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Jurisprudencia

Google, el “afán informativo” y el derecho al olvido (STS 1175/2020, de 17 de septiembre)



El Tribunal Supremo, en su reciente STS 1175/2020, de 17 de septiembre, antepone el derecho a la información sobre el derecho al olvido, al entender que los enlaces a la opinión pública sobre una investigación penal que afectaba a una empresa de servicios inmobiliarios siguen siendo relevantes para cierto público.

El ahora recurrente en casación instó a Google para que adoptase las medidas necesarias “para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsqueda a las URLS reclamadas”. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos, tras realizar la ponderación de los derechos en juego, confirmó la prevalencia del derecho a la protección de datos del recurrente frente al de información de dicha entidad mercantil.





Consecuencia de lo anterior, la Audiencia Nacional anuló la citada resolución de la AEPD, recordó la doctrina del TC y del TJUE en supuestos de conflicto de tales derechos y dio prioridad a la información difundida a través del motor de búsqueda gestionado por Google frente a la protección de datos del afectado, valorando de forma significativa que la información se refería a la vida profesional del recurrente y que no había transcurrido un tiempo suficiente para considerar obsoleta la noticia.

Admitido el recurso de casación formulado, la Sala identifica el interés casacional en la necesidad de precisar la jurisprudencia sentada en la STS 12/2019, de 11 de enero, en relación con la ponderación entre la protección de datos de carácter personal y las libertades de expresión e información desde la prerrogativa del derecho al olvido.

Naturaleza de la información





Tras recordar la doctrina del derecho al olvido en su FD segundo, la Sala identifica la naturaleza de la información controvertida. En concreto, esta consiste en las opiniones vertidas por una usuaria que relata su experiencia a la hora de contactar con la empresa que dirigía el recurrente y el trato negativo que recibió cuando se interesó por la compra de un inmueble.

Como el núcleo de las críticas y quejas se ciñen y se centran en la actuación del recurrente en la dirección de una empresa de servicios, conduce a concluir que la noticia “no afecta de forma directa al derecho a la intimidad personal y familiar del recurrente (art. 18 CE) o a la vida familiar (art. 8 CEDH) en la interpretación que de su extensión y límites han hecho el TC y el TEDH, supuesto en el que la protección del artículo 18 CE estaría reforzada”.

En definitiva, lo publicado alude únicamente a la vida profesional o laboral del recurrente.

Relevancia pública y factor tiempo

En el FD cuarto de la STS, la Sala se centra en la denuncia de la infracción de los criterios de ponderación por la ausencia de relevancia pública del afectado y del factor tiempo (establecidos en la importantísima STJUE de 13 de mayo de 2014 en el caso COSTEJA).

El recurrente argumenta que no es una persona pública ni la actividad que desarrolla en las sociedades inmobiliarias presenta notoriedad alguna para la formación de la opinión pública. A pesar de compartir tal argumento, la Sala entiende que “aun cuando partimos de esta condición privada y carente de proyección pública del afectado, ello no es óbice, para que ciertos aspectos profesionales de su actividad presenten un interés público que se identifica como hemos dicho con el interés de los consumidores y usuarios en conocer y acceder a publicaciones que contienen valoraciones y opiniones sobre profesionales a través del motor de búsqueda de Google”.

Continua la Sala declarando que las experiencias y opiniones de la usuaria, “aun cuando en algunos casos contengan expresiones descalificadoras, no han de considerarse en sí mismas desproporcionadas en el contexto en el que se expresan los juicios y opiniones sobre la forma de operar de la empresa de servicios inmobiliarios dirigida por el interesado”.

Respecto al factor tiempo, considera el Tribunal que “no cabe considerar que el interés público de la información difundida -en 2010- se haya extinguido o se haya diluido por el paso del tiempo pues sigue siendo relevante y de interés en la formación de una opinión publica informada”. Es decir, “no ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que se ha disipado el interés subyacente en la información, hasta el punto de desaparecer. La continuidad de las noticias y la trascendencia y gravedad de los hechos y su posterior investigación penal en el año 2017 determina que siga perdurando un interés actual en la información”.

Preponderancia, “afán informativo” y criterio de veracidad

Por último, el tercer motivo casacional denuncia la infracción del criterio de la preponderancia y el “afán informativo” en la medida que el objeto de la litis debió de centrase en la libertad de información de Google, art 20.1 d) CE, al incluir la información en los motores de búsqueda y no en la libertad de expresión de la persona física que expresó sus comentarios. También aduce el recurrente e la infracción del criterio de la veracidad al entrar en colisión el derecho a la libertad de información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, con infracción de la doctrina constitucional contenida en la STC 123/1993 y la jurisprudencia de esta Sala Tercera, STS 12/2019, de 11 de enero.

Tras identificar que el problema está en la delimitación de lo que son hechos y juicios de valor y la determinación de cuál es el valor predominante, “con la dificultad que ello comporta”, la Sala considera que en el presente supuesto “los elementos preponderantes son los juicios de valor u opiniones y, por ende, procede encuadrar las publicaciones controvertidas en la libertad de expresión con las consecuencias que derivan sobre la veracidad”.

Y respecto a Google, que gestiona el motor de búsqueda, su función se limita a “contribuir a hacer accesible la información y a facilitar el acceso y conocimiento de la opinión vertida por los usuarios. (…) Google, como proveedor que hace accesible la información ex artículo 20 CE debe retirar la noticia cuando se solicite al amparo del artículo 18.4 CE, cuando contiene datos inexactos o erróneos (…), o cuando lo publicado carezca ya de interés público, pero cuando lo que hacen las páginas es permitir el acceso a opiniones y juicios de valor, no podrá exigirse a Google que indague la veracidad de la opinión, ni de su contenido, salvo cuando claramente sean obsoletos o tengan un carácter injurioso o, supongan una descalificación objetiva que carezca de cualquier interés público o sea desproporcionada en el necesario juicio de ponderación”.

“En este caso Google ha justificado que la opinión publicada alude a una conducta profesional que guarda conexión con ciertos hechos objeto de investigación penal; y divulga y advierte de un posible fraude a terceros, y que presenta un interés para potenciales usuarios”, concluye la Sala.