¿Qué pensión debe pagar un padre que encadena trabajos y periodos de paro? La justicia le obliga a acreditar su situación cada tres meses
La Audiencia Provincial de Cádiz resuelve la dificultad de aplicar una pensión variable: deberá entregar su vida laboral y abonar 150 euros si está desempleado y 200 euros si trabaja
(Imagen: E&J)
¿Qué pensión debe pagar un padre que encadena trabajos y periodos de paro? La justicia le obliga a acreditar su situación cada tres meses
La Audiencia Provincial de Cádiz resuelve la dificultad de aplicar una pensión variable: deberá entregar su vida laboral y abonar 150 euros si está desempleado y 200 euros si trabaja
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Una pensión de alimentos que cambia dependiendo de que el padre tenga trabajo o se encuentre desempleado exige una información periódica, objetiva y verificable. No es concebible que el progenitor obligado al pago sea, al mismo tiempo, el único que conoce el dato que determina cuánto debe abonar.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha corregido ese desequilibrio imponiéndole la obligación de entregar trimestralmente a la madre su certificado de vida laboral y comunicarle cuál es su lugar de residencia. De esta manera, el padre deberá facilitar esa información entre los días 1 y 5 de enero, abril, julio y octubre. La medida permitirá comprobar si se encuentra empleado o en paro y, por tanto, si debe pagar más o menos pensión alimenticia a favor del menor de edad —150 euros mensuales fijados para los periodos de desempleo o 200 correspondientes a los meses en los que esté trabajando—. Igualmente, su residencia también deberá ser comunicada porque la distancia respecto del domicilio de la hija determina la frecuencia del régimen de visitas.
La decisión ha sido adoptada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz al estimar parcialmente el recurso presentado por la madre. La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) no accede a elevar la pensión hasta los 350 euros solicitados ni modifica sustancialmente las vacaciones y los desplazamientos de la menor, pero introduce una obligación de transparencia que no había sido recogida con suficiente precisión en la resolución de primera instancia.
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El conflicto tiene su origen en las medidas establecidas tras la ruptura de los progenitores. La guarda y custodia de la hija menor fue atribuida a la madre y el padre quedó obligado inicialmente a pagar 50 euros mensuales en concepto de alimentos, además de la mitad de los gastos extraordinarios. Aquella cantidad se había fijado teniendo en cuenta que se encontraba desempleado y percibía una prestación de aproximadamente 450 euros.
La Audiencia Provincial revisó posteriormente esa primera decisión y elevó la pensión a 150 euros cuando el progenitor no estuviera trabajando. Se trataba de un mínimo vital que, aun exigiéndole un esfuerzo, podía satisfacer con el subsidio y con su capacidad para incorporarse nuevamente al mercado laboral.
La situación económica cambió. El padre comenzó a alternar contratos laborales con periodos de desempleo y llegó a percibir un salario neto cercano a los 1.500 euros mensuales. La madre promovió entonces un procedimiento de modificación de medidas y solicitó que la pensión se elevara a 350 euros cuando trabajara. También reclamó que el incremento tuviera efectos retroactivos desde septiembre de 2021, momento en el que, según afirmaba, había mejorado su situación profesional.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz estimó parcialmente la demanda y estableció una pensión adaptada a las dos situaciones económicas del padre: 150 euros durante el desempleo y 200 euros cuando tuviera trabajo. La cantidad no permanecía invariable, sino que aumentaba o disminuía según su situación laboral.
La solución parecía equilibrada en teoría, pero planteaba un problema evidente en la práctica: ¿Cómo podía saber la madre qué cantidad correspondía cada mes si desconocía si el padre estaba trabajando? ¿Cómo podía reclamar una eventual diferencia si no tenía acceso a la información necesaria para calcularla?
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Las conversaciones aportadas al procedimiento mostraban que entre ambos progenitores no existía una comunicación cordial ni fluida. La madre sostenía, además, que el padre ocultaba sus cambios de empleo y residencia. El progenitor había encadenado periodos de contratación y desempleo, y aunque comunicó que causaría baja en una empresa en noviembre de 2023, volvió a ser contratado por la misma sociedad el 4 de diciembre, al menos hasta el 31 de agosto de 2024.
La Audiencia considera que esa inestabilidad laboral justifica una obligación periódica de información. No basta con fijar dos pensiones diferentes y confiar en que el progenitor comunique espontáneamente cuándo debe comenzar a pagar la cantidad superior. La protección del interés de la menor exige un mecanismo que permita verificar el nacimiento y la duración de cada obligación.
Por eso, el certificado de vida laboral se convierte en este caso en el documento de control. Cada tres meses el padre deberá demostrar si se encuentra empleado o desempleado. No se trata de satisfacer una curiosidad de la madre ni de permitir una fiscalización general de su vida privada, sino de facilitar el dato imprescindible para ejecutar correctamente una resolución judicial. La situación profesional determina directamente la cuantía de los alimentos y, por ello, debe ponerse en conocimiento del otro progenitor.
La medida no puede trasladarse automáticamente a todas las separaciones. No existe una obligación general por la que cualquier padre o madre deba remitir trimestralmente su vida laboral a su expareja. La decisión responde a las circunstancias sensibles de este caso: una pensión de cuantía variable, sucesivos contratos temporales, periodos de desempleo y una comunicación insuficiente entre quienes deben adoptar decisiones relacionadas con su hija.
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La Sala, sin embargo, rechaza aumentar la pensión hasta los 350 euros solicitados por la madre. Considera proporcionada la cantidad de 200 euros durante los periodos en los que el padre trabaje, pese a que sus ingresos se situaran alrededor de los 1.500 euros mensuales. La pensión alimenticia no se calcula mediante una operación automática por la que cualquier aumento salarial deba traducirse en un incremento exactamente proporcional de la aportación.
El tribunal valora conjuntamente los recursos de ambos progenitores y las necesidades de la menor. El padre tenía unos gastos reducidos de vivienda porque residía en Salamanca en un inmueble cedido por un hermano y teletrabajaba el 80% de la jornada. No obstante, debía atender sus propias necesidades de alimentación y sustento, además de asumir los desplazamientos hasta Cádiz y el alojamiento necesario para ejercer las visitas. La Audiencia señala que los precios de los establecimientos en esa localidad pueden resultar elevados en determinadas épocas del año.
También tiene en cuenta que el progenitor intentaba ahorrar durante los periodos de trabajo para poder mantener las visitas y continuar pagando la pensión cuando volvía al desempleo. La madre, por su parte, percibía aproximadamente 1.750 euros mensuales y disfrutaba de mayor estabilidad profesional. Las necesidades acreditadas de la menor no habían experimentado un cambio que justificara elevar la contribución paterna hasta los 350 euros.
La sentencia aborda igualmente la retroactividad solicitada. La madre pretendía que el aumento se aplicara desde la presentación de la demanda de modificación de medidas, pero la Audiencia recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo: únicamente la primera resolución que fija una pensión de alimentos puede establecer su pago desde la fecha en la que se interpuso la demanda. Las posteriores decisiones que aumenten, reduzcan o modifiquen su importe producen efectos desde que se dictan y sustituyen a las anteriores.
La razón es clara: antes de la primera resolución no existe una cuantía judicialmente determinada; después, cada pensión permanece vigente hasta que una nueva decisión la modifica. No procede convertir retroactivamente en insuficientes unos pagos realizados conforme a la resolución que estaba en vigor en ese momento.
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El lugar de residencia del padre también deberá comunicarse trimestralmente. No es un dato irrelevante, porque el régimen de visitas cambia dependiendo de la distancia. Cuando el progenitor se encuentre a un máximo de 200 kilómetros del domicilio de su hija, podrá tenerla en su compañía el segundo y el cuarto fin de semana de cada mes. Si reside a más de 200 kilómetros, las visitas se reducen al segundo fin de semana.
La obligación evita que las mudanzas o los cambios temporales de residencia generen incertidumbre sobre el régimen aplicable. La ciudad que debe tomarse como referencia será aquella en la que el padre resida efectivamente en cada momento, ya sea Salamanca, Sevilla o cualquier otra. De nuevo, el dato no se comunica para controlar su vida particular, sino porque produce consecuencias directas sobre la relación con la menor.
La Audiencia rechaza, en cambio, obligar al padre a realizar por sí solo todos los desplazamientos. Durante las visitas ordinarias deberá recoger y reintegrar a la niña en el domicilio materno, conforme a lo ya establecido. En los periodos vacacionales, el padre la recogerá en Cádiz al comenzar su estancia y la madre deberá desplazarse hasta el domicilio paterno para recogerla cuando termine. La Sala aplica así el criterio del Tribunal Supremo que exige distribuir equitativamente entre ambos progenitores las cargas y los gastos derivados del régimen de visitas.
Tampoco acepta dividir las vacaciones de verano en quincenas. La madre defendía que ese sistema proporcionaría mayor certidumbre, pero la Audiencia aprecia que multiplicaría los viajes entre Cádiz y Salamanca, aumentaría los costes y reduciría los periodos de convivencia de la menor con el padre. No se había acreditado que el sistema vigente hubiera resultado perjudicial para la niña ni que impidiera la comunicación diaria con la madre.
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La sentencia estima parcialmente el recurso exclusivamente para añadir la obligación trimestral de información. Mantiene los 150 euros durante el desempleo, los 200 cuando el padre trabaje y el régimen de visitas establecido. Contra el pronunciamiento cabe interponer recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, por lo que no debe presentarse todavía como una resolución firme.
El verdadero valor de la decisión no reside en obligar a un progenitor a enseñar un documento laboral, sino en impedir que una pensión variable dependa de una información inaccesible para quien debe recibirla en nombre de la hija. La transparencia no es una sanción ni una intromisión injustificada cuando permite cumplir correctamente una obligación alimenticia. Es la condición necesaria para que la resolución judicial pueda funcionar.
Porque si la pensión aumenta cuando el progenitor trabaja, su situación laboral no puede permanecer oculta. Quien tiene la información que determina cuánto debe pagar tiene también la obligación de acreditarla. De otro modo, la pensión existiría sobre el papel, pero su cuantía real quedaría al arbitrio de una sola de las partes. Y eso alteraría la balanza de la justicia en perjuicio de quien merece mayor protección: la menor.
