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Jurisprudencia

Resuelve el contrato y libra al inquilino de un restaurante a pagar las rentas impagadas durante la pandemia

La sentencia de instancia hizo una declaración de condena al pago de la renta que nadie solicitó

(Foto: Àlex Garcia/La Vanguardia)


Jurisprudencia

Resuelve el contrato y libra al inquilino de un restaurante a pagar las rentas impagadas durante la pandemia

La sentencia de instancia hizo una declaración de condena al pago de la renta que nadie solicitó

(Foto: Àlex Garcia/La Vanguardia)



La Audiencia Provincial de Burgos ha dejado sin efecto la obligación impuesta por la sentencia de instancia que condenaba al inquilino de un restaurante de Aranda del Duero que se vio forzado a cerrar su negocio a raíz de las medidas decretadas para frenar el contagio por Covid-19 a pagar al propietario el 50% de las rentas devengadas y no abonadas.

En palabras de la Sala, “la sentencia hace una declaración de condena al pago de la renta que nadie había pedido”.



Ponemos en contexto

En abril de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aranda de Duero estimaba parcialmente la demanda en la que el arrendatario de un local de negocio destinado a restaurante solicitaba, con fundamento en la cláusula rebus sic stantibus, la resolución del contrato como consecuencia del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020.

En particular, allí se razonaba que, la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas decretada a mediados de marzo para frenar el contagio por Covid-19, provocó una alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron de base para la formación de la voluntad negocial y un desequilibrio de las prestaciones a cargo de la arrendataria.

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Burgos. (Foto: Diario de Castilla y León)

Así, además de declarar la resolución del contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes, el Juzgado condenaba a la actora a abonar el 50% de la renta mensual devengada y no abogada hasta que se entregasen las llaves al propietario, así como la totalidad de los gastos de comunidad, luz, agua, tasa de basuras y energía eléctrica generados.

Pese a ello, la actora recurre ahora en apelación alegando incongruencia.

Deja sin efecto la obligación del pago de la renta

Turno de la AP de Burgos, su Sección Tercera estima, en su sentencia de 1 de octubre de 2021, el recurso de apelación formulado y deja sin efecto la obligación del actor del pago de la renta.

“La sentencia hace una declaración de condena al pago de la renta que nadie había pedido, pero que además es incongruente con la fundamentación que le conduce a la estimación de la demanda”, adelanta la Sala.

En el caso de autos, ninguna de las partes ha peticionado la condena al pago de las rentas, “ni el actor, que solo pidió la resolución, ni el demandado, que no reconvino”, agrega el reciente fallo.

En la misma línea, razona el Tribunal que la condena al pago de la renta es “inconsecuente con la fundamentación de la sentencia para acordar la resolución”, porque si la resolución se acordó por la imposibilidad física de abrir el restaurante a raíz del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, en tal caso la resolución debía acordarse con esa fecha, a partir de cuyo momento cesaba la obligación del pago de la renta.

Desde otra perspectiva, alude la Sala que no parece razonable que pueda imponerse al arrendatario una consecuencia más onerosa que la que hubiese supuesto la aplicación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que establecía en sus primeros preceptos la posibilidad de que los mismos obtuvieran un aplazamiento en el pago de la renta, que duraría hasta la finalización del estado de alarma (21 de junio de 2020), y 4 meses más (21 de octubre de 2020), cuando se volvió a decretar el nuevo estado de alarma.

Por último, la consecuencia de la adelantada estimación del recurso es que, al no haber recurrido ni impugnado la sentencia la demandada, la Audiencia no puede entrar a valorar si procede o no la resolución del contrato, pues no cabe hacer de peor condición a la única parte que ha apelado, “como sucedería si este tribunal considerase que la aplicación de la cláusula rebus no exigía la adopción de una medida tan drástica, como la resolución del contrato de arrendamiento”, concluye.

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