.
Esta lacra del J.E.T.A depurador franquista es la madre de todos los fraudes y corrupciones que colapsan la justicia y acredita la mejor prueba de deficiencia democrática de la Transición de 1978 al seguir todas las leyes y funcionarios del Estado atados y bien atados al Franquismo y sus principios inamovibles del movimiento Nacional por dicho Juramento
Por lo cual todos los Catedráticos, funcionarios, Consejeros de estado, del TCU, Magistrados del TC, Defensor del Pueblo, Banco de España, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo Económico y Social, CGPJ, de la CRUE, Rectores de universidad, Claustros, Sindicatos, Asociaciones, ONG, Correos, Policía, Defensa,CNI como victimarios y víctimas deben abjurar de ese Juramento franquista que les impide cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Directivas UE y los Tratados ONU, violando las al separar de servicio, despedir, o inhabilitar y excluir de todo empleo publico al separado,Bal despedido y al inhabilitado y al expulsado colegial, y al participar en Tribunales de Oposición, Mesas de Contratación, Comisiones de Nombramientos que excluyen a perpetuidad de todo empleo a esos colectivos confundidos en un Totum Revolutum de separados de servicio despedidos, inhabilitados y asimilados.
El Estatuto de la abogacia española, de la abogacía del Estado y otros Letrados y garantes del Estado de Derecho derecho, no torcido ni fragmentado, como el del Jurado, como el del Fiscal, como el de de los Alertadores denunciantes de corrupción y fraudes, mal llamados por unos Whistleblowers y por otros «amicus curiae», debe figurar en la LOPJ y ser desarrollados por leyes orgánicas.
Todas las oposiciones ,Temarios memoristicos franquistas, Academias de preparación, Tribunales de oposición, Nombramientos, Tomás de Posesión, Honores y Condecoraciones, Doctorados honoris causa, Premios De justicia,Pelayo, Grandes Cruces,títulos nobiliarios, de todas las AAPP, desde 1978 a presente son nulas radicales por ser totalitarias franquistas al excluir a perpetuidad sin posibilidad de rehabilitación y reinserción a dichos colectivos condenados a la «muerte civil».
Esto exige rehabilitar e indemnizar a las víctimas excluidas, separadas, despedidas, inhabiltadas, postergadas, exiliadas o incluso exterminadas, por responsabilidad patrimonial de todos los poderes del estado que han consentido y aplicado esa lacra depuradora guerracivilista sin rechistar represaliando a quien se atreva a denunciarlo lo cual está prohibido por Directiva UE de alertadores que España sigue sin trasponer a todas las leyes depuradoras precitados de Función Pública,Universidades,Interinos,CNI…
Esta lacra afecta a los fondos Next Generation de la UE para España que es miembro desde 1985 por haber dicho que no era estado totalitario franquista, lo cual no es cierto por dicho Juramento, pudiendo ser apercibida por la UE como Polonia o Hungría por sus malas praxis totalitarias, ya que la actual Abogacía del Estado juramentada franquista no puede representar y ser parte demandante o demandada del Reino de España si resulta falso que cumple y hace cumplir la Constitucion, las Directivas UE y los Tratados ONU, según el art.6.1 y 2 LEC, que prohíbe ser parte demandante a los gerentes y participes de entes fake ,sin requisitos o sin título constitutivo que es otra lacra que colapsan todos los juzgados y tribunales que por negligencia inexcusable han tramitado procesos sin verificar el título constitutivo y poderes del demandante.
Felicitamos al ICAB y al ICAM por activar su grupo hermanado nemofilactico de leyes injustas I+DRET y por el reciente Congreso ICAB en que constan denunciadas estas 2 lacras franquistas que ningún juez se atrevió a cuestionar y que colapsan la justicia desde 1978.
Por ello la ley de memoria democrática debe ampliarse no solo hasta 1983 sino hasta el presente 2022 y lo que falte para abolir esas 2 lacras y otras e indemnizar a las víctimas depuradas y proscritas en falso por art.30.1.e DLEFCE 1964 y a las demandadas por entes fake sin titulo y condenadas en falso por arte.6.1 y 2 LEC
Recomendamos la rectificación y la sana crítica correspondiente omitida en MILES DE LIBROS, por todos:
Historia de la Abogacía Española de Santiago Muñoz Machado,
Manual de Derecho Sancionador de la Abogacía del Estado, de Fuentes Bardaji,
Manuales de Derecho Procesal sobre el art.6.1 y 2 LEC. de todas las editoriales jurídicas.
Alertamos a la Ministra de Hacienda y FP, Universidades, Justicia, Cultura, Deporte,….la inmediata rectificación de los requisitos franquistas de todas las oposiciones utilizados para aniquilar disidentes, y de todos los procesos judiciales en que la parte demandante o demandada es falsa y carece de título, y se utiliza para aniquilar disidentes, por lo cual el ente fake solo puede ser parte demandada por sus abusos, pero no demandante para ocultar sus abusos y fraudes engañando al juzgado, a la audiencia y al TS al no presentar su título constitutivo jamás ni en ejecución, descubriéndose años después dicho fraude viciando de nulidad miles de sentencias inejecutables por falta de título constitutivo del demandante ejecutante falso acreedor, comunidades de propietarios,okupas,… del proceso monitorio, verbal, declarativo civil o contencioso o penal
Ni la ley ni el juez ni el gobierno ni las revistas jurídicas, ni los Colegios Profesionales ni Sindicatos, ni Asociaciones,ni Claustros, ni las academias de preparación memoristica de oposiciones franquistas de Abogados del Estado, Letrados Consejo de estado, Maestros, Catedráticos, Policías, pueden amparar el fraude y la corrupción y deben premiar y proteger al informante y pedir responsabilidades a los que lo permitieron
FRAUS OMNIA CORRUMPIT: UBI EXCLUSIONE ,IBI CORRUPTIONE

Nombre
Alertadores de fraudes y corrupciones franquistas