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Jurisprudencia

Es abusiva y nula la cláusula de fianza solidaria de un préstamo del Sabadell

La ejecutada, una mujer de avanzada edad, ha sido exonerada de pagar cerca de 22.000 euros

(Foto: Jaime Pozas/El Boletín)


Jurisprudencia

Es abusiva y nula la cláusula de fianza solidaria de un préstamo del Sabadell

La ejecutada, una mujer de avanzada edad, ha sido exonerada de pagar cerca de 22.000 euros

(Foto: Jaime Pozas/El Boletín)



El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cáceres ha exonerado a una mujer de tener que abonar cerca de 22.000 euros a un fondo buitre ya que varias de las cláusulas previstas en el contrato de préstamo que suscribió junto a su esposo fallecido resultan ser abusivas y nulas.

El auto, de 19 de julio de 2022, evidencia que la entidad ejecutante no ha acreditado que existiera información y transparencia en las cláusulas cuya nulidad postula la ejecutada.



El caso

En julio de 2015, el Banco Sabadell reclamó la cantidad de 16.985,32 euros en concepto de principal, más otros 5.095.60 euros en concepto de intereses, por un préstamo otorgado por la entidad bancaria a una mercantil de la capital cacereña.

El mencionado préstamo fue cedido con posterioridad al actual ejecutante, Promontoria Ares Dac, un fondo buitre que compra deuda impagada para su cobro.

La mujer argumentó que ella no tenía relación alguna con la empresa

La ejecutada, una mujer de avanzada edad, se opuso a la ejecución despachada alegando que la misma tenía la condición de consumidora y que, por consiguiente, le resultaba de aplicación la normativa de protección de consumidores.

En la misma línea, la mujer advirtió que únicamente su marido fallecido tenía relación con la empresa prestataria.

Sede de los Juzgados de Cáceres. (Foto: Armando Méndez/Hoy)

De igual modo, la fiadora aseguró que resultaba nula, por abusiva, la cláusula prevista en el préstamo titulada “Constitución de garantía y obligación solidaria”, ya que la ausencia de información precontractual junto con el contenido de la cláusula que no aclara su real significado provocaron que la misma no tuviera un conocimiento cabal de la carga jurídica y económica de este contrato.

Por último, la defensa de la mujer argumentó que, teniendo presentes los términos en los que estaba redactada la aludida cláusula de fianza solidaria, no podía estimarse que la misma superase el control de transparencia habida cuenta que un consumidor medio, razonablemente perspicaz, cuando renuncia, como así se dispone, a los beneficios de los derechos de división, orden y excusión, no podía saber a qué se refería.

Por su parte, la ejecutante impugnó la oposición al interpretar que no concurría causa legal para su estimación por encontrarnos ante una ejecución de préstamo mercantil. Así pues, a su juicio, no resultaba aplicable la normativa de protección de consumidores, ni se podía predicar por tanto la existencia de cláusulas abusivas.

La cláusula de fianza solidaria es nula

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cáceres le da la razón a la ejecutada, declara nulas, entre otras cláusulas, la referida a la fianza solidaria, y deja sin efecto la ejecución despachada a mediados de 2015.

En concreto, sin perjuicio de las obligaciones que como miembro de la sociedad tuviera su esposo, que figura como miembro de la mercantil, lo cierto es que la mujer “es una persona ajena a la sociedad” y “debe gozar de la protección que se da a los consumidores”, recalca el reciente auto.

La mujer “es una persona ajena a la sociedad

Así las cosas, como la ejecutante “no acredita que haya existido información y transparencia en las cláusulas cuya nulidad postula la ejecutada”, la Jueza sustituta entiende que “debe ser estimada la oposición, al contener el contrato de préstamo cláusulas abusivas”.

Aplicando la doctrina de protección a los consumidores, la Juzgadora reputa nulas las cláusulas referentes a la fianza solidaria, vencimiento anticipado, e intereses de demora previstas en el repetido contrato de préstamo.

Por último, “dado el tenor de esta resolución y de conformidad al art. 394 de la LEC”, el Juzgado impone las costas a la ejecutante.

Antonio J. Castro Losada, director legal de Don Recuperador, ha asumido la dirección técnica de este procedimiento.

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