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Jurisprudencia

Extranjero logra un permiso de residencia pese a sus antecedentes penales y limitada vida laboral

El Juzgado alude a las “dificultades notorias de acceso a un puesto de trabajo” y a la “extensión de la temporalidad en el mercado laboral”.

(Foto: El País)


Jurisprudencia

Extranjero logra un permiso de residencia pese a sus antecedentes penales y limitada vida laboral

El Juzgado alude a las “dificultades notorias de acceso a un puesto de trabajo” y a la “extensión de la temporalidad en el mercado laboral”.

(Foto: El País)



El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Bilbao ha reconocido el derecho de un extranjero a obtener una autorización de residencia temporal por arraigo laboral, a pesar de que el interesado tenía antecedentes penales por un delito contra la seguridad vial y su jornada laboral no alcanzaba el mínimo de 30 horas semanales.

El fallo es un ejemplo de aplicación del ordenamiento jurídico desde el sentido común

La sentencia, de 9 de marzo de 2022, se hace eco de las “dificultades notorias de acceso a un puesto de trabajo” y a la “extensión de la temporalidad en el mercado laboral”.



Ponemos en contexto

En noviembre de 2021, el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya desestimó la solicitud de residencia temporal por circunstancias de arraigo laboral formulada por el interesado, en base a los siguientes argumentos:

  1. Por un lado, porque no se acreditó la existencia de una relación laboral con entidad suficiente que asegurase que el extranjero contase con los medios económicos mínimos para su sustento.

«No se han ponderado todas las circunstancias concurrentes en el actor». (Foto: Hofmann)

A juicio de la Administración, una jornada laboral de menos de 30 horas semanales durante seis meses no pone de manifiesto la existencia de un arraigo laboral.

  1. Por otro lado, porque el interesado fue condenado por sentencia firme de 7 de agosto de 2020, como autor responsable de un delito contra la seguridad de tráfico.

Recurso contencioso administrativo

Disconforme con lo anterior, el demandante interpuso un recurso contencioso administrativo frente a la resolución desestimatoria arriba aludida y peticionó que se declarase la nulidad de la resolución impugnada y se reconociese su derecho a la autorización de residencia solicitada.

La resolución adolecía de falta de motivación al ser una “resolución tipo

En concreto, la actora alegó, entre otros motivos, que la resolución adolecía de falta de motivación al ser una “resolución tipo” y que se había vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 de la Constitución Española, ya que no se han ponderado todas las circunstancias concurrentes en el actor, dando mayor importancia a una condena por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas que al hecho de haber dedicado una parte importante de su estancia en territorio español a trabajar y cotizar a la Seguridad Social, como acredita mediante la vida laboral que acompaña a la demanda.

Estimación del recurso

Antes de entrar en el fondo del asunto, cabe advertir que, conforme al art. 124.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, los extranjeros podrán obtener una autorización de residencia temporal, por arraigo laboral, cuando cumplan los siguientes requisitos: a) que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, b) siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años; y, c) que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

Pues bien, pese a lo anterior, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Bilbao estima el recurso formulado y reconoce el derecho del actor a la autorización de residencia temporal por arraigo laboral que había interesado. Eso sí, a la vista de las dudas de hecho y de Derecho que presenta el caso, no se hace una expresa condena en costas.

  • Relación laboral

En primer lugar, cabe anunciar que el actor ha trabajado bajo una jornada semanal parcial del 30% desde el 24 de enero al 9 de diciembre de 2020. Además, el mismo ha trabajado para el mismo empleador con una jornada de 7 horas semanales entre el 1 de agosto de 2019 y el mes de agosto de 2020. Por último, cabe apuntar que, desde esta última fecha citada, el empleado comenzó a trabajar 20 horas semanales.

Bajo tal escenario, “habida cuenta de las dificultades notorias de acceso a un puesto de trabajo en el período considerado, de la extensión de la temporalidad en el mercado laboral, de la duración de la relación laboral y de la estabilidad en el puesto de trabajo (encadenando sucesivos contratos con el mismo empleador)”, el Magistrado-Juez llega a la conclusión de que la relación laboral debe tenerse por “relevante” a los efectos previstos en el art. 124.1 del RD 557/2011.

  • Antecedentes penales

En relación a la ausencia de antecedentes penales en el solicitante, el Juzgado apunta que la interpretación que realiza de este requisito la Administración “no es conforme con la que se encuentra en la doctrina casacional”.

Palacio de Justicia de Bilbao. (Foto: 20 minutos)

Después de reproducir distintos párrafos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 30/2021, de 26 enero, el Magistrado-Juez anula la resolución impugnada, “por falta de ponderación de la gravedad de la conducta puesta de manifiesto por la condena firme recaída, y su incidencia en la seguridad ciudadana como una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad”.

En particular, tratándose de un único delito imprudente y que las penas impuestas fueron las de 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 10 meses de privación del permiso de conducir, la conducta “no debe considerarse de la gravedad exigida por la jurisprudencia para constituir obstáculo para la autorización que pretende”, concluye el Juzgador.

Voz letrada autorizada

La letrada Itxaso López Recio, socia en Itxaso López Abogados, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

“La sentencia es un ejemplo de aplicación del ordenamiento jurídico desde el sentido común”, adelanta la abogada.

Un delito de alcoholemia no es lo suficientemente grave como para denegar automáticamente el arraigo a una persona extranjera

En concreto, “más allá de aplicar las normas de extranjería al caso concreto, el Juez valora las circunstancias personales y laborales del extranjero y decide que deben tener más peso que la normativa aplicable”, agrega.

“Entiende que un delito de alcoholemia no es lo suficientemente grave como para denegar automáticamente el arraigo a una persona extranjera. Pero, sobre todo, valora la dificultad de acceso a un puesto de trabajo en la actualidad y, en consecuencia, no considera exigible que el extranjero haya trabajado un mínimo de 30 horas semanales, tal y como exige la Administración”, concluye López Recio.

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