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Jurisprudencia

La verdad sobre la sentencia que pedía a los sanitarios «sacrificar su derecho a la vida»

El Colegio de Enfermería de Jaén peticionaba que se reconociera la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física

(Foto: Economist & Jurist)

Tiempo de lectura: 5 min



Jurisprudencia

La verdad sobre la sentencia que pedía a los sanitarios «sacrificar su derecho a la vida»

El Colegio de Enfermería de Jaén peticionaba que se reconociera la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física

(Foto: Economist & Jurist)



El Juzgado de lo Social n.º 2 de Jaén ha desestimado una demanda presentada por el Colegio de Enfermería de Jaén que solicitaba que se reconociera la vulneración de derechos fundamentales del personal sanitario durante la primera ola de Covid-19 por la falta de entrega, por parte del Servicio Andaluz de Salud, de los correspondientes equipos de protección individual.

La sentencia, de 27 de septiembre de 2021, ha provocado la inmediata reacción del propio Colegio de Enfermería, de sus Servicios Jurídicos y de distintos medios de comunicación. Aunque ya se ha confirmado que el fallo se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿qué hay de verídico en todo este escenario? ¿Es cierto que el Magistrado-Juez ha declarado que los sanitarios debían «sacrificar su derecho a la vida» durante la pandemia en beneficio del resto en la pandemia? Veamos.



Petición del Colegio de Enfermería de Jaén

El Colegio de Enfermería de Jaén, como parte actora, solicita en sede judicial que se declarase la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física previstos en el art. 15 de la Constitución Española, por la actuación del Servicio Andaluz de Salud, que concreta en la falta de entrega al profesional sanitario de los equipos de protección individual (EPIS) necesarios para hacer frente a la atención profesional que es propia en el marco de la pandemia generada por la Covid-19.

Imagen de una sanitaria en los aplausos diarios a las 20:00 horas durante la pandemia. (Foto: EFE)

Como se desprende del fallo, la mayoría de las afirmaciones relativas a la situación vivida por el personal sanitario (y por el resto de la ciudadanía) desde marzo de 2020 hasta la actualidad son públicas y notorias, “y no admiten discusión”.

Desestimación de la demanda

Tras reproducir la doctrina extensa del Tribunal Constitucional sobre el contenido de los derechos fundamentales invocados (entre otras, SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 120/1990, de 27 de junio), después de aludir a los tratados y declaraciones internacionales suscritos por España en relación con el derecho a la vida y el derecho  a la integridad física y moral, y de sintetizar cuál ha sido el desarrollo legislativo del art. 15 de nuestra Carta Magna, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Jaén declara que no encuentra un “resquicio” en la Doctrina Constitucional y en el Derecho Positivo que ampare la pretensión del Colegio de Enfermería de Jaén “de incluir los escasos hechos aportados a la litis -como decimos, no se va más allá de lo obvio, no se han facilitado medios suficientes- en el seno del derecho fundamental invocado”.

Además, “si todo ello no convenciese a los demandantes”, comenta el Juzgador, sería obligatorio poner sobre la mesa un principio básico en el Derecho Constitucional a fin de valorar la posible vulneración de derechos. En concreto, estamos hablando del principio de proporcionalidad o razonabilidad.

Pues bien, partiendo de dicho examen de proporcionalidad, en opinión del Magistrado-Juez, “no se aprecian, dadas las circunstancias, ninguna acción u omisión que limitase derecho fundamental alguno de los demandantes”.

Así las cosas, ya en el fallo, el Juzgado desestima la demanda interpuesta por el Colegio de Enfermería de Jaén contra el Servicio Andaluz de Salud, a quien absuelve de las pretensiones deducidas en su contra.

Reacciones

Como consecuencia del fallo dictado, las reacciones de los afectados y de distintos medios de comunicación no han tardado en llegar.

  • En concreto, en primer lugar, el Colegio de Enfermería de Jaén, a través de un comunicado, ha mostrado su disconformidad con la resolución y ha anunciado que recurrirá en suplicación ante el TSJ de Andalucía.

“El Colegio también muestra también su extrañeza por que la sentencia compare el sacrificio de las enfermeras con otros casos como los terroristas del GRAPO en huelga de hambre, o de los Testigos de Jehová, ya que no son en absoluto equiparables”, agrega el comunicado.

  • Por su parte, en segundo lugar, desde la Asesoría Jurídica del Colegio, el abogado que ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento, Santiago López Poyatos, ha tildado de “lamentable” el ejemplo de los GRAPO o los Testigos de Jehová.

“En esta sentencia, se considera que, en la pandemia por Covid-19, se pueden sacrificar derechos que concurren en distintas personas o sujetos; es decir, que se sacrifiquen unos, sin dotarlos de medios, para salvar a otros, como ocurría en sociedades antiguas tales como Egipto, o en la época precolombina”, señala el letrado. “Este sacrificio no sería exigible en una sociedad moderna salvo en caso de declaración de guerra, y no con un simple Estado de alarma, que incluso ha sido declarado inconstitucional parcialmente”.

  • En tercer lugar, el presidente del Colegio, José Francisco Lendínez, ha recordado que en Jaén el número de sanitarios infectados de Covid-19 ha sido muy elevado. En particular, tres de cada diez personas contagiadas en la primera ola eran pertenecientes al ámbito sanitario.

“Con esta sentencia se está obviando el derecho de cualquier trabajador a contar con los medios de protección adecuados para preservar su salud: se nos quiere convertir en mártires para que la Administración no tenga que responder por ponernos en primera línea sin medios, ni por los enfermeros contagiados e incluso fallecidos”, apunta. “Si éste es el concepto que tienen de nosotros, tendremos que pedir medallas pensionadas al Gobierno, por la heroicidad de nuestros enfermeros que han sustituido a la acción de gobierno”, agrega.

Sanitarios del Hospital 12 de Octubre muestran su apoyo a la sanidad pública. (Foto: El Diario)

  • En cuarto lugar, medios digitales como El País o Canal Sur, se han hecho eco de la noticia con titulares tan atrevidos como “Un juez argumenta que los sanitarios debían «sacrificar su derecho a la vida» en beneficio del resto en la pandemia” o “Un juez de Jaén considera que los enfermeros tienen la «obligación de sacrificar su derecho a la vida»”.

En cambio, frente a tales declaraciones y después de la lectura minuciosa de la polémica sentencia, en defensa del Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Jaén, cabe indicar que las interpretaciones realizadas no son del todo precisas.

Es decir, del literal del fallo no se desprende, en ningún caso, que los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida e integridad, aun sin mascarillas, en beneficio de la vida e integridad del resto de la población. Asimismo, tampoco se relee una auténtica comparativa entre la situación padecida por el personal sanitario durante los primeros meses de la pandemia con los casos de los terroristas del GRAPO en huelga de hambre o de los Testigos de Jehová.

Sencillamente, el Juzgador destaca la jurisprudencia constitucional más reseñable recaída en relación con los derechos a la vida y a la integridad física y moral contemplados en el art. 15 de la CE. Así, entre muchas otras, el Magistrado-Juez destaca en su extensa fundamentación jurídica, “por su relevancia intrínseca y consecuencias prácticas” las ya citadas SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 120/1990, de 27 de junio. La primera resuelve el recurso previo de inconstitucionalidad promovido por 53 diputados del Partido Popular contra el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 147 bis del Código Penal, de despenalización del aborto en determinados supuestos, y la segunda solventa un recurso de amparo presentado por determinados presos de la organización terrorista GRAPO en huelga de hambre.

Tras ello, el Juzgador cita hasta 19 sentencias del máximo tribunal de garantías de nuestro país sobre distintos recursos planteados. Entre muchas otras, allí menciona las SSTC de 17 de enero de 1994, sobre sometimiento obligatorio a investigación de paternidad, de 18 de diciembre de 1997, sobre intervenciones corporales en el proceso penal, de 18 de julio de 2002, sobre transfusiones de sangre a testigos de Jehová o de 23 de febrero de 2004, sobre el ruido.

En definitiva, respondiendo a la pregunta planteada en el titular del presente artículo, la respuesta tendría que ser, obligatoriamente, negativa.  Es decir, el Juzgador, pese a reconocer la notoria escasez de EPIS para los sanitarios durante la primera ola de la pandemia, en ningún caso expone que los mismos debían “sacrificar su derecho a la vida” en beneficio del resto de población.

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