Hipotecaba pisos para comprarlos, cobraba los alquileres y no pagaba al banco: condenada junto a ocho cómplices
Falsificaba nóminas y contratos laborales para engañar a los bancos e inflaba los precios en las escrituras; otras ocho personas también han sido condenadas
(Imagen: E&J)
Hipotecaba pisos para comprarlos, cobraba los alquileres y no pagaba al banco: condenada junto a ocho cómplices
Falsificaba nóminas y contratos laborales para engañar a los bancos e inflaba los precios en las escrituras; otras ocho personas también han sido condenadas
(Imagen: E&J)
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este lunes a cuatro años de prisión y a una multa de 1.440 euros a una mujer que falsificaba documentos para lograr préstamos hipotecarios, comprar viviendas y alquilarlas, mientras dejaba de pagar las cuotas. Junto a ella han sido condenadas otras ocho personas, captadas por la principal acusada para actuar como compradores. La información procede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Según el relato de hechos, suscrito por todas las partes y que recoge la sentencia, la principal acusada buscaba los pisos, se presentaba ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria y guiaba a los supuestos compradores durante todo el proceso. También elaboraba la documentación que se entregaba a los bancos.
Esa documentación era falsa. Según el comunicado, consistía en nóminas, contratos laborales e informes de vida laboral, entre otros documentos, que tenían apariencia veraz, pero eran una imitación. Con ellos se construía «una imagen de solvencia» que no se correspondía con la realidad, y las entidades concedían una financiación que no habrían aprobado con los datos reales.
El precio inflado
El modus operandi tenía un segundo componente. En las compraventas se inflaba el precio que figuraba en la escritura pública, pero a los vendedores se les pagaba una cantidad inferior a la financiada. La diferencia se la quedaban los acusados.
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Los vendedores aceptaban ese precio «por la necesidad de vender sus inmuebles» y desconocían las maniobras de la trama, según el relato de hechos. Tras la compra, las viviendas se alquilaban y, a los pocos meses, se dejaban de abonar las cuotas. A los bancos solo les quedaba la ejecución hipotecaria, con un inmueble sobrevalorado y un resultado incierto.
Nueve condenados y varios atenuantes
Todos los condenados lo son por delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso con un delito de estafa agravada. Se aprecian como atenuantes las dilaciones indebidas y la confesión tardía. En algunos casos concurre además la reparación del daño, por los acuerdos alcanzados con las entidades bancarias para entregarles en dación en pago los inmuebles de los que eran titulares.
Las penas de los otros ocho condenados van de diez meses a dos años de prisión, con multas de entre 600 y 960 euros. El comunicado los describe como personas en situación de dificultad económica que aceptaron figurar como compradores y solicitar los préstamos «con pleno conocimiento» de que obtendrían un beneficio ilícito.
El hijo: absuelto, pero responsable civil
El caso tiene un giro que interesa más allá del ámbito penal. El hijo de la acusada principal estaba acusado de un delito de receptación por recibir los beneficios en sus cuentas bancarias, y ha sido absuelto, porque desconocía el origen fraudulento del dinero.
Que no haya delito no excluye la obligación de devolver. La mayor parte del beneficio llegaba a sus cuentas y, aunque ignoraba los hechos, le generó «un enriquecimiento patrimonial injustificado». Por eso se le declara partícipe a título lucrativo.
El comunicado no cita el precepto, pero la figura es la del artículo 122 del Código Penal: quien participa por título lucrativo de los efectos de un delito debe restituir la cosa o resarcir el daño hasta la cuantía de su participación. No supone una condena penal, sino una obligación de devolver lo obtenido.
Las cifras de la trama
El hijo responderá de forma directa y solidaria, junto a algunos de los acusados, frente a Bankinter, Caja Rural y Sabadell por un total de 56.638 euros. El Banco Santander, que ejercía la acusación particular y suscribió la conformidad, ha hecho reserva expresa de las acciones civiles para ejercerlas en vía separada.
Se han documentado doce compraventas de viviendas con garantía hipotecaria, por las que se obtuvieron 1,3 millones de euros, y siete créditos personales por 194.000 euros. La principal acusada, añade el comunicado, controlaba las operaciones, mantenía el dominio efectivo de las viviendas adquiridas y distribuía el beneficio.
