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Jurisprudencia

La relación para percibir la pensión de viudedad puede demostrarse por medios alternativos al registro

"El TS considera que el certificado de empadronamiento, así como cualquier otro medio de prueba válido en Derecho, es apto para demostrar que ha existido la convivencia inequívoca entre los dos sujetos"

(Foto: E&J)

Redacción editorial E&J

Tiempo de lectura: 4 min



Jurisprudencia

La relación para percibir la pensión de viudedad puede demostrarse por medios alternativos al registro

"El TS considera que el certificado de empadronamiento, así como cualquier otro medio de prueba válido en Derecho, es apto para demostrar que ha existido la convivencia inequívoca entre los dos sujetos"

(Foto: E&J)



La pensión de viudedad es una prestación económica que la Administración concede a aquellas personas que han tenido un vínculo matrimonial y cuya pareja ha fallecido. En el caso de las parejas que sí se han casado, el cónyuge que aún vive no tiene que pedir esta prestación porque el vínculo matrimonial ya es una prueba de que han sido pareja al estar inscritos en el Registro Civil y, por tanto, la pensión se le concede automáticamente (dentro de unos plazos establecidos según la situación) sin la necesidad de presentar ningún documento.



Sin embargo, en el caso de las parejas de hecho la situación es más complicada. Dado que en estos casos no han contraído matrimonio, si quieren demostrar que han convivido deben inscribirse en el Registro de Uniones de Hecho, o bien, entregando los recursos exigidos en el artículo 38.4 del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril), es decir, mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público de constitución de pareja de hecho.

El derecho a percibir la pensión de viudedad exige que se den varios supuestos: el primero, que ninguno tenga un vínculo matrimonial subsistente con otra persona; el segundo, que la pareja de hecho lleve conviviendo un mínimo de cinco años con una duración ininterrumpida, estable e inmediatamente antes de la fecha de fallecimiento del causante; y el tercero, la verificación de que la pareja de hecho se ha constituido como tal en Derecho.

«Ninguno tenga un vínculo matrimonial subsistente con otra persona» (Fuente: E&J)

Otras vías

Una reciente sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestima un recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, dando la razón a la la Audiencia Nacional, que concedió la pensión de viudedad sin la necesidad de fijarse estrictamente a lo estipulado en el párrafo cuarto del articulo 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado (TRLCPE), es decir, validó la utilización de una vía alternativa a la del Registro.

Esta sentencia supuso el inicio de una línea jurisprudencial que permite demostrar que una pareja ha sido de hecho sin la necesidad de verificarlo en el Registro de Parejas de Hecho. Pese a que, hasta el momento, la Administración, así como los tribunales españoles, se amparaban en los requisitos formales recogidos en el art.38.4 para conceder o no el régimen de viudedad, en este supuesto se acreditó otra prueba que demostraba la certificación de la pareja de hecho.

En el caso objeto de recurso, la particular acreditó la convivencia de más de 30 años de la pareja mediante la escritura pública de una vivienda en común que constituyó el domicilio familiar y, además, también aportó otro tipo de documentación probatoria: el certificado de empadronamiento y las declaraciones de IRPF.

«Cualquier otro medio de prueba válido en Derecho, es apto para demostrar que ha existido la convivencia» (Fuente: E&J)

El Supremo no ha rectificado su doctrina

Esta vía jurisprudencial se abría con la sentencia del Supremo en abril de 2021 al conceder la pensión de viudedad, cumpliendo la beneficiaria con todos los requisitos exigidos en el artículo 38.4, principalmente con el supuesto de no mantener ningún vínculo matrimonial con otra persona. El recurso más reciente, el de 24 de marzo de 2022, solicitó al Supremo que se le aplicase la citada doctrina de 2021, alegando que  en ambos casos se habían presentado los mismos documentos probatorios que daban fe de la existencia de la pareja de hecho.

Sin embargo, el Supremo desestimó el recurso de casación de marzo de 2022, el más reciente, ya que en este supuesto existía un vínculo matrimonial subsistente con otra persona, fundamentando su decisión al final del apartado octavo, como puede leerse en la sentencia: «En la medida en que tiende a evitar que pueda generarse doblemente el derecho a pensión de personas distintas debido a la no extinción del vínculo matrimonial».

Para que se dé este supuesto como válido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo entiende que el certificado de empadronamiento, así como cualquier otro medio de prueba válido en Derecho, es apto para demostrar que ha existido la convivencia inequívoca entre los dos sujetos sin que se infraccione el artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987. Pero eso sí, siempre que previamente concurran una serie de requisitos, como la no subsistencia de un matrimonia, algo que ocurría en el caso que nos atañe.

Así, la línea doctrinal que abrió nuestro Alto Tribunal, parece arrojar certidumbre a aquellos cónyuges de parejas fallecidas que, pese a haber mantenido una relación cierta por la cual podían optar a los beneficios del régimen económico matrimonial, la ley, por su rigidez, no les permitía obtener la pensión compensatoria.

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Suscriptor E&J(@dummyuser)
2 meses atrás

Me parece que esta sentencia que comentáis ya ha sido superada por otra posterior. La tengo en sentencia de Juzgado Social nº 32 de Barcelona. La sentencia invocada es la que exponéis en el articulo.
Para resolver la controversia debe tenerse presente que ciertamente la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo invocada por al demandante existe y se refiere en los términos expuestos por la actora; pero se trata de un único pronunciamiento que, además, ha sido recientísimamente “rectificado” por la propia Sala en su sentencia de fecha 24/03/2022 (recurso 3981/2020) que ha regresado al criterio clásico de exigir que la pareja de hecho esté legalmente constituida (ya sea en documento público o bien inscrita en un registro público de parejas de hecho).

Nombre
Miquel
Suscriptor E&J2(@otrousername)
2 meses atrás
Reply to  Suscriptor E&J

Cierto, el criterio de la Sala 3ª se ha rectificado, muy probablemente por cuestiones de índole más política que de justicia. Debería ser recurrida en amparo dicha Sentencia ya que confronta directamente con el artículo 14 de la CE. Aunque parece que el TC también tiene claro que no procede la pensión de viudedad si la pareja no se ha inscrito. Desde luego, el artículo da lugar a confusión y no es lo que realmente está ocurriendo ya que con base a la Sentencia de la Sala 3ª que se invoca la Sala Cuarta está inadmitiendo todos los recursos que la refieren como Sentencia de contraste. Una pena…

Nombre
Sofía
Anonymous
2 meses atrás

Buenos días María: La Sentencia que invocas ha sido un paso adelante para las parejas de hecho no inscritas y que acreditan de sobras su convivencia, hijos en común, etc. Pero la sala cuarta del Tribunal Supremo no se va a saltar la Ley General de la Seguridad Social mientras no modifiquen la ley.
Lo estuve comentando con un magistrado del TSJCataluña, y me dijo, que tenía que entender que en el caso en que la Sala tercera ha dado la razón a la viuda se trataba de un guardía civil, y por tanto, acogido a Clases pasivas….. Me quedé perplejo, ya que un simple letrado como yo, tuve que recordarle a un magistrado del TSJCataluña el artículo 14 de la CE…. Le comenté: ¿Yo tengo menos derecho que usted por no ser funcionario? y claro, cambió de tema….
Saludos.

Nombre
TOMAS MARTINEZ - abogado
Suscriptor E&J2(@otrousername)
2 meses atrás
Reply to  Anonymous

Así es. Se produce una desigualdad clarísima entre empleados públicos (con aplicación de la Ley de Clases Pasivas -más antiguos-) y resto de los trabajadores… ya que en caso de aplicación de la LGSS no cabe. No obstante, y como decía en mi comentario anterior, todos los recursos de casación que se están interponiendo con base de contraste en la de la Sala Tercera de abril de 2021 se están inadmitiendo por falta de interés casacional. Absolutamente injusto, pues esto está generando una división entre dos clases sociales con una acuciada diferenciación: funcionarios y resto de la población.

Nombre
Sofía