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Jurisprudencia

La Administración debe probar el daño al medio ambiente para exigir una indemnización

Según el TSJ de Cataluña, el daño al medio ambiente “no puede presumirse sino simple y llanamente ha de acreditarse”

(Foto: WWF)


Jurisprudencia

La Administración debe probar el daño al medio ambiente para exigir una indemnización

Según el TSJ de Cataluña, el daño al medio ambiente “no puede presumirse sino simple y llanamente ha de acreditarse”

(Foto: WWF)



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado que la Administración está obligada a acreditar la existencia de un daño real causado al medio ambiente para poder exigir al culpable el pago de una indemnización.

El fallo contiene un voto particular formulado por la Magistrada María Fernanda Navarro Zuloaga que razona que el recurso debería haberse desestimado

La sentencia, de 21 de abril de 2022, recuerda que el daño al dominio público “no puede presumirse sino simple y llanamente ha de acreditarse”.



El caso

En febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 13 de Barcelona ratificó la sanción de multa de 27.623,04 euros, así como una indemnización de 5.179,31 euros impuesta por la Agencia Catalana del Agua (demandada) a una mercantil (demandante), titular de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Según la resolución administrativa, la sociedad anónima fue responsable de la comisión de una infracción administrativa de carácter menos grave consistente en superar el volumen de aprovechamiento de las aguas establecido en la concesión de aguas.

La sentencia dictada entendía que la tipificación como infracción menos grave resultaba correcta ya que el exceso en el uso de agua por encima de lo permitido en el título concesional suponía per se un daño para el dominio público hidráulico ya que el agua, afirmaba, es un bien vital y escaso en la actualidad.

«La recurrente apunta que la existencia de daños al dominio público hidráulico es un elemento objetivo del tipo que no ha de presumirse». (Foto: 20 minutos)

Disconforme con lo anterior, la mercantil actora recurrió en apelación alegando que el fallo ya descrito efectuó una presunción de daños y omitió el análisis de los fundamentos de la demanda dando por sentado que la extracción de aguas por encima del nivel indicado en el título concesional suponía per se un daño al dominio público hidráulico.

Según la recurrente, ha de acreditarse un daño real y efectivo, lo que no ha quedado acreditado en el presente caso

En la misma línea, la recurrente apunta que la existencia de daños al dominio público hidráulico es un elemento objetivo del tipo que no ha de presumirse, sino que ha de ser objeto de prueba. Además, entre otros extremos, la mercantil alertó que la pericial de la Agencia Catalana del Agua no constataba la causación de un daño sino tan solo de un riesgo para el recurso hídrico.

La Administración debe probar la existencia del daño real al medio ambiente

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña le da la razón a la mercantil recurrente y rebaja la multa a imponer a los 8.000 euros.

En primer término, el Tribunal adelanta que los informes emitidos en el expediente no concretan cómo quedó afectado el acuífero como consecuencia de las extracciones realizadas por el demandante. Según el parecer de la Sala, la determinación de los daños “no es baladí” ya que “corresponde a la Administración en el presente caso la determinación del perjuicio causado al dominio público hidráulico, ya se medio ambiental, ecológico, calidad de las aguas, flora o fauna, etc.”.

La Administración, a lo largo de sus informes obrantes en el expediente administrativo, podía haber especificado los mismos. En cambio, aquella se limitó a realizar valoraciones y a hacer “consideraciones potenciales o posibles de cómo puede resultar afectado el acuífero como consecuencia de la extracción”, agrega el fallo.

En definitiva, “los daños al dominio público hidráulico no pueden darse por sentados como pretende la Administración por el simple hecho de acreditar que se ha producido una extracción de aguas”, subraya el TSJ.

Dicho esto, ante la falta de caracterización e identificación del daño causado por parte de la Administración, el Tribunal coincide con la apelante y califica los hechos como una infracción leve, estimando oportuno imponer a la mercantil la reducida multa de 8.000 euros. Además, según el fallo, no procede imponer una indemnización por el supuesto daño causado al dominio público hidráulico “por no haberse determinado este”, concluye.

Voz letrada autorizada

El abogado especializado en Derecho Público Jordi Arteaga Fuentes, socio de Menéndez & Asociados Abogados, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

En opinión del letrado, “la Administración no puede limitarse a aplicar fórmulas para valorar cuantitativamente los daños concretos causados, porque faltaría el presupuesto previo de la prueba de un daño real”.

Jordi Arteaga Fuentes. (Foto: Menéndez & Asociados Abogados)

El fallo “ha puesto un límite necesario (por ausente hasta el momento), a la práctica habitual de la Administración ambiental consistente en suponer que cualquier infracción administrativa conlleva sin más un daño al medio ambiente”, valora el abogado.

“Estamos ante una sentencia muy importante, ya que por más que la suya sea una conclusión evidente (y jurídicamente intachable), aquella mala práctica administrativa viene de antiguo”, sostiene Arteaga Fuentes. “Esperemos que sea el anuncio de su final”, concluye.

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