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Jurisprudencia

Buenas noticias para el accionista del Popular que invirtió 6 días antes de su quiebra

Pese a la finalidad especulativa del accionista, la Sala acentúa la imagen financiera “sesgada” que proyectaba el Popular en sus informes

Logotipo del Banco Popular en la antigua sede del banco en la calle Ortega y Gasset de Madrid. (Foto: El Español)


Jurisprudencia

Buenas noticias para el accionista del Popular que invirtió 6 días antes de su quiebra

Pese a la finalidad especulativa del accionista, la Sala acentúa la imagen financiera “sesgada” que proyectaba el Popular en sus informes

Logotipo del Banco Popular en la antigua sede del banco en la calle Ortega y Gasset de Madrid. (Foto: El Español)



Revocando la sentencia de instancia, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al Banco Santander a indemnizar con algo más de 5.000 euros a un cliente del Banco Popular que se aventuró a comprar, con clara finalidad especulativa, 10.000 acciones, justo seis días antes de que quebrase la entidad bancaria.

La sentencia, de 9 de diciembre de 2021, recalca que la imagen que proyectaba el Popular en sus informes anuales y semestrales no permitía concluir que “de la noche a la mañana” iba a ser resuelto.



Ponemos en contexto

El 1 de junio de 2017, el cliente decidió adquirir en el mercado secundario 10.000 acciones del Banco Popular, por un precio de 5.103,37 euros.

Tal operación de produjo a sabiendas del bajo precio de las mismas, pero sobre todo siendo consciente de que la entidad no estaba en riesgo de quiebra, extremo que había sido confirmado por el propio Banco Popular mediante hechos relevantes publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores los días 11 y 15 de mayo del mismo año.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (Foto: CNMV)

Para sorpresa del accionista, tan solo seis días después, el 7 de junio de 2017, el Banco Popular quebró, provocando que, en tiempo récord, el cliente perdiese íntegramente su inversión.

Conmocionado por tal escenario, el cliente no dudó en ponerse en manos de su abogado Jesús Ramírez del Puerto, letrado del despacho J. Ramírez Abogados.

Tras estudiar el asunto, se interpuso una demanda ejercitando una acción indemnizatoria, al amparo del art. 124 de la Ley del Mercado de Valores, que no es sino la aplicación específica del art. 1101 del Código Civil al ámbito bursátil.

Primera instancia

En junio de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Móstoles (Madrid) desestimó la demanda interpuesta contra el Banco Santander y absolvió a la entidad demandada de todos los pedimentos esgrimidos en su contra.

En opinión del Juzgador, sí existía un ánimo especulativo del demandante por comprar las acciones a bajo precio, no existiendo relación de causalidad entre su decisión de invertir y la información que ofrecía el Banco Popular.

Eso sí, por apreciar serias dudas de derecho, el Juzgado no condenó en costas.

Recurso de apelación

No conforme con ello, la representación procesal del cliente formuló un recurso de apelación alegando, entre otros motivos, error en la valoración de la prueba documental.

En particular, advierte el apelante que la compra no se efectuó amparada por la imagen dada en un folleto, como ocurrió por ejemplo en las personas que compraron en el proceso de ampliación del año 2016 o incluso un año después, por cuanto la acción de la responsabilidad del folleto parece que protege las compras efectuadas incluso un año después de la publicación del mismo.

Así, el recurrente subrayaba que la repetida compra se llevó a cabo sin que el mismo fuese consciente de que la entidad bancaria estaba en riesgo de quiebra, por cuando el propio Banco lo había desmentido mediante hechos relevantes publicados en la CNMV a mediados de mayo de 2017.

Segunda instancia

Ahora, la Sección Décima de la AP de Madrid, a través de su sentencia de 9 de diciembre de 2021, da la razón al apelante y revoca la resolución dictada en instancia.

“Aunque no era objeto de recurso, la resolución comienza explicando que no es de aplicación la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, como de forma unánime considera la AP de Madrid, pues la indemnización reclamada no se promueve por la pérdida económica derivada de la decisión de la Junta Única de Resolución, sino por los perjuicios causados como consecuencia de la falsa información, de tal manera que el derecho a la indemnización es consecuencia de esa conducta de la emisora al proporcionar datos fundamentales para decidir la contratación, no de la pérdida económica ocasionada por la amortización”, advierte Ramírez del Puerto, abogado que ha asumido la defensa de los intereses del accionista.

  • Imagen financiera “sesgada”

Respecto a la imagen que daba la entidad al momento de la adquisición de las acciones por el recurrente, la Audiencia razona que la situación financiera y patrimonial del Banco Popular, tanto en el momento en el que se acordó la ampliación de capital como en los años anteriores y posteriores, no era realmente tan “saneada” y “positiva” como se presentaba. En palabras de la Sala, “se dio una imagen sesgada de las cuentas anteriores, pero también de las posteriores a la ampliación de capital con manipulación de ratios de rentabilidad y referencias al negocio principal o bancario, con exclusión del rector inmobiliario”.

¿Cómo una entidad que se publicita como solvente queda reducida a la nada de la noche a la mañana?, se pregunta el propio Tribunal.

«Las constantes ampliaciones de capital en el intervalo entre 2012 y 2016 son Manifestaciones palmarias de las necesidades financieras del Popular». (Foto: EFE)

Pues bien, según su parecer, resulta palpable que la inviabilidad financiera que determinó la resolución del Popular el 7 de junio de 2017 deviene de “serios problemas económicos que indubitadamente se arrastraban desde hacía tiempo y que ya existían cuando se realizó no sólo la ampliación de capital en mayo de 2016, sino también la correspondiente al año 2012”, año a partir de la cual las cuentas del Popular estuvieron altamente afectadas por su exposición inmobiliaria y crediticia.

En la misma línea, las constantes ampliaciones de capital en el intervalo entre 2012 y 2016 son síntomas y “manifestaciones palmarias” de las necesidades financieras del Popular para cubrir el deterioro de valor de sus activos inmobiliarios y crediticios.

Además, llamativamente, las pruebas de estrés realizadas por organismos supervisores, así como las auditorías efectuadas, no detectaron la errónea valoración de activos por simple ocultación.

Por último, pese a la retirada masiva de fondos de los clientes en los días previos a la resolución del Popular, la Audiencia recuerda que lo que retiraron los depositantes fue su dinero, “pero la solvencia de la entidad bancaria, por más o menos retirada de liquidez, es exactamente la misma, poniendo de manifiesto la resolución que la solvencia del Banco Popular no era la que decía”.

Igualmente, para mayor argumento, la Sala alerta que, si la repetida entidad fuese realmente solvente, “no se habría vendido por un euro”.

Así las cosas, en opinión de la AP de Madrid, la imagen que proyectaba el Popular en sus informes anuales y semestrales no permitía concluir que iba a ser resuelto, como así terminó ocurriendo el 7 de junio de 2017.

  • Finalidad especulativa

Siguiendo la línea marcada en otros pronunciamientos (SSAP de Madrid 317/2021, de 10 de junio y 334/2021, de 16 de junio), el Tribunal manifiesta que la adquisición de acciones del Popular en días previos al 1 de junio de 2017 con finalidad especulativa no puede enmarcarse como un obstáculo para el éxito de la acción ex art. 124 de la LMV, dado que, sobre poder predicarse esa finalidad en toda adquisición de acciones, “ello no confiere un requisito que se exija para el triunfo de dicha acción, sino, entre otros, si la información facilitada no proporcionaba una imagen fiel de la entidad bancaria emisora, además del daño perjuicio y el nexo causal”.

  • Fallo

Finalmente, la AP de Madrid termina estimando el recurso de apelación formulado, revocando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Móstoles, declarando la responsabilidad del Banco Santander, por el negligente cumplimiento del deber de información en su condición de entidad emisora de las acciones del Banco Popular S.A. y, en consecuencia, condenando a aquella a indemnizar al exaccionista por los daños y perjuicios causados que, en este caso, ascienden a la cantidad del valor de la inversión (5.103,37 euros) y los intereses legales de esa suma desde la interpelación judicial.

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