La urgente necesidad de jueces independientes que defiendan el Estado de Derecho frente a la corrupción institucional y la captura del poder en España

La corrupción institucional se concreta en una desviación de la gestión del poder delegado por la sociedad en las autoridades para conseguir intereses particulares de carácter económico en perjuicio de la res pública. Ahora bien, cuando esta disfunción en la administración del interés general involucra a las elites políticas en el gobierno y a altos cargos institucionales, las “partes del contrato” suelen actuar a través de redes criminales, muy bien estructuradas. Se trata de una relación inescindible, caracterizada por una perfecta bilateralidad: por un lado, la delincuencia organizada requiere de gobiernos corruptos para condicionar el ejercicio del poder, interfiriendo en ello y cristalizándose en las estructuras estatales; y, por otro, los gobiernos corruptos necesitan el crimen organizado para perpetuarse en el poder.

El nexo entre corrupción y delincuencia organizada produce la devaluación del Estado de Derecho, rompiendo su arquitectura básica y transformándola desde dentro. Esto es lo que ha ocurrido también en España en los últimos años, donde el Gobierno ha utilizado la debilidad constitucional y las contradicciones intrínsecas del país para desarrollar una “trama de la corrupción”, que está llevando a la transformación del Estado, erosionándolo. Su modus procedendi se ha centrado en los siguientes frentes: las relaciones entre el Ejecutivo y las empresas, convirtiéndolo en un centro de negocios para intereses personales; la colonización de las instituciones y órganos de garantía, poniendo en sus vértices a personas afines, independientemente de su mérito y capacidad; el intento de captura del Poder Judicial y del CGPJ; y, por último, la cesión a todas las exigencias de los partidos independentistas. Este ataque frontal al sistema democrático y a sus principios estructuradores se ha producido de forma gradual pero constante.

Lamentablemente, la corrupción institucional es un tema al orden del día. Cuando se afirma que este fenómeno delictivo ha conseguido infiltrarse en las instituciones y centros de poder es suficiente pensar que se está investigando a la mujer y al hermano del Sr. Presidente, a Ministros, Exministros, políticos de confianza y altos cargos de Gobierno y otros miembros destacados del PSOE. Sin perjuicio del principio de presunción de inocencia, que es un pilar del derecho a un proceso equitativo y del Estado de Derecho, del número de asuntos in crescendo se deduce que no se trata de episodios aislados, sino que estamos más bien ante la existencia de un fenómeno de corrupción sistémica, cuyas formas de actuación se han ido infiltrando de forma silenciosa y gradual en el aparato estatal en su conjunto.

Para la profesora Faggiani, los jueces españoles están reaccionando bien en su lucha por preservar el Estado de Derecho (Imagen: E&J)

De ahí, se nos plantea la gran pregunta, ¿En qué punto estamos?, ¿Quién puede salvar el Estado de Derecho en España? Ante la inacción de las instituciones más políticas de la UE, que hasta el momento se han puesto de perfil, pues el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, de 8 de julio de 2025, ha sido claramente retocado para que fuera de España la ciudadanía europea no sepa lo que está ocurriendo y no se dé cuenta de la gravedad de la situación, queda un único y último baluarte para el Estado de Derecho, es decir el Poder Judicial. En estos últimos años los jueces españoles han sabido reaccionar de forma encomiable a los intentos de captura, de desprestigio y a las acusaciones de lawfare. Estos ataques son parte de un plan prestablecido para anular este Poder y someterlo al Gobierno, culminando la institución de una suerte de dictadura, aparentemente progresista esto sí, pero una dictadura, al fin y al cabo.

Por eso, ahora más que nunca es necesario salvaguardar la independencia judicial, y resistir a los ataques. A tal fin, es indispensable contar con un “Juez Líder”, con una personalidad fuerte, que no se deje someter y sepa mantener firmes sus posiciones y su integridad moral, en definitiva, que no se pueda corromper. Ahora bien, cuando se habla de un “Juez Líder”, que se opone a estas estructuras reticulares de poder “contaminadas”, es inevitable la analogía con los dos magistrados símbolos de la lucha contra el crimen organizado en Italia, en concreto contra la Mafia: el Juez Giovanni Falcone y el juez Paolo Borsellino, fallecidos en dos atentados para impedir que se descubrieran las conexiones entre mafia y Estado. Ambos sacrificaron la vida para luchar contra la delincuencia organizada, de la que la corrupción es parte integrante, y por tanto por sus ideales y su independencia.

De ahí, la pregunta ¿En España existe un Juez Falcón o un Juez Borsellino? En España este modelo de juez lo encontramos en todos y cada uno de los jueces que a diario se enfrentan a la criminalidad organizada y al poder, intentando desempeñar correctamente sus funciones en honor a la verdad y la justicia y estando dispuestos a sacrificar su futuro profesional y su vida por la defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de esa mayoría que se autodenomina “progresista” del actual Tribunal Constitucional. Este órgano, si bien no es Poder Judicial, pues no se incardina en el mismo, desempeña funciones propiamente jurisdiccionales y es el intérprete ultimo de nuestra Constitución, nada más y nada menos; por ello en el ejercicio de esta función esencial en el Estado de Derecho tiene que ser independiente e imparcial.

Al contrario, con respecto al TC –rectius la mayoría “progresista” del TC-, en lugar de hablar de un “Juez Leader” se debería hablar de un “Juez mata-sentencias”, expresión derivada del caso del magistrado italiano acusado, aunque luego absuelto, de colaborar, en su condición de presidente primero de la sala de lo penal del Tribunal de Casación (Corte di Cassazione), con la mafia por las numerosas sentencias y otras decisiones, unas 500, con las que anuló pronunciamientos del Tribunal de Apelaciones también por vicios formales. A partir de este caso, se suele apodar juez “mata-sentencias” al juez, que revoca, anula o modifica sentencias de jueces jerárquicamente inferiores sobre asuntos de trascendencia general, en definitiva, invalidándolas. Y la adulteración del proceso decisorio se produce abusando de su posición privilegiada, del cargo que revisten. Se trata, en otros términos, y en contraposición con el espíritu del “Juez Líder”, de un modelo de juez débil, manipulable, comprable y por lo tanto corruptible.

Sin embargo, cree preocupante la alineación del Tribunal Constitucional con el poder político en esos momentos (Imagen: Tribunal Constitucional)

Como es sabido, desde hace más de dos años y medio a esta parte el TC ha intentado contentar al Ejecutivo, avalando todas sus medidas. Esto ha supuesto en algunos casos anular las decisiones del Tribunal Supremo en algunos pronunciamientos controvertidos. La STC n. 137/2025 sobre la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía representa un ejemplo en este sentido. En este pronunciamiento, la mayoría “progresista” del TC, capitaneada por Conde Pumpido, ha vaciado de contenido el trabajo del Tribunal Supremo y de los jueces ordinarios en relación con las personas involucradas en el process, asegurando la impunidad de quienes habían sido condenados por delitos muy graves en el intento de subvertir el orden constituido y el consiguiente triunfo de una justicia selectiva.

Ahora bien, un TC capturado es un tribunal comprado, que actúa no para el interés general sino para intereses partidistas y personales. También este tipo de contaminación es una forma de corrupción, más sutil porque es menos visible, pero no por ello menos peligrosa. En primer lugar, porque quienes se mueven en estos círculos tienden a normalizarla, como si fuera un comportamiento secundum legem. En segundo lugar, no se puede perder de vista que de esta forma se vacían de contenido los principios estructuradores del Estado de Derecho.

De todo ello, se deduce que la mayoría progresista del TC no refleja el modelo del Juez Falcone o Borsellino, de un magistrado verdaderamente líder, independiente del Poder, que está acostumbrado a pronunciarse según su criterio objetivo y no aceptando apodícticamente ordenes e interferencias del Poder Político. Los magistrados más “progresistas” del TC han asumido el cometido -en absoluto sencillo en este momento- de mantener en vida la maquinaria del Poder, este sistema perverso, del que dependen todos los cargos que en los últimos años han sido nombrados de forma discrecional y de los que se han aprovechado para hacer negocios. Esto está llevando a fuertes tensiones en el diálogo judicial tanto con los jueces internos como con el TJUE, y a un descredito generalizado del TC, que la doctrina nacional e internacional ya suele clasificar entre los órganos de justicia constitucional politizados y dependientes del Poder Ejecutivo, de forma no disímil a Hungría y Polonia, lo cual además es un indicador incontrastable de la involución democrática.

Afortunadamente, a la mayoría “radical” progresista, que está adulterando las decisiones de los jueces, abusando de su cargo, se contrapone una minoría que a pesar de las presiones tanto políticas, dentro y fuera del TC, como mediáticas está intentando resistir de forma admirable. Rebelarse al poder en contextos de regresión democrática puede determinar la imposición de medidas disuasorias para intentar impedir a la persona disidente el correcto ejercicio de su cargo, excluyéndola de los procesos decisorios. Por ello, se puede afirmar que, en cambio, los magistrados del TC, que no se han alineado con lo que representa su Presidente, sí encarnan este ideal de “Juez Leader”, de juez que no se somete al Poder. En definitiva, esperemos que estos “Jueces Lideres” sigan luchando, que la justicia haga su curso y que la ciudadanía española despierte del sueño de la ignorancia y de un “falso progresismo”, que en realidad esconde detrás un régimen dictatorial, cada vez más consolidado.