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Jurisprudencia

Es accidente de trabajo la baja de una abogada por la «caótica situación» de su departamento

Tiempo de lectura: 3 min

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

Publicado




La actora, licenciada en derecho, prestaba sus servicios como personal laboral indefinido del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas de Gran Canaria) desde el año 2005.



En septiembre de 2014, tras disfrutar de la maternidad, se reincorpora a su puesto de trabajo prestando servicios en el Departamento de expropiaciones del Ayuntamiento arriba citado.

Pasados varios días desde su reincorporación, se le habilitó para el ejercicio de las funciones propias de letrada de los servicios jurídicos municipales en cualquier materia, y no sólo, en las de carácter urbanístico.

La actora, sin haber ejercido la defensa letrada ante órganos jurisdiccionales ni habiendo recibido curso alguno de formación al respecto, asumió la dirección legal de procedimientos inicialmente asignados a un compañero que estaba en situación de Incapacidad temporal.

Asimismo, la letrada realizaba, además de sus funciones en relación a los órganos judiciales, funciones consultivas, consistentes en la emisión de informes preceptivos y no preceptivos, así como bastanteo de avales, bastanteo de poderes, control del importe de las minutas, asesoramiento verbal a otros departamentos, asesoramiento a los compañeros de la asesoría en cuestiones jurídicas relativas a notificaciones que les planteaban dudas, asistencia a órganos tales como la comisión Intermunicipal del taxi de Telde, entre otras funciones.

Llamativamente, la asesoría jurídica municipal no contaba con jefe o director alguno, que dictara o estableciera instrucciones y directrices sobre las tareas encomendadas.

En enero de 2015, ante la enorme carga de trabajo existente, los empleados que se encontraban en activo en la asesoría jurídica municipal presentaron un escrito a la Alcaldía, con el siguiente contenido: “(…) éste personal lleva sufriendo un desgaste emocional y físico, que se nos ha manifestado en problemas de salud (estrés, angustia, ansiedad, etc.) reflejándose ocasionalmente en bajas laborales derivadas de esta situación, y con el agravio de los descuentos en las nóminas. La situación se hace insostenible desde el punto de vista laboral, puesto que somos los únicos empleados municipales, que, según la peculiaridad del puesto, la excesiva carga de trabajo y la alta responsabilidad, se encuentran en estas circunstancias. Además, no contamos con un jefe o Director General, funcionario que marque las directrices de trabajo y asuma la responsabilidad que conllevaría su cargo. Hasta ahora, no se han dado perjuicios de difícil o imposible reparación, por el gran esfuerzo realizado a costa de nuestra salud (…)”.

En febrero de 2016, los mismos empleados activos de la asesoría judicial presentaron un nuevo escrito ante el Registro General de documentos del Ayuntamiento, donde hacían constar, entre otros extremos: “estamos desbordados y desamparados (al no tener jefe), reiterando que no podemos seguir asumiendo esta carga de trabajo sin consecuencias”.

A las funciones arriba citadas por la actora, ahora se le sumarían el control de recibir y remitir documentación al Juzgado a través del Sistema Lexnet, así como el control del correo electrónico de la asesoría jurídica.

En diciembre de 2016, la actora acude a su médico de familia, el cual emite parte de baja médica por incapacidad temporal con diagnóstico de “reacción aguda al stress”, por enfermedad común. No fue dada de alta hasta mayo de 2018.

Así las cosas, el Juzgado de lo Social nº 7 de las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda interpuesta por la letrada declarando que la incapacidad temporal padecida derivaba de accidente laboral.

“Nexo causal directo e inequívoco entre el mal sobrevenido y la ejecución del trabajo”

Recurrido el anterior pronunciamiento por el Ayuntamiento y la mutua que otorgaba cobertura a las contingencias comunes y profesionales, ahora, la Sección 1ª de la Sala de lo Social del TSJ de las Palmas de Gran Canaria declara que “la sentencia de instancia es impecable en su construcción”.

“El juzgador no solo examina el contexto laboral en que se produce la baja, la desorganización y sobrecarga de trabajo del departamento jurídico en el que se integra la trabajadora, dando noticia de las múltiples pruebas que ratifican la caótica situación, sino que además a partir del historial médico de la demandante se adentra en sus antecedentes psíquicos detallando cuales son, su diagnóstico, tratamiento y duración”, sostiene el Tribunal.

“La Sala no puede sino compartir la conclusión que el juzgador alcanza: «la patología de la actora viene motivada por una prolongada situación de tensión vivida en el trabajo, de carácter objetivo (…) los hechos probados son tan claros, contundentes y reveladores que no permiten hablar de que se trate de una mera visión subjetiva de la trabajadora desvinculada de toda realidad y no podemos sino coincidir con el doctor, de modo que no consta en modo alguno que existieran agentes externos al trabajo, que causaran su estado depresivo, por lo que no podemos sino concluir que existe un nexo causal directo e inequívoco entre el mal sobrevenido y la ejecución del trabajo, por lo que la situación de la actora es subsumible en el art. 115.2 e) (actual 156) de la LGSS»”.

Concluye e insiste el Tribunal en que “la actora no era capaz de llevar a cabo las tareas propias de su profesión, no por el estado psiquiátrico que arrastraba desde su juventud sino de manera exclusiva por el contexto laboral en que se encontró durante casi dos años, siendo la causa determinante del trastorno diagnosticado, de carácter reactivo”.

Por todo ello, el fallo de la Sala no puede ser otro que desestimar los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la mutua aseguradora.

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